Continuando con la hoja de ruta que el Gobierno de la República que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto ha iniciado, y que consiste en concretar los cambios –tanto básicos como estructurales- en la forma y en el fondo de la administración y la política mexicana, el lunes pasado se dio a conocer el Programa para la Formalización del Empleo 2013, instrumento que tendrá como finalidad, dar un combate frontal a las terribles consecuencias del trabajo informal, que al día de hoy ronda cerca del 60 % por ciento de la población económicamente activa. Es decir, 28 millones de mexicanos no tienen un trabajo estable o con prestaciones de ley, situación que limita el acceder a las grandes metas planteadas para nuestro País.
El aceptar esta realidad es la línea de base con la cual se inicia el poder dar remedio al mal. Indudablemente que esta problemática no es más que un reflejo de condiciones precarias que se enquistaron en el sistema económico y no fueron contenidas a tiempo. El raquítico crecimiento económico de los últimos años, el declive de la productividad, un marco laboral anquilosado que volvió poco atractivo a nuestro país para ser un importante receptor de inversiones, llevaron a que el número de empleos creados fuera muy inferior a los requerimientos que demanda una población en crecimiento y con la juventud que tiene la mexicana. La debilidad de la economía internacional, también afectó al impulso del mercado nacional, sobre todo en el directamente ligado a las exportaciones, manufacturas, etc. Lo anterior, sumado a un campo deprimido y desatendido, llevó a una importante migración a las ciudades, creando una cadena de improductividad y cancelación de oportunidades para grandes sectores de la población.
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Si bien es cierto que en el concierto internacional México es uno de los países con una tasa baja de desempleo, muy inferior a la que presentan los demás miembros de la OCDE, también es de reconocer que esto se debe, precisamente, al alto número de mexicanos que, ya sea perdieron su trabajo o bien, por la imposibilidad de entrar al mercado laboral, se han refugiado en la informalidad. A lo anterior, hay que sumar el número de compatriotas que en las últimas décadas emigraron principalmente a los Estados Unidos y ya no fueron contados en el pasado censo como mano de obra inactiva. Es de resaltar que esta dicotomía, un país con baja tasa de desempleo formal, pero al mismo tiempo, con un altísimo índice de empleo informal, es un gravísimo desequilibrio de funestas consecuencias. Por ejemplo, los países avanzados que en la actualidad cuentan con elevado desempleo, en contraparte son poseedores de sistemas de seguridad social de avanzada, con seguros de desempleo, que permiten al individuo subsistir en tanto cuanto logren volverse a reinsertar en el mercado laboral. Pero por desgracia en México, quedar desempleado, significa quedar fuera de cualquier prestación derivada de alguna de las instituciones de seguridad social. Urgente es la pensión universal y los medios que garanticen la salud y la estabilidad de las familias mexicanas. Hoy, cerca del 50 % de la población no tiene acceso a la seguridad social ni el Estado pude cumplir con su obligación de garantizar este derecho social, a pesar de la aparente expansión del Seguro Popular. Y sobra decir que esta ingente situación afecta, aún más, a las familias en condiciones de pobreza. Así vemos el trágico cuadro: desempleo e informalidad, sinónimo de carencias sociales como derecho a la alimentación incumplido y falta de acceso a vivienda, servicios básicos y seguridad social y pobreza intergeneracional. Por eso, el anuncio efectuado por el Presidente en la materia y las estrategias anunciadas, van de la mano con el planteamiento también hecho público por EPN, de que en el mes de septiembre próximo presentará al Congreso de la Unión, la iniciativa que cree el Sistema de Seguridad Social Universal, en cumplimiento a uno de sus principales compromisos. Propuesta de cambio estructural en la problemática. Dicho sea de paso, esta gran decisión deberá ir acompañada de una Reforma Fiscal también de fondo, que permita al Estado captar recursos con mayor eficiencia y eficacia, sin perder el justo equilibro con los sectores productivos, para poder impulsar el ambicioso proyecto de cubrir y garantizar el nivel de bienestar básico para los mexicanos.
Solo así lograremos avanzar en las metas nacionales trazadas y para tal fin es necesario dejar atrás –lo dijo el mismo Presidente- el círculo vicioso de la informalidad, insuficiente productividad y bajo crecimiento económico, y en cambio comenzar un círculo virtuoso de formalidad, productividad y crecimiento económico elevado.