El tema de la seguridad física de las personas residentes en el estado de Puebla merece ser revisado con toda la seriedad y detalle que la sociedad poblana merece, para que logre vivir en un marco razonable de confianza.
La vulnerabilidad del ser humano es una realidad de la que no es posible escapar. El ciclo de vida de las personas aun en condiciones relativamente seguras, está determinada por su capacidad de prevención y de respuesta ante la diversidad de riesgos existentes en su entorno. Si bien es cierto que la capacidad humana de invención ha permitido su adaptación a los diversos tipos de ambientes en que ha desarrollado sus actividades a lo largo de la historia, tan especial atributo no ha sido suficiente para eliminar los niveles de su vulnerabilidad personal y grupal en todos los contextos en que tiene presencia.
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Precisamente es el espacio que ocupa cualquier ciudadano en el territorio nacional, al margen de la actividad o condición permitida que desempeñe, el escenario para el que las autoridades deben tener una propuesta de política pública definida, con estructuras e instrumentos funcionales y operativos que materialicen su objetivo principal de dar seguridad al ciudadano y a su familia, así como garantizar el orden y la paz públicos.
El permanente estado de vulnerabilidad de las comunidades ante los efectos potenciales de los riesgos del entorno o en el sitio mismo de sus actividades cotidianas, hasta ahora se encuentra parcialmente previsto en la normatividad que dirige la conducta social. En Puebla para el manejo de los eventos dinámicos de la naturaleza como sismos o huracanes entre otros, se tiene una ley de protección civil con su reglamento; para los riesgos relacionados con la actividad laboral se aplica la ley federal del trabajo y sus normatividad especial; para los riesgos derivados de la conducta de las personas se tienen los bandos de policía, los reglamentos de tránsito y las normas penales, así como las leyes de seguridad pública; para los riesgos derivados del crecimiento poblacional y avance tecnológico, pues podrían citarse a las leyes ambientales y las de salud.
El aproximarse para observar con un poco de más detalle el desempeño de cada mecanismo poblano destinado a reducir la vulnerabilidad física de sus residentes, permite reconocer que hay mucho por hacer, pues mucho de lo que se hace no se cuaja en resultados socialmente aceptables. Por ejemplo, en materia de protección civil menos del 15% de los 217 municipios tiene un atlas de riesgos, es decir un diagnóstico de los peligros potenciales y de su capacidad de respuesta ante tales peligros, así como de las acciones preventivas a tomar. El estado se mantiene al margen de suministrar recursos financieros a los municipios pobres en esta tarea fundamental, al tiempo que cada año se incorporan nuevos registros de daños materiales y fatalidades por eventos asociados a la naturaleza.
En materia laboral quizá los poblanos estemos peor dado que teniendo un marco normativo tan avanzado en materia de prevención de accidentes, las fatalidades y accidentes incapacitantes en escenarios laborales son minimizados por las propias autoridades. Los gobiernos municipales y el estatal son incapaces de hacer cumplir la normatividad en sus propios trabajadores y en las obras que contrata o supervisa. Basta recordar los muertos de la obra pública estatal de los últimos meses. La perla de semana pasada se dejó ver cuando un funcionario del gobierno municipal declaró que a la empresa operadora de la Rueda de Observación que tuvo una avería, no podría infraccionarlos por haber puesto en riesgo la integridad física de los ocupantes del aparato en ese momento, porque la falla fue eléctrica y no mecánica. Imagine usted respetable lector el tamaño de tal desatino: Ahora resulta que el riesgo de las personas atrapadas en las alturas era menor por ser de origen eléctrico. Tampoco se le ocurrió exigir el plan de protección civil para emergencias que se exige hasta a las tienditas, me supongo que porque es del gobierno del estado y ahí no pasa nada.
Para la vulnerabilidad de los ciudadanos por la conducta de los mismos ciudadanos cierto que es una responsabilidad a la que se destina la mayor parte de los recursos con los peores resultados. Los poblanos no sólo debemos padecer los embates a nuestra seguridad física y nuestro patrimonio, sino que tenemos que fumarnos los insultantes discursos oficiales que presumen de vivir en comunidades seguras. Igual que muchos paisanos, invito a los funcionarios públicos a deshacerse de sus escoltas personales y sus familiares, así como patrullas en sus domicilios pagadas con nuestros impuestos. No puede haber mejor prueba que esa para demostrar la verdad de sus discursos y la eficiencia de su trabajo.
El escenario de las previsiones para la vulnerabilidad ante los riesgos derivados del crecimiento poblacional y avance tecnológico, es en mi opinión, el más oscuro de los escenarios de la seguridad pública poblana. Tal vez porque precisa de análisis más complejos para traer a la vista y percepción social los efectos de estos riesgos y sus causas; es decir, porque requiere de personal de perfil académico más especializado que el que la burocracia estatal actualmente quiere pagar, dado que son escenarios de lenta progresión y efectos de muy difícil restablecimiento como son los efectos de la contaminación ambiental asociada a la salud de las personas y a los recursos de los que estas se sirven para vivir sanamente.
Creo que hay mucho más de qué hablar en materia de seguridad pública en Puebla.