Ya había comentado en una participación anterior cómo el martes 7 de octubre fueron detenidas cuatro personas en el zócalo de San Andrés Cholula, mientras dormían en un plantón a las puertas del Palacio Municipal.
Por sorpresa, con la fuerza policiaca por delante, sin abrir alguna posibilidad al diálogo, los pescaron, se los llevaron. El plantón era una acción de protesta de un buen número de ciudadanos de las dos Cholulas ante la pretensión de construir un parque turístico en las inmediaciones de la pirámide emblemática de la región.
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Al día de hoy ya se les dictó auto de formal prisión acusados por los delitos de motín, ataques a las vías de comunicación, despojo y daño en propiedad ajena.
El pasado sábado 18 de octubre por la madrugada, policías estatales y ministeriales detuvieron con lujo de violencia a cinco ciudadanos de San Bernardino Chalchihuapan como presuntos responsables de intento de homicidio, motín, ataques a las vías de comunicación y resistencia de particulares.
En un operativo magistralmente efectuado, en cuestión de minutos diversos comandos allanaron cinco casas, por la fuerza rompieron puertas, candados y zaguanes, entraron hasta las habitaciones en donde los detenidos dormían con sus familias, esposas, hijos, niños y ancianos, encañonaron y golpearon a quien mostró algo de resistencia y sin mostrar documento alguno, los subieron a camionetas .
En una paradoja cínica, el Gobierno del Estado presenta esta acción como parte de las medidas adoptadas para acatar la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues está obligado a iniciar los procesos penales contra quienes hayan sido los probables responsables de la muerte del niño José Luis Tehuatlie y de las lesiones recibidas tanto por policías como por manifestantes el 11 de septiembre.
El pasado viernes 17 de octubre, el Presidente Municipal Auxiliar de La Resurrección, perteneciente al Municipio de Puebla, Leonardo Báez Serrano fue detenido también por policías ministeriales acusado de resistirse a una orden de presentación girada por la Procuraduría de Justicia del Estado. Pesa sobre esta persona una acusación de usurpación de funciones, según versiones periodísticas.
Sin tener en este momento elementos o pruebas para calificar dichas acusaciones, lo curioso es que Báez Serrano se ha destacado por ser un importante activista en contra de diversas medidas del Gobierno estatal y de hecho ha respaldado al movimiento de Chalchihuapan.
Sobre si estos movimientos y protestas tienen o no razones o argumentos, no pretendo aquí y ahora juzgarlo. Incluso adelanto que con alguna de ellas no tengo ninguna coincidencia. Pero sí resalto que estamos hablando de tres episodios contra quienes han osado manifestarse abiertamente contra alguna acción, programa o proyecto del Gobierno del Estado.
Ahora que la seguridad es preocupación de todos, somos testigos de algunas sospechosamente ágiles actuaciones de la autoridad en la investigación de presuntos delitos.
También vale la pena resaltar que, luego de la torpeza y la impericia demostrada por la policía estatal y sus mandos en el lamentable choque surgido por el intento de desalojo de la autopista de Atlixco, los operativos están alcanzando niveles de excelencia o de preocupación, según la perspectiva…
PUNTO Y APARTE
¿Habrá consecuencias jurídicas y políticas ante el no acatamiento cabal por parte del Gobierno del Estado de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por los acontecimientos del 11 de septiembre?
Regidor del H. Ayuntamiento de Puebla
juan.espina@pueblacapital.gob.mx
@juancespina
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