No es tan difícil darse cuenta que el país está entrando en una profunda crisis. La pronosticada angustia que desató la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala corresponde a una serie de abusos a los derechos humanos, casos de corrupción e inestabilidad económica que detonaron en protestas por parte de la sociedad civil en estos últimos meses. Esta crisis ha generado un ambiente de violencia en toda la república mexicana, Puebla no queda exento, pero ¿A dónde se dirige el país? Es importante abordar esta realidad desde El Aleph, “el punto que contiene todos los puntos” y proponer un rumbo.
Para contextualizar un poco la pronosticada crisis que sufre el país entero en materia de Derechos Humanos. A inicios de 2014 Amnistía Internacional publicó un Memorandum para Enrique Peña Nieto con la finalidad de acabar con las “continuas amenazas al bienestar de la población y disfrutar plenamente de los derechos”. En este memorándum se enfatiza en la alarmante situación de inseguridad y violencia; los reportes sobre abusos a los derechos humanos cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad, incluyendo desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias mostraban la impunidad entre las fuerzas de orden público.
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Por si no era suficiente, Human Right Watch también entendió la magnitud de la crisis y publicó en su informe mundial 2014 para México una declaración donde Enrique Peña Nieto reconoce que “la guerra contra el narcotráfico” había propiciado graves abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, problema que calificó como –grave crisis humanitaria- y respecto a eso promulgó una ley destinada a asegurar los derechos de las víctimas, sin embargo esta ley nunca fue funcional.
En el mismo informe, Human Right Watch menciona que integrantes de todas las ramas de seguridad perpetran desapariciones forzadas y en algunos casos coordinados con organizaciones delictivas. Estos reportes muestran que la desaparición forzada es una práctica común para las fuerzas de orden público, lo que ha fracturado la confianza en las instituciones de seguridad y el gobierno en general, lo que ha provocado enfrentamientos violentos entre grupos de la sociedad civil y fuerzas del orden público.
En Puebla las protestas han sido pacíficas y menores a comparación de la ciudad de México y Guerrero. Sin embargo el clima de represión en temáticas locales como el “Caso Chalchihuapan” o las “Expropiaciones en Cholula” podría desatar la violencia como imitación a los otros estados de la república. Sin resolver el principal problema de la crisis, la debilidad institucional y el estado de derecho.
El creciente clima de violencia muestra la falta de objetivos por parte de todos los integrantes del estado mexicano –Sabemos que las cosas están mal, pero -¿A dónde nos queremos dirigir como sociedad, como Puebla, como país?-. Para contestar esta pregunta debemos definir nuestras responsabilidades como individuos en nuestro rol social con un objetivo claro, el cual puede ser acabar con la impunidad o avanzar a un país de leyes o simplemente crear un país donde reine la paz y pluralidad. Estos objetivos se logran trabajando individual y colectivamente en nuestra zona de influencia.
Las opiniones diferidas respecto a la solución de la crisis generan el principal problema para dirigirnos hacia la paz y pluralidad. La sociedad civil se encuentra divida, al igual que la opinión pública entre la gente que se organiza para reclamar o proponer y los ciudadanos que prefieren mantenerse al margen de las problemáticas o desaprueban completamente las movilizaciones sin hacer propuestas o tratar de identificar las razones de las manifestaciones; un ejemplo local de esta polarización se dio cuando el movimiento Cholula Viva y Digna cerró periférico por unas horas el 6 de octubre, el tráfico era insoportable y muchos emitieron su opinión negativa al respecto, otros más se solidarizaron con la causa, mientras que otros tantos lo entendieron como un cierre de vialidades sin previo aviso, común en Puebla.
Por otro lado, tenemos a los distintos órdenes de gobierno actuando unilateralmente, sin incluir las opiniones y propuestas que se generan desde la sociedad civil y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), esta forma de actuar por parte de los gobiernos genera desconfianza y una ruptura entre el estado y la sociedad. Al igual que los maestros de la CETEG y la policía federal tienen enfrentamientos violentos en Guerrero, en Puebla tenemos pobladores de Chalchihuapan enardecidos por la muerte de un niño en manos de grupos de seguridad pública, sin lograr justicia ante el asesinato. La lamentable situación de violencia muestra perfectamente la falta de comunicación entre la sociedad y el estado que ha generado desconfianza y una ruptura violenta por la búsqueda de justicia.
Se necesitan mecanismos de comunicación efectiva entre los diferentes actores sociales. Tanto para problemáticas locales como nacionales los mecanismos de comunicación entre sociedad y gobierno están descompuestos o son inexistentes, mientras que la ciudadanía vive problemáticas de violencia que se vuelven más comunes, los gobiernos generan discursos sobre bienestar y progreso difícilmente creíbles. Por lo tanto, si se busca generar confianza por parte de los gobiernos, es necesario ampliar los medios de comunicación con la sociedad, escucharla y generar propuestas en sinergia por la prosperidad del país.
La sociedad civil necesita generar unidad y proponer soluciones. La polarización social puede acabar en una guerra civil, con ella, la frágil democracia que estábamos apenas consolidando en México, por lo tanto, los individuos que prefieren solo observar necesitan ser empáticos con los movimientos sociales y exigirles paz, a final de cuentas los problemas de unos son los problemas de todos de alguna forma; por otra parte, la sociedad civil que se encuentra organizada tiene la responsabilidad de generar propuestas para un estado de derecho donde reine la paz y la legalidad, el activismo es importante para mostrar la problemática, pero insuficiente para solucionarla –Aplaudo a los movimientos estudiantiles poblanos que actúan de manera pacífica y organizada-.
Existen tres posibles conclusiones para esta etapa en la historia del país. La primera, es que el país resuelva con justicia las desapariciones forzadas perpetradas por el estado mexicano y reformule las instituciones de justicia en planos democráticos, en el mismo escenario la polarización social transite a una aceptación de prácticas democráticas y paz; la segunda opción sería que las fracturas entre gobierno y sociedad civil sean incurables y concluyamos con una guerra en México, donde distintos grupos busquen el poder mediante la violencia y transitemos a un régimen de características autoritarias; la tercera opción que siempre es la más reconfortante, es la incertidumbre, que acaba cuando los individuos se informan, se organizan y actúan con fines establecidos, analizando “el punto que contiene todos los puntos”, El Aleph.
Alan Betancourt Torres
alan.betancourtts@gmail.mx