En el debate sobre la democracia se han destacado diversas corrientes de las cuales proponemos rescatar dos principales: la primera de ellas define la democracia como un método político institucionalizado, basado en la competencia de partidos para alcanzar las decisiones políticas.
Los ciudadanos utilizan este método para elegir a sus líderes, a la burocracia, a los políticos y la supervivencia de la democracia depende en gran medida más de los compromisos que estas élites tengan sobre el sistema y de los beneficios que obtengan del mismo. La otra corriente es aquella que define la democracia como un sistema político que se sustenta en la existencia de una ciudadanía previa titular de derechos y obligaciones, sociales, civiles y políticas. Según ésta, el bienestar colectivo, la ausencia de grandes desigualdades sociales, económicas o culturales, es condición para el ejercicio de la ciudadanía, y para algunos debería ser una condición para la legitimidad del Estado.
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A estos términos se ha introducido una nueva variable que es la participación ciudadana. Ahora bien, centrar los esfuerzos en esta única dimensión hace que para los países en desarrollo, el nuevo debate entre la democracia representativa o la democracia participativa desluzca la riqueza y la pertinencia del debate anterior: es decir, la necesidad de plantear que el proceso de construcción de la democracia requiere la extensión de la ciudadanía. Ello ha ocurrido en un entorno en el que la democracia formal, en cambio, sí ha registrado mayores avances. Por diversas razones, muchos países han emprendido el camino de las reformas encaminadas a la construcción de nuevas reglas del juego político: hay formalmente partidos políticos, hay alta participación en los procesos electorales, hay alternancia en el gobierno, libertad de elección y de ser elegido, hay instituciones de gobierno que están legalmente constituidas, pero persiste una clara división entre el Estado y el conjunto de la Sociedad que el desarrollo de las instituciones formales democráticas per se no ha logrado unir. Cabría señalar, de una manera más gráfica, que en muchos países existe el hardware democrático, pero persiste el software que impide el ejercicio real de los derechos porque los valores democráticos no han sido interiorizados en el conjunto de la sociedad.
Prueba de que un cierto grado de dimensión política, de políticas sociales y de componente participativo han quedado marginados de la corriente tradicional de gobernabilidad, la constituye los indicadores que todavía asumen algunas instituciones: 1) las libertades civiles y derechos políticos, 2) la inestabilidad política y la violencia, 3) la efectividad del gobierno, 4) la carga regulatoria, entendida como obstáculos o excesiva reglamentación para el comercio exterior y el desarrollo empresarial, 5) el estado de Derecho, incluidos los derechos de propiedad y 6) la independencia de la judicatura y el control de la corrupción.
Todo esto determina estrategias de cooperación que deben ir en paralelo y también presupone que para que exista una democracia de calidad sea conveniente prestar atención no sólo a las instituciones que son legítimas ante la sociedad, desde un punto de vista formal o procedimental, sino también a instituciones y procesos que conduzcan a fortalecer la legitimidad sustantiva y en la que participan todos los actores del proceso político.
Director de Capacitación del Programa DIM
Secretaría General de Gobierno