Ya anteriormente en este espacio se ha comentado lo banal y costosa que resulta la versión mediática de los informes de gobierno, dentro del muy mañoso modelo mexicano de democracia. En Puebla estas prácticas, que por cierto no están contempladas en la Constitución Política del Estado, han rebasado ya los límites de lo insólito, lo ridículo, lo dispendioso, y en términos de contenidos, lo falso.
Aquí la obligación del gobernador en turno es asistir a la apertura del primer período de sesiones ordinarias del congreso estatal cada año y presentar un informe por escrito, respecto a la administración pública. La Constitución poblana previene que ni siquiera la presencia del gobernador es necesaria para tal apertura pues el informe puede ser leído por un secretario del despacho que designe el propio Ejecutivo. A final de cuentas tal informe se queda archivado sin ameritar aclaraciones, enmiendas o replanteamiento público a su contenido. No tiene ninguna utilidad más allá de una simple referencia documental.
Más artículos del autor
El infecundo y por ello absurdo protocolo se continúa en el Congreso con una simulada glosa del texto, que no trasciende al intercambio de preguntas y respuestas previamente concertadas entre diputados y las Dependencias, para dar formalmente por bueno el contenido. No hay espacio para la aclaración, el diálogo con el pueblo y mucho menos para el debate público.
Opino que si un informe de la administración como es el caso actual, no refleja su eficacia, congruencia, integralidad y equilibrio en el desarrollo económico y social del estado, conforme a los principios del federalismo y de la justicia social, cuando menos debería ser modesto respecto de su desempeño real. En sentido contrario, hoy se apresuran con fastuosidad los festejos por los altos montos presupuestales ejercidos en un par de variables del bienestar social, que no alcanzan a mejorar los indicadores de la complejidad socioambiental poblana, representados por cuatro subsistemas principales: El ambiental, el económico, el social y el político.
Desde esta plataforma de observación del territorio estatal, si el informe fuera expuesto por terceros no políticos, este sería el resumen del informe que guarda la administración: El deterioro ambiental mantiene su cada vez más riesgoso avance; la mayor parte de la población (más de 3.8 millones) vive en situación de pobreza y de falta de oportunidades de desarrollo; la calidad de vida urbana y rural está condicionada por la inseguridad pública, la opacidad gubernamental, la falta de respeto a los derechos humanos, la corrupción y la impunidad; y las estructuras del subsistema político están cooptadas por el gobierno para alejarlas de la población.
Ante este escenario quedan sin sustancia las onerosas manifestaciones de júbilo del poder ejecutivo poblano, que no ha sabido aprovechar en favor de las necesidades de la población, las asignaciones presupuestales que la federación ha enviado los últimos cuatro años a Puebla, superando sobradamente lo recibido por los gobernadores que le precedieron. Baste comentar que la administración de Manuel Bartlett recibió en seis años el equivalente al 22% de lo que lleva recibido en cuatro la actual administración.
No. En mi opinión el estado de Puebla no se ha transformado en el sentido que lo exhibe la publicidad oficial. De nada ha servido que la federación haya enviado bastante más de 200 mil millones de pesos a Puebla en los últimos cuatro años, si los beneficiarios no han sido los municipios del interior del estado.
El presupuesto se ha dirigido me parece, a cubrir el altísimo gasto corriente de la administración y todo lo que ello pueda suponer, así como para pagar favores políticos a través de obra pública, como es el caso en el año 2014, de un grupo de empresas, que compartiendo los mismos accionistas del estado de Hidalgo, ganaron las licitaciones para la pavimentación de la 25 poniente, el Nodo Serdán, Parque Revolución Mexicana, Teleférico, Parque Lineal Los Fuertes, Estadio Cuauhtémoc, Distribuidor D-9 del Periférico. Si los criterios para entender el concepto de transformar a Puebla están basados en estos escenarios, debo aceptar que efectivamente han transformado a Puebla.
Al haberse rebasado ya cualquier nivel de mesura presupuestal y política de una práctica gubernamental, sin sentido previsto en la Constitución poblana, sería pertinente sugerir el detenernos a reflexionar un poco sobre la conveniencia de corregir la Constitución estatal con dos objetivos principales: El primero sería el de obtener un informe serio de la realidad que enfrentan los habitantes de todo el territorio desde una visión holística; y el segundo sería corregir el destino de los casi mil millones de pesos a valor actual que se vienen pagando por la promoción injustificada de la figura del gobernador en turno durante todo su mandato. La propuesta implica que el informe sea elaborado, corroborado, integrado y presentado por un grupo interdisciplinario constituido por todas las instituciones locales de educación superior.
El discurso sesgado y triunfalista asociado a un informe sesgado de la realidad no resuelve los problemas de la población. Imagine usted respetable lector, la respuesta de cualquier presidente municipal poblano (excepto al del municipio de Puebla) al pedirle su opinión sobre la transformación de Puebla que presume el gobierno estatal. Lo más probable es que la comparen con los escenarios que se describen en la obra de Suzanne Collins Los Juegos del Hambre, recientemente llevada a la pantalla de cine.
Por cierto, ¿Ya vio usted la película?