Decía Dostoievski, el gran escritor ruso del siglo XIX (1821-1881), justamente en su novela El adolescente, que una sociedad habría de ser juzgada por cómo piensan sus adolescentes, que es la generación que está por brotar y que ya habla de lo que será el futuro de un pueblo. Quizá nos iríamos de espaldas si creemos que las nuevas generaciones piensan y sienten como nosotros, que también tuvimos nuestra adolescencia y nuestra juventud y que nos fincábamos en valores, ideales y metas que hoy tienen otras nomenclaturas.
En nuestra adolescencia y juventud, recuerdo, en efecto, en medio de un régimen autoritario y sin espacios para discutir e intervenir en la cosa pública, quizá ya no nos llamaba tanto la atención ni nos cautivaba la palabra revolución, invocada y convocada casi con delirio en muchos espacios universitarios donde el discurso marxista vivía pero ya no prevalecía. Nos llamaba más el ideal de un estado de derecho que protegiera a los ciudadanos y a la sociedad y no a quienes, desde el poder, usaban de los instrumentos jurídicos para autobeneficiarse y para someter a todo tipo de adversarios.
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Creo que lo que aportaron las generaciones de los setentas y ochentas, menos ideologizadas y más centradas en la participación ciudadana y en la educación cívica, fue precisamente ese impulso y ese empuje para que se fueran dando las transformaciones que darían como resultado el ensamblaje político-electoral y cívico-democrático. Fueron avances relevantes e importantes, pero no suficientes, porque de repente y casi de manera inercial las instituciones más relevantes en el ámbito social y ciudadano carecen de la suficiente confianza como para dar cohesión social.
En el Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, presentado hace unas semanas por el Instituto Nacional Electoral (INE), justamente en las conclusiones, se ve con claridad cómo afectan la debilidad de los sistemas legales y su ineficacia en la impartición de la justicia al desarrollo de un estado de derecho democrático. Las instituciones judiciales y de seguridad son las primeras que son percibidas sin confianza: sólo el 3.3% cree en que los jueces actúan con imparcialidad y, por tanto, confía en ellos, y sólo el 4.4% cree en la policía y deposita su confianza en ella. En ese documento también se da cuenta de que, por lo anterior, más del 60% de los que han padecido algún delito no denuncia porque no confía en la autoridad y porque considera que, además de sufrir el delito, perderá tiempo y dinero.
Aunado a lo anterior, la participación ciudadana, más allá de ir a votar el día de la elección, no se traduce en participación social, comunitaria, estable y permanente. Sólo el 12% de los encuestados dijo estar dispuesto a acudir a una reunión de cabildo y sólo un 2% lo dijo respecto de acudir a una huelga para defender sus derechos. De manera que al 88% y al 98% restantes, la cosa no les ocupa. “Todas estas cifras se encuentran muy por debajo de las de democracias consolidadas” señala el informe a modo de conclusión. Esas son las paradojas. Y hay mucho por hacer.
Hablaba yo de la adolescencia como un momento fundamental para medir el pulso de una sociedad porque, a propósito del informe referido, y de lo ocurrido recientemente en Chalchihuapan, un adolescente, José Luis Alberto Tehuatlie, ha sido afectado gravemente y ya no volverá a ser el mismo, si no es que pierde la vida. ¿Qué pensarán los adolescentes, sus compañeros de generación, del acaecimiento? ¿Confiarán en las autoridades, ora auxiliares, ora municipales, ora estatales, ora policiales? ¿Estarán dispuestos a participar en actos de interés público? ¿Qué estado de derecho se imaginan, si es que se lo imaginan?
Desde luego, tiene que haber una investigación rigurosa, exacta, fidedigna, así lo exige un estado democrático de derecho, como también información clara, veraz, oportuna y contundente. Lo anterior para que las instituciones encargadas de impartir justicia lo hagan a cabalidad y no se desfonde la legitimidad de la autoridad. De otra manera, esas cifras seguirán sin moverse y seguiremos, como dice el informe presentado por el INE, muy por debajo de las democracias consolidadas.