Hay que reconocer que la presencia de los problemas ambientales es percibida por la sociedad, sólo en los momentos precisos en que los sufre o los tiene enfrente de manera innegable. Así por ejemplo, al población se muestra abiertamente indiferente ante la necesidad social de modificar sus hábitos de consumo, -que son precursores de la mayor parte de los embates sobre la calidad del ambiente y el agotamiento de los recursos naturales-, pero es capaz de asumir actitudes de intolerancia ante las autoridades, si se retrasa un día el camión recolector de basura, o si alguien se aventura a derribar o podar un árbol en la ciudad por la razón que sea.
Ciertamente la reducción del arbolado urbano es inaceptable, por cuanto la dasonomía de la ciudad cumple funciones además de estéticas, ambientales tan importantes como la captación de bióxido de carbono –principal efecto de la actividad urbana-, atenuación de ruido citadino, modulación del clima, atenuación de vientos y partículas suspendidas, albergue de aves que también juegan un trascendente rol en el sistema ambiental de la ciudad. No es exagerado asegurar que la calidad ambiental de una comunidad bien puede ser estimada por el volumen y estado de conservación de su dasonomía.
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En este contexto, la semana pasada en la ciudad de Puebla las redes sociales hicieron del conocimiento público el derribo de un importante número de árboles plantados y bien logrados en la calle 11 Sur, debido a la ejecución de obras sobre la vialidad. Por esta acción de deterioro ambiental, se exigía la intervención delas autoridades municipales. Lo curioso fue que hayan sido los regidores del cabildo en el ayuntamiento capitalino, quienes de inmediato se erigieron en tribunal para la atención del caso, en lugar de permitir que fueran las propias instancias administrativas del Ayuntamiento, las que opinaran y actuaran sobre el particular.
En la misma semana pasada, algunos regidores que proceden de niveles de la administración estatal de gobierno, en su urgencia por opinar sobre el asunto, ignoraron que existen leyes, reglamentos y disposiciones normativas ambientales a los que el Ayuntamiento está obligado a cumplir, al manifestar que ya no hay problema porque el contratista los repuso los árboles en mayor número, por lo que el asunto está resuelto y no es necesario que comparezca el nuevo titular responsable del medio ambiente municipal.
Pues deberían permitirse los señores y señoras miembros del cuerpo edilicio de la capital poblana, con todo el respeto que puedan merecer, que ellos no son autoridad que se encuentre por encima de las leyes y reglamentos ambientales, y que en el caso del derribo de los árboles de la calle 11 Sur, hubieron (y en mi opinión, hay) omisiones de responsabilidad tanto del contratista como de la autoridad ambiental municipal, que no pueden ser dispensadas por los integrantes del cabildo, sin violentar las disposiciones normativas ambientales municipales, estatales y nacionales.
La anacrónica y reaccionaria costumbre que tiene la mayoría de los políticos, de negar o minimizar automáticamente la existencia de un problema que pueda significar una ineficiencia de la función pública, es un recurso que cada día es menos efectivo para salir del paso porque hoy la sociedad está más y mejor informada que antes.
Para cualquier persona el dejar de reconocer que se está ante una situación no deseada, poco ayuda a su superación. Cuando se trata de problemas que afectan a la comunidad, su negación no sólo impide su adecuada corrección, sino que la retrasa y agrava las consecuencias sociales de su existencia. La realidad es que en el derribo de varios cientos de árboles en la calle 11 Sur, se materializa una pequeña porción visible de los graves impactos ambientales causados por la obra pública en el territorio poblano, que no han merecido atención oficial y permanecen aún sin ser percibidos hoy por la población.
Si los regidores capitalinos se interesan en realizar una indagación sobre el incidente de derribo de cientos de árboles en la calle 11 Sur, podrían encontrarse con una línea política de desinterés en el cumplimiento de la normatividad ambiental exigible a toda obra o actividad.
En México en lo general, en el estado de Puebla en particular, existe un marco legal y técnico ambiental que permite la generación y ejercicio de políticas públicas propicias para conducir al desarrollo de los poblanos, por el camino de la sustentabilidad y calidad de vida que demandan. El problema reside en la falta de voluntad política local para reconocer la importancia que tiene y tendrá por siempre la variable ambiental, en la complejidad de la dinámica social.