¿Si el violento asesinato de 43 estudiantes no amerita la renuncia de autoridades entonces bajo qué circunstancia se acepta públicamente la incapacidad de gobernar y las consecuencias legales?
No se trata de buscar salidas que apaguen temporalmente la furia social pero tampoco extender la desvergüenza y la inmoralidad de permanecer en un cargo que ha perdido legitimidad ante el derramamiento de sangre inocente.
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Estos personajes cara dura que intentan limpiar su imagen pública con oratoria maltrecha y carente de sentido humano deberían recibir castigos ejemplares. ¿Cuántas cabezas rodaron hace siglos por pueblos cansados de malos gobiernos? el juicio político estaba en manos de la plebe no de una élite cómplice y burocrática que detiene desafueros para ganar impunidad.
Peor aún es cuando reciben un respaldo político inmerecido y absurdo. La izquierda tuvo la oportunidad de demostrar que las injusticias tienen consecuencias graves y que la corrupción y las omisiones no tienen cabida en sus filas; en cambio, dejaron crecer un problema de gobernabilidad que hoy parece imparable.
Ni la Gendarmería ó el Ejército podrán detener el encono social que ha desatado el caso Iguala y menos ahora que el ERPI ha declarado abiertamente la batalla al cartel de los Guerreros Unidos.
No se equivoca el político poblano que recientemente refirió: "Cada gobierno tiene su propia historia"; por supuesto que Mario Marín sabe lo que es vivir con desprecio público; al igual que otros perdidos en su soberbia ó inacciones; sin embargo de este "descontón" no se repondrán fácilmente el Gobernador Angel Aguirre ni el Presidente Enrique Peña Nieto.
Al ejecutivo federal le faltó inmediatez para tomar las riendas de un estado convulsionado por la pobreza, criminalidad y corrupción. Dejó pasar mucho tiempo antes de anunciar la inclusión de todo el gabinete de seguridad en la búsqueda de los normalistas desaparecidos. Aunque todo indica que los jóvenes fueron asesinados la noche del secuestro la federación hubiera dado muestra de reaccionar ante emergencias de seguridad.
Peña Nieto ha mantenido sobreinterés de proyectar un México que dista mucho del sueño ideal de país; las portadas de revistas, los premios internacionales (espontáneos o comprados) y la presunción de las reformas estructurales en varios foros han distraído su atención de asuntos urgentes; de casa, de lo que le duele al mexicano (seguridad y economía).
Lo paradójico es que el ejecutivo federal hablara de derechos humanos en la alta tribuna de la Organización de las Naciones Unidas y en México; la ejecución en Tlatlaya y después el secuestro de los estudiantes de Ayotzinapa presentaban la triste realidad de nuestro país.
Aún y con toda la fuerza del Estado por atrapar y ajusticiar a los autores materiales e intelectuales del crimen de los normalistas, nada cambiará el dolor y el enojo de los padres de familia de perder a sus hijos en las peores circunstancias.
La promesa de "cero resquicio de impunidad" es solo para curarse en salud de un problema que la federación quiso resolver ignorando el avance de la descomposición social en Guerrero ó ¿Acaso el CISEN no alertaba el crecimiento del crimen organizado? imagino que si monitorean a la guerrilla también a los delincuentes que gozan de la venia de los ediles para extorsionar o matar.
Hay indicios de que la gente buscará defenderse hasta de la policía (el alto costo de perder la confianza en las autoridades); una placa ya no los diferencia de los criminales, por el contrario reclamarán su derecho de auto protección con ó sin permiso institucional. Lo sucedido en Guerrero abre una nueva etapa de violencia en México.
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