En este espacio hemos escrito sobre el paulatino recrudecimiento del secuestro, y de cómo las autoridades de todos niveles han dejado que este ilícito se apodere de los rincones del país.
Pues bien, el secuestro ya es el problema de seguridad más grave que enfrenta el gobierno de México, y las últimas cifras tanto oficiales como ciudadanas, refuerzan la idea de que sólo a largo plazo se podrá remediar. Las tendencias señalan un alza desde 2005, y hay pocas señales de que esto mejore, sobre todo en los estados más afectados por el fenómeno.
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El crecimiento del secuestro está vinculado a la guerra contra el narcotráfico que comenzó el ex presidente Felipe Calderón en 2006, el mismo año en que la tasa de plagios en todo el país comenzó a elevarse dramáticamente.
Sabemos que el descabezamiento de los cárteles de la droga limitó su capacidad de obtener ingresos mediante el tráfico de estupefacientes, por lo que se vieron obligados a incursionar en otros delitos.
Pero ahora sabemos que estos golpes también provocaron el surgimiento de organizaciones criminales más nuevas, más pequeñas, que ahora dependen irremediablemente de otras formas de ingreso además del tráfico de drogas, y han optado por el secuestro como el delito ideal y principal para allegarse recursos.
En 2005, nuestro país registró 278 secuestros denunciados y en 2013 —el primer año de la administración de Enrique Peña Nieto— hubo mil 698 casos, un aproximado de 16 por ciento de aumento con respecto al año anterior, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), lo que representó un aumento de más de seis veces en un espacio de ocho años.
El Gobierno Federal insiste en que hay pequeños signos de mejora. El pasado 2 de septiembre en su mensaje con motivo del II Informe de Gobierno, el presidente anunció que los secuestros habían disminuido un 6.8 por ciento en lo que va de 2014, en comparación con el mismo período del año pasado, y atribuyó la reducción a la estrategia puesta en marcha a principios de este año.
Lo dicho por el mandatario se basa en estadísticas del SNSP, que documentó 909 reportes de secuestro durante los primeros siete meses de este año, en comparación con 975 en el mismo período del año pasado.
Pero vaya, esto no puede tomarse como mejoría cuando la “cifra negra” de este delito (casos que no se denuncian debido al miedo de las víctimas a represalias, o la falta de confianza en el sistema) es extremadamente elevada; un estudio gubernamental de 2012 sobre las percepciones de seguridad estima que el número real de secuestros al año puede calcularse en más de 100 mil.
Es más, la organización no gubernamental Alto al Secuestro afirmó tener registros de que mil 766 secuestros tuvieron lugar en los primeros seis meses de 2014, en comparación con mil 130 en el mismo período en 2013. Cifras muy diferentes a las ofrecidas por el presidente.
Pero dejando de lado los números, lo que está claro es que los estados con mayor número de secuestros se encuentran entre los más afectados por los grupos criminales y la violencia.
Vale la pena observar entonces que puede haber una correlación entre el número de secuestros denunciados y el grado de confianza de una comunidad en las fuerzas de seguridad.
Cuanto menos se confía en la policía, menos probable es que se denuncie un secuestro y esto puede hacer cumplir la percepción criminal que muchos analistas sostienen: “sin denuncias, el secuestro es un negocio de bajo riesgo con altas recompensas”.
Los operativos federales en diversos estados violentos, incluyendo las acciones de la nueva Gendarmería, no han demostrado tener resultados positivos de larga duración, y no atacan los factores estructurales que permiten que crímenes como el secuestro prosperen.
México tiene un largo camino por recorrer en el aumento de la comunicación inter-institucional y la transparencia con el fin de documentar mejor el secuestro, pero sin el apoyo de la ciudadanía para denunciar, los esfuerzos por acabar con este flagelo serán infructuosos. Gracias y buen fin de semana.
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