Después de ver las impactantes imágenes de un niño y un adulto de Chalchihuapan, heridos gravemente por proyectiles disparados durante la absurda intervención policiaca estatal la semana pasada, no puede uno dejar de indignarse por la incapacidad de los gobernantes para el ejercicio político de sus funciones ante la inconformidad social. Mi modesta pero total solidaridad con todos los afectados por este incidente que descubre un síntoma más, -muy grave por cierto-, de que algo muy importante no funciona ahí donde se toman las decisiones para conducir los destinos de Puebla.
Cosas muy malas habremos cometido los poblanos como para que estemos en mi opinión, pagando tan cara y prolongada penitencia con una administración estatal que no ha sabido o querido gobernar para la sociedad. Bastaron menos de tres años para perfilar en todo el territorio: a) El agravamiento en el rezago social; b) La incapacidad para promover el desarrollo económico; y c) El recrudecimiento del deterioro ambiental y agotamiento de los recursos naturales. Los indicadores del desempeño en tales campos no dejan lugar a dudas y la superación de estos escenarios nos costará mucho dinero, tiempo y esfuerzo. Pero los responsables ya se habrán ido.
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El perfil anterior es la consecuencia de frecuentes decisiones del gobierno estatal cuyos objetivos no han seguido el interés de las demandas sociales. Los miles de millones de pesos procedentes de la federación no han encontrado en Puebla la creatividad suficiente para inducir la reducción de la generalizada pobreza; antes que ello, los beneficios económicos las de obras faraónicas se han ido a manos de particulares fuera del territorio estatal, además aumentados con más obras financiadas con amañados instrumentos de deuda pública. Así tenemos ya más pobreza, pero debemos pagar más dinero por muchos lustros.
La política de desarrollo económico no ha sabido reconocer la diversidad en el potencial laboral y de recursos naturales explotables existentes por todo el territorio poblano, que tan sólo requieren imaginación, coordinación y apoyos para multiplicar la riqueza interna. Antes que ello, se han destinado miles de millones de pesos de los dineros del pueblo en beneficio directo para propuestas extranjeras de la actividad automotriz, soslayando los impactos adversos sociales y ambientales que la ubicación trae consigo, amén de la limitada oferta de empleos que habrán de generarse para la región. Las ganancias de esta política de gobierno serán para el capital extranjero, mientras que las externalidades ambientales adversas serán pagadas por todos los poblanos, incluidos los que están en situación de pobreza y nunca verán un peso de beneficio por la operación de esta industria.
El desdén del gobierno estatal hacia los aspectos ambientales que le son obligados por la legislación, ha pasado con sus decisiones sobre cualquier tipo de planeación urbana o de legislación. En materia de riegos naturales se optado por cambiar la política de prevención, por la de esperar fondos para la reconstrucción.
En la capital del estado la incapacidad administrativa oficial ha quedado expuesta con la contratación de una empresa privada para administrar el servicio de agua en la zona metropolitana, que encarece el servicio pero no garantiza que la población tenga más calidad y suficiencia en el suministro del recurso. El pueblo fue obligado a pagar en lo sucesivo, la costosa ineficiencia del gobierno.
Entre otros muchos problemas ambientales no atendidos, tenemos que los principales cuerpos de agua superficiales mantienen el aumento en sus niveles de contaminación, reduciendo el potencial de su aprovechamiento para impulsar las actividades agrícolas, pecuarias, industriales y urbanas. Ante la falta de políticas públicas para atender el problema, la situación se convierte en un serio obstáculo para la competitividad local, pues se traduce en escasez y en altos costos para satisfacer las demandas.
Los reclamos legítimos de la población rural por la presión que las empresas mineras y mega proyectos vienen ejerciendo sobre sus tierras, tampoco han merecido el menor apoyo del gobierno estatal; antes que ello, se ha decidido criminalizar, perseguir y encarcelar a los pretendientes de atención.
Los casos en que el gobierno estatal ha atentado contra grupos sociales son numerosos. El distanciamiento pueblo-gobierno es evidente y los poblanos ya no creen los discursos oficiosos que suenan a intención de engaño, con los que se enmascaran las decisiones en favor de intereses particulares asociados al poder político. Desafortunadamente los caminos institucionales que podrían servir a la población para ejercer sus derechos cívicos, están representados por una clase política y burocrática reiteradamente humillada por razones de hambre, que intenta agradar al poder supremo ignorando a sus electores.
Basta asomarse a la productividad legislativa local para evidenciar la escasa capacidad intelectual de análisis de los diputados, que modifican o aprueban leyes sin tener en su mano argumentos empíricos que justifiquen la acción, ni proyecciones de beneficio de la sociedad. Ahí encontrarán la popularmente conocida Ley Bala, la nueva ley de expropiación, la reforma a la ley ambiental para regular anuncios, una ley de agricultura urbana y muchas más. Todas ellas perlas legislativas que no tienen ni la menor relación con la solución a los complejos problemas de los poblanos.
En fin, hace falta mucho espacio para listar y explicar cada acción de gobierno que desde hace tres años vienen acumulando interferencias con el desarrollo de la sociedad poblana. Los investigadores de las universidades tienen materia de estudio.