La formulación de las leyes es una de las tareas fundamentales de los Congresos representativos, ya sea a nivel federal o estatal; del adecuado desempeño de la misma depende en buena medida la posibilidad de que una sociedad pueda desarrollarse bajo formas de convivencia más o menos pacífica, a pesar de las divergencias de intereses que en general enfrentan los miembros de ellas.
Ciertamente la expedición de leyes y el hacer y quehacer legislativo es un proceso complejo aunque no imposible de hacer, contempla la consideración de numerosos factores de muy diversa índole, pero el esfuerzo de dar vida a las leyes implica la resolución de problemáticas tanto políticos como de orden técnico – jurídico e inclusive social, en donde el legislador debe determinar cuándo y en qué circunstancias en conveniente crear, reformar o derogar una ley, o cundo en cambio, es preferible que la solución de un asunto quede en manos de los integrantes de los poderes ejecutivo y judicial, esto con el propósito de dar respuesta de manera particular a situaciones de suyo individuales y siempre en aras de alcanzar una mayor equidad y justicia.
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En sentido similar, el proceso legislativo obliga a ponderar de manera crítica los intereses que se puedan generar en la misma sociedad para posteriormente generar un equilibrio de dar preferencia primero a unos y después a otros, en una sociedad marcada por la diversidad, este dilema parece a toda luces inevitable, circunstancia que deja a juicio del legislador la responsabilidad de establecer una escala valorativa con miras a favorecer aquellas demandas con mayor gravitación de acuerdo a la circunstancia valorada.
La ley por otro lado y sobre todo la agenda legislativa en los Congresos, forman parte de estrategias de acción o políticas concretas de gobierno, lo que significa que su producción y generación de las mismas no se encuentran al margen de los efectos que sobre ellas comporta la red de instituciones y acuerdos sobre lo que se erige un sistema político determinado, en efecto, el proceso legislativo muestra las huellas presentes de una u otra forma en el curso de su desarrollo, del formato de gobierno, del sistema de partidos, o del sistema electoral del caso en cuestión.
El hecho es de que los sistemas estén siempre en permanente transformación, planteamiento no menos importante para todo legislador. Porque, precisamente, una de las fuentes del cambio social son las propias leyes pero también el quehacer legislativo en los Congresos que a fin de cuentas se dirigen a la sociedad misma, ya que al estimular la modificación de los comportamientos, el reto es determinar con precisión qué normas se introducen y cuáles se descartan con la expedición de una ley y con la generación de una Agenda Legislativa real y concreta.
Lo señalado anteriormente, permite observar la complejidad que observa esta faceta del quehacer legislativo, este examen exploratorio indaga en forma práctica sobre el desarrollo legislativo. En nuestro Estado tendríamos que estar visualizando con mayor certeza qué es lo que se estará determinado a partir del Congreso, contamos con una nueva Legislatura que a partir del 15 de enero tomo posesión y que a nuestros días no ha quedado claro el rumbo que como Legislatura deberán tomar. La responsabilidad de poder establecer los parámetros adecuados y el quehacer legislativo óptimo donde permita un bien social y de una agenda que canalice los esfuerzos en pro de la sociedad, de lo contrario, se podría caer en la generación en intereses de unos cuantos y no de toda una población a la que ellos mismos están representando.
Director de Capacitación del Programa DIM
Secretaría General de Gobierno