La reelección legislativa, contenida en la reforma político-electoral que fue aprobada la madrugada de este miércoles en el Senado de la República, y que se supone posibilitaba el empoderamiento de los ciudadanos al permitirles una evaluación de sus legisladores, a quienes –en el papel– podrán refrendar o negar el voto para un siguiente periodo, es en realidad una artera y abusiva vía para que las cúpulas partidistas se perpetúen en las curules y los escaños, así como la creación de un feudo más para la cooptación que los gobernadores hacen de los legisladores y, en esencia, el fortalecimiento de la partidocracia en el país.
La reforma al Artículo 59 Constitucional, que fue votada a la una de la madrugada en punto, establece que los diputados federales podrán reelegirse en tres ocasiones y los senadores en una, de manera que puedan estar en sus cargos hasta 12 años consecutivos.
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Para el caso de los diputados federales, la reforma entrará en vigor a favor de quienes sean electos en 2015, y sólo podrán ser reelectos los senadores que sean elegidos en 2018, según establece el dictamen avalado por el pleno senatorial que ahora irá, convertido en minuta, a la Cámara baja.
Además, no hay distingo entre los plurinominales y los de mayoría relativa pues, en la nueva redacción del Artículo 59 de la Carta Magna, se posibilita la reelección para las dos modalidades.
En el caso de los diputados locales, los congresos estatales deberán ajustar sus leyes para permitir la reelección legislativa, y lo mismo ocurrirá para el caso de alcaldes, regidores y síndicos, que podrán reelegirse solamente por un periodo más, para sumar seis años en el cargo.
El candado que se impone para el caso de los legisladores federales, es que deberán ser postulados, en caso de buscar la reelección, por el mismo partido, en tanto que los candidatos independientes sólo podrán hacerlo en este mismo carácter.
El artículo quedó como sigue:
Artículo 59.- Los senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos (una reelección) y los Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos (tres reelecciones). La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado; tratándose de candidatos independientes, sólo podrán postularse con ese mismo carácter. (Los paréntesis son de este reportero).
La realidad mexicana
En términos abstractos, “la reelección es un buen instrumento para garantizar que las y los legisladores rindan cuentas y un incentivo para un mejor desempeño”, escribió este miércoles en la madrugada en su twitter el senador perredista Armando Ríos Piter, líneas que resumen el sentir y justificación de toda la clase política y que, sin embargo, sí tienen validez y concreción en la realidad política de muchos países del mundo, pero aquí es México y las cosas son muy distintas.
De ahí que el mismo senador, por cierto guerrerense, se sumó a una reserva al Artículo 59, que no fue siquiera admitida a discusión, precisamente para quitar el candado que obliga a quienes busquen la reelección legislativa a hacerlo por el mismo partido. “Si queremos que la evaluación la hagan los ciudadanos para reelegir, no podemos permitir se pondere una disciplina partidista”, escribió sobre este caso, con la asistencia absoluta de la razón.
Y regreso a lo anterior, en México las cosas son muy distintas. El cacicazgo de los gobernadores, de todos los partidos, aún no se ha conseguido menguar, a pesar de los avances democráticos del país, y lo mismo ocurre con el monopolio de la participación política formal que mantienen los partidos, a pesar de que se hayan aprobado ya las candidaturas independientes que, sin embargo, en la realidad no operan o no tienen prácticamente ninguna posibilidad de enfrentarse a los aparatos partidistas.
Aquellos que tanto aludían al derecho comparado y al lamento internacionalista de que sólo en México no había reelección legislativa, se olvidan que en este país, por la pobreza y la ignorancia, hay comicios que se ganan regalando cobijas y juguetes con dinero público.
Sobre los gobernadores, no hay que olvidar que son ellos los que palomean las candidaturas y carreras políticas a nivel estatal y, en la mayoría de los casos, a nivel federal, de los diputados y senadores que representarán a sus entidades.
Escandalosamente, los mandatarios estatales no sólo lo hacen con los abanderados de su partido o los institutos políticos afines, sino hasta en los de oposición, con base en oscuros acuerdos cupulares.
Puebla es el ejemplo más acabado de lo anterior, pues muchos de los diputados federales, incluso del PRI, que hoy están en ejercicio, tuvieron que buscar la venia del señor Rafael Moreno Valle Rosas para primero lograr la postulación y luego la curul.
Para el caso de los diputados locales, alcaldes, regidores y síndicos, desde el hecho de que serán los congresos locales los que deberán ajustar sus leyes para hacer una realidad la reelección, se deja absolutamente en las manos de estos virreyes –como bautizó el doctor Miguel Carbonell a los gobernadores–, la determinación e injerencia finales y el palomeo de quiénes y cuántos podrán hacerlo o tendrán el apoyo, moral y con recursos, del mandamás estatal para conseguirlo.
No debemos olvidar que en los estados e incluso el Distrito Federal, son los mandatarios quienes controlan al Poder Legislativo, sin ruborizarse y sin respetar la división de poderes.
Los pluris eternos
Pero hay todavía más y peor: la reforma, al aprobar la reelección legislativa inmediata, no hace distingo entre los plurinominales y los de mayoría relativa, por lo que se podrán reelegir en cualquiera de las dos modalidades con que originalmente hayan llegado al cargo.
Es decir, en el caso de los 200 diputados federales plurinominales o de representación proporcional y los 32 senadores de lista nacional, quienes no hacen campaña, no reciben directamente el voto ciudadano y no ganan elecciones, sino que son designados por las listas que postulan los partidos, siempre privilegiando a sus cúpulas, podrán tener periodos de hasta 12 años en la curul o el escaño, sin siquiera haber recibido a nombre propio un solo sufragio ciudadano directo.
No hay medida más antidemocrática y que contraviene además el espíritu de la Constitución que en su Artículo 115 establece el carácter “democrático, laico y popular” de la nación.
Encima, no se establece la revocación del mandato para impedir que un mal legislador goce de las mieles de la reelección, a pesar de que hayan faltado a sus ofertas ante los ciudadanos que le hayan dado el sufragio.
Así que no nos vengan con justificaciones y recetas de derecho comparado y de actualidad internacionalista en materia legislativa, cuando en México lo único que se ha conseguido es fortalecer la partidocracia y el poder de los gobernadores.
Este fue, con la aprobación, al menos en este caso específico, de la reforma política-electoral, un miércoles negro para la nación. México reculó muchas décadas en su avance democrático.