Los escándalos de espionaje del gobierno de los Estados Unidos (EU) revelado por Edward Snowden -ex consultor de inteligencia militar estadounidense (Agencia Nacional de Inteligencia, NSA, por sus siglas en inglés)- en el que México resultó intervenido, así como las recientes declaraciones del Presidente Peña Nieto de utilizar la inteligencia como mecanismo de combate a la violencia criminal; delata a los complacientes gobiernos panistas y, revive lamentables experiencias en el mal uso de las áreas de investigación para fines distintos a la seguridad.
El denunciante Edward Snowden quien filtró documentos confidenciales del gobierno estadounidense no sólo desató una de las más severas crisis diplomáticas a la Casa Blanca con otras naciones del mundo por espiar a sus funcionarios, empresarios y embajadas, sino que también exhibió a gobiernos colaboracionistas como el mexicano que, lejos de luchar por la inviolabilidad de su soberanía se prestó a ceder mayor espacio de maniobra a un gobierno extranjero.
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Las dos administraciones panistas, tanto la de Fox como la de Calderón, rebasaron cualquier parámetro de sumisión anterior. Bajo el pretexto de tener acceso a la información intervenida para crear redes de comunicación entre los agentes de seguridad de ambas naciones, planteamiento contenido en la Iniciativa Mérida, los subyugados gobiernos panistas permitieron que las agencias de inteligencia norteamericanas - DEA, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) – operaran en nuestro país para cuestiones del combate al narcotráfico, además de temas energéticos y políticos. Estas agencias de inteligencia estadounidenses tuvieron las puertas abiertas en las secretarías de estado, corporaciones policíacas y el propio ejército mexicano a través de “enlaces” propios, o de funcionarios mexicanos (como Genaro García Luna, Medina Mora y Marisela Morales) que hacían las veces de personeros y realizaban las gestiones para que sus sistemas de vigilancia funcionaran en nuestro país cómodamente y, conseguían información confidencial que les era requerida de manera frecuente por el gobierno norteamericano (Proceso, 1915). Para nada es casualidad que Medina Mora hoy sea el embajador de nuestro país en el vecino país del norte, su actitud servicial permite que sea el agente que haga el lobby para los temas que le interesen al gobierno de Obama y que pudieran empantanarse.
Pero las cosas parecen tomar otro camino con la administración de Peña Nieto, tal vez no de fondo pero sí de forma. Actuó cauteloso y no acuso al gobierno de Washington por el espionaje revelado, ni tampoco su gobierno ha adoptado alguna medida en contra de los rastreros funcionarios calderonistas que le dejaron enorme problema sembrado. Prefirió atajar cancelando contratos de las agencias privadas norteamericanas que prestaron sus servicios a la PGR y la SSP en los dos sexenios anteriores (Jornada, 10395). Aunque no logra aún acotar los servicios de inteligencia civiles y militares de los Estados Unidos que aún operan en nuestro país.
Resultaría desmemoriado sostener que es la primera vez que nuestro país es objeto de espionaje estadounidense. No podemos soslayar que en otros momentos históricos de nuestro país hemos experimentado la intervención política con fines de desestabilización a gobiernos que les han resultado incómodos a sus intereses particulares. Pero jamás había sido con el beneplácito descarado del gobierno mexicano como sucedió en las dos administraciones anteriores.
Estos hechos, conjugados con la reciente declaración del presidente Peña Nieto de apostarle a la “inteligencia” como mecanismo de combate a la delincuencia organizada abre la puerta a justificadas especulaciones. La infraestructura de espionaje que el gobierno mexicano utiliza ha ido más allá de la generación de escenarios probabilísticos, riesgos para la gobernabilidad y el cumplimiento de indicadores, se ha centrado en espiar como mecanismo de control político.
Con mayor incidencia, desde la era de la alternancia los gobiernos estatales han montado sus propios mecanismos de espionaje para interceptar, analizar y usar la información captada para fines estrictamente políticos. El método ha sido usar esa indagaciones en el momento político más conveniente, divulgándola en alianza con los medios de comunicación hasta convertirlos en escándalos mediáticos para el consumo popular. Ahí está el caso de la conversación telefónica de los hermanos Salinas de Gortari, el escándalo de abuso de poder del gober “precioso”, o más recientemente los audios del representante del gobierno de Oaxaca en la ciudad de México –Jorge Castillo- con infinidad de personajes políticos ostentándose como el poderoso que se divierte jugando a la teoría del conflicto en un estado en conflicto permanente.
Los servicios de inteligencia son manipulados y pervertidos hasta la saciedad por los intereses políticos cupulares, la disputa por el poder los hace usarlos para vigilar y controlar a los suyos o a los opositores sobre la base de la autojustificación que les permite disimular el delito de espionaje. Al final que en nuestro país se sanciona únicamente el escándalo, obviando el origen de la información y el mal uso que se le de a un mecanismo fundamental de la gobernabilidad.
La analogía no deja lugar a dudas, nuestro gobierno tiene la bala en la cabeza y para extraerla tendrá que reorientar sus responsabilidades centrales para cumplir sus propósitos legales.
juandiazcarranza@hotmail.com
Twitter: @juandiazcarr
Abogado, economista y periodista.