Padre denuncia discriminación en primaria y será él quien capacite a maestros

A pesar de que un padre de familia denunció actos de discriminación y exclusión contra su hijo con discapacidad, una de las medidas planteadas a las autoridades educativas fue que capacitara al personal docente en materia de inclusión. Sin embargo, el propio padre señaló que hay falta de preparación de funcionarios y docentes sobre el tema.

El encuentro se realizó como parte del seguimiento a una queja presentada en abril ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) porque directivos de la Escuela Primaria Alfredo V. Bonfil realizaron comentarios estigmatizantes contra su hijo.

El lunes se realizó una mesa de diálogo para llegar acuerdos en donde se contempló gestionar la construcción de una rampa en el plantel, una acción que según la familia llega cuando faltan apenas unos días para que concluya el ciclo escolar.

Además, el padre cuestionó que, tras años de solicitar condiciones adecuadas para la inclusión de su hijo, sea él quien deba compartir conocimientos y experiencia sobre el tema a pesar de que esta labor debería corresponderle a la propia Secretaría de Educación Pública (SEP) mediante especialistas y personal capacitado.

Queja a la primaria Alfredo Bonfil

La denuncia involucra a la primaria Alfredo V. Bonfil ubicada en la calle Pino Suárez en la ciudad de Puebla, donde un padre de familia acusó que su hijo enfrenta barreras para ejercer plenamente su derecho a la educación debido a actos de discriminación y capacitismo.

Según relató, el problema no comenzó este ciclo escolar, aseguró que desde el nivel preescolar se han enfrentado a situaciones similares y éstas continuaron durante primero y segundo grado de primaria, sin que las autoridades educativas implementaran medidas para garantizar la inclusión.

El padre sostiene que tanto el director del plantel como la supervisora incurrieron en omisiones que afectaron el desarrollo académico, entre las cuales destaca la falta de accesibilidad física en las instalaciones y la exclusión del menor de evaluaciones.

Tras la situación el padre presentó una queja ante la CDH Puebla desde abril; sin embargo, aseguró que el procedimiento avanzó lentamente y las respuestas institucionales llegaron cuando ya es imposible que los acuerdos tengan un impacto real.

"Ya parece que van a hacer las rampas, ya parece que van a entregar el informe pedagógico, a tres minutos de que se acabe el ciclo escolar" expresó.

Las rampas y la capacitación

Como parte de los acuerdos preliminares derivados de la reunión, autoridades educativas se comprometieron a gestionar la construcción de rampas y a brindar capacitación en materia de inclusión al personal docente.

Aunque aceptó colaborar, consideró que la situación evidencia la falta de preparación institucional para atender a estudiantes con discapacidad y en sus palabras, terminará regalando su trabajo a la autoridad educativa.

También cuestionó que la accesibilidad se reduzca únicamente a la construcción de rampas, cuando la inclusión implica ajustes pedagógicos, evaluaciones adecuadas y eliminación de barreras dentro de la comunidad escolar.

Sin disculpa pública

Otro de los puntos de la reunión fue la petición de una disculpa pública por parte del director del plantel, luego de tener expresiones que el padre considera discriminatorias.

No obstante, al concluir el encuentro el familiar señaló que no hubo un compromiso para emitir dicha disculpa, pues la visitadora de la CDH Puebla sólo exhortó a la representación jurídica de la SEP para que pidiera al director conducirse con respeto hacia la familia.

Ante la falta de confianza en la actuación, el padre informó que ya acudió a otras dependencias para buscar respaldo.

Ya van 135 quejas contra instituciones educativas

El caso ocurre en un contexto en el que las instituciones educativas concentran una parte importante de las denuncias por violaciones a derechos humanos.

Pues de acuerdo con la solicitud de información con folio 1080448326000050 entre enero y abril de este año se recibieron 135 quejas contra escuelas y autoridades educativas, no obstante 107 estuvieron dirigidas a la SEP.

Las inconformidades estuvieron relacionadas principalmente con posibles vulneraciones al derecho a la educación, el derecho a la seguridad jurídica, que obliga a las autoridades a actuar conforme a la ley, el derecho de petición que establece la obligación de responder solicitudes presentadas, así como al derecho a una vida libre de violencia y al derecho a la igualdad y no discriminación. (MCJ)