La resolución de conflictos y la satisfacción de la pluralidad de intereses comunes por parte, primero, de quienes deliberan sobre los asuntos públicos, y segundo de quienes ejecutan las decisiones, es difícil de alcanzar de manera transparente si se carece de valores éticos. Para lograr buenos resultados en la política y en la gestión pública se requiere contar con gobernantes y funcionarios que hayan interiorizado los valores y posean una conducta íntegra pues son estos servidores públicos quienes marcan las directrices y operan las instituciones.
Los antiguos griegos, que gustaban de practicar la filosofía, ante la pregunta: ¿Qué es mejor, el gobierno de los hombres o el de las leyes? Respondían que cuando las leyes son buenas benefician a la comunidad política siempre que los hombres las respeten y las apliquen, pero ante la evidencia de que éstas no se respetaban, la respuesta era contar con hombres buenos, ya que éstos además de actuar correctamente en cada uno de sus actos, respetaban la ley. En esta cultura, los individuos con un gran reconocimiento y decoro eran considerados “Hombres Ley”.
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Al ser las instituciones de carácter público, es importante contar con personal formado en ética, entendida ésta como la herramienta poderosa que forma la conciencia de los hombres y desarrolla plenamente su capacidad de juicio. La formación ética es vital en los individuos pues éstos tienen un carácter eminentemente activo en la marcha y desarrollo de los organismos. Precisamente, una de las causas que ha provocado la desconfianza en las instituciones públicas es la ausencia de principios y valores éticos, lo que da pie al incremento de vicios o actitudes antiéticas tales como la corrupción, el abuso de autoridad, el tráfico de influencias, etc. Situaciones que impiden que se alcancen las metas y objetivos institucionales.
Una clasificación general respecto al personal que opera en el gobierno señala que existen dos tipos de personas que participan en la dirección y operación de las instituciones, éstos son: políticos y funcionarios. Ambos tipos tienen por objetivo común servir a la sociedad a la que representan, lo que los coloca como servidores públicos. Para lograr buenos resultados en todo gobierno se requiere contar no sólo con funcionarios responsables, se necesitan también políticos responsables puesto que son éstos últimos quienes gozan del máximo margen de autonomía en las decisiones, y de éstas decisiones depende a su vez la actuación de los primeros.
La ética para los servidores públicos se refiere a situaciones de aplicación. El bien común, lejos de ser una abstracción, se materializa en cada acto realizado en las múltiples instancias de la Administración Pública. Es la suma de miles de decisiones diarias de los servidores que laboran en las organizaciones públicas. Cada funcionario se encuentra diariamente con dilemas éticos que unas veces resuelve de manera rutinaria y otras como resultado de una profunda reflexión. Aunque el sentido común alberga principios básicos que nos permiten conocer lo que es correcto de lo que no, existen situaciones en lo que lo bueno no siempre resulta evidente. La decisión en un conflicto puede ser equivocada si la persona no cuenta con una escala de valores que le permita discernir adecuadamente.
En el momento en que el hombre decide y actúa la respuesta puede ser justa o injusta, adecuada o inadecuada. Por eso es importante que los servidores públicos cuenten con un marco que les sirva de guía en sus decisiones. De esta manera, la ética pública da al servidor público un conocimiento que le permite actuar correctamente en cada situación por difícil que esta sea al ofrecer criterios para encontrar soluciones adecuadas. Pero que persigue la Ética Pública… es un tema que estaremos reflexionando la próxima semana.
Licenciado en Administración de Empresas y
Especialista en Administración Pública y Planeación Estratégica