Aún desde la considerable distancia que los representantes del gobierno poblano les permiten a sus ciudadanos observar sus intentos de cumplir con sus funciones, puede distinguirse fácilmente la pobreza de argumentos tanto del poder ejecutivo como del legislativo en la gestión del suministro de agua para la zona metropolitana de la ciudad de Puebla. Me refiero a las modificaciones a la ley estatal de agua, para acomodarle la casa al concesionario particular administrador de los servicios del SOAPAP, aprobadas por diputados locales y regidores capitalinos.
En el caso de los funcionarios del poder ejecutivo su visión es corta porque están actuando de forma reactiva, lineal, para intentar resolver un problema que es de naturaleza compleja, por la diversidad de factores que lo determinan. Antes de analizar la pertinencia de revisar al SOAPAP desde su función como instrumento de política pública, (en sus objetivos sociales, ambientales, estratégicos, operativos y de gobernabilidad), ante la incapacidad de revertir su problema económico y operativo, recurren a sobreponer otra dudosa estrategia más sobre las mismas estructuras que han demostrado su ineficacia.
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La superficialidad de la solución que el poder ejecutivo estatal propone, no tiene por dónde garantizar éxito en el logro del objetivo social del organismo público de administración que me supongo debe ser: asegurar a la población el acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente y salubre. Ahora bien, si el objetivo es hacer financieramente rentable a un organismo económico privado que busca ganancias por encima de cualquier otro propósito, entonces la solución de concesionar el servicio puede conllevar en el corto plazo a un periodo político de ingobernabilidad, a juzgar por las medidas punitivas de las que el concesionario del servicio podrá echar mano para obligar a pagar a los morosos.
El caso de los diputados del congreso local y regidores del ayuntamiento capitalino, todos quienes aprobaron las iniciativas del ejecutivo, no supieron o entendieron la dimensión de lo que votaron afirmativamente. Las declaraciones consignadas en los diarios locales de la semana pasada dan cuenta de la estrechez argumentativa de los representantes populares del gobernador en turno, que por la urgencia impuesta de resolverle el trámite al patrón, no tuvieron la oportunidad de leer y mucho menos entender los alcances de la propuesta.
Los diputados locales y los regidores capitalinos debieron reservarse el tiempo necesario para leer cuidadosamente, entender y preguntar sobre las implicaciones directas e indirectas de las iniciativas del poder ejecutivo local. Debieron asegurar la participación social en el análisis de la pertinencia y repercusiones de las medidas por cuanto los usuarios y no los representantes populares del gobernador, serán protagonistas activos en la aplicación de las nuevas reglas.
Estoy convencido que la idea ahora consumada de concesionar la prestación de los servicios que hasta ahora administra el SOAPAP, tiene más dudas que certezas. Entre las dudas me aparecen la procedencia jurídica de las particulares modificaciones a la ley; las atribuciones amplias y garantías contenidas para asegurar el éxito económico del concesionario, aun en caso de revocación; las omisiones en la ley sobre compromisos y obligaciones del mismo; el espacio propicio para el nacimiento de un monopolio; los procedimientos de asignación de la concesión. Entre las certezas está una que avasalla en la mente: La incapacidad administrativa del gobierno para ejercer sus funciones, defecto que los ejecutores han logrado consolidar vía los representantes populares del gobernador, con un extremo y perverso escenario que les asegura la regularidad de sus ingresos a costa de la extensión temporal, financiera y operativa del problema.
Mientras todo esto sucede, el agua potable sigue y seguirá sin llegar en cobertura espacial, volumen y calidad a los poblanos. Debido a la incapacidad y desdén oficial de la presente administración sobre los problemas ambientales, a este recurso natural se le está viendo perder sus batallas contra el balance de disponibilidad y la contaminación, por lo que el problema sigue avanzando en complejidad, severidad y costos. La sustentabilidad del agua en Puebla sólo ha servido como invocación legítima para justificar multimillonarios gastos que no han logrado una sola unidad de mejora en los indicadores de gestión. El SOAPAP como estrategia de política pública para la gestión del agua en Puebla debe ser revisado.
Es difícil pues encontrar una sola veta de beneficio social a las iniciativas aprobadas recientemente en el congreso de diputados locales y en el cabildo de la capital. El asunto está en saber cuánto tiempo pasará para descubrir las externalidades políticas hoy ocultas en aquellas.