Rechazan sentencia sobre Bienes Comunales en San Pablo Zoquitlán

Habitantes de la comunidad de San Francisco Xitlama, perteneciente al municipio de San Pablo Zoquitlán, manifestaron su rechazo a una sentencia relacionada con los Bienes Comunales, al considerar que solo reconoce a 821 comuneros y deja fuera a más de 3 mil habitantes. Además, acusaron que entre los beneficiados se encuentra el presidente municipal, Cristóbal Coello Maceda.

José Luis Leyva Machuca, líder del Movimiento de Autogestión Social, Campesina, Indígena, Popular (MASCIP), explicó que durante una asamblea comunitaria se acordó trabajar de manera conjunta con el Ayuntamiento para buscar la revocación de la resolución emitida por el Tribunal Agrario número 43; sin embargo, aseguró que, pese a existir un documento firmado con ese compromiso, no se han registrado avances.

Indicó que el conflicto comenzó hace aproximadamente un año, cuando los pobladores conocieron la sentencia que únicamente reconoce como comuneros a 821 personas, excluyendo a la mayoría de los habitantes de la comunidad.

De acuerdo con Leyva Machuca, la resolución fue promovida por un reducido grupo de personas que se ostentan como apoderadas de la comunidad. Entre ellas, dijo, se encuentra el actual alcalde de San Pablo Zoquitlán, Cristóbal Coello Maceda, así como algunos de sus familiares, quienes además buscan integrar el comité de Bienes Comunales.

El representante del MASCIP señaló que el rechazo de la población obedece a diversos factores, entre ellos el reducido número de comuneros reconocidos, la inclusión del presidente municipal y sus familiares dentro del comité, así como el hecho de que el procedimiento se realizó sin consultar a la asamblea de habitantes.

Asimismo, recordó que la mesa directiva debió rendir protesta desde hace un año; sin embargo, el acto protocolario no se ha llevado a cabo debido al riesgo de generar confrontaciones entre los pobladores. Ante ello, explicó que recurrieron a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para solicitar su intervención.

Finalmente, comentó que, aunque el caso corresponde a la Procuraduría Agraria en Tehuacán, esta instancia no ha intervenido de manera directa. Por ello, los habitantes buscan que se convoque a una asamblea con la participación de la SEDATU y autoridades de Gobernación, con el objetivo de evitar conflictos, revocar la sentencia y permitir que sea la propia comunidad la que decida, mediante asamblea, cómo debe integrarse y dirigirse el núcleo de Bienes Comunales. (JH)