Acusan a SEP de solapar a funcionarios ante discriminación de menor

Reyna y Juan Daniel son dos padres cuidadores de Puebla que exigieron se termine la discriminación institucional contra su hijo, un menor en situación de diversidad funcional, la cual ha sido solapada por funcionarios de la SEP desde noviembre de 2021.

Junto a la discriminación institucional que han sufrido ellos y su hijo por más de tres años, los trabajadores de las escuelas que señalan y funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla los acosaron y hostigaron desde que presentaron formalmente sus primeras quejas en 2022.

Este martes, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Reyna y Juan Daniel solicitaron al actual gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Manuel Viveros Narciso, la atención de 12 puntos en su pliego petitorio, que incluye un asistente sombra para su hijo, reparar el daño moral y emocional, además de una disculpa pública en compensación por el daño emocional y gastos que implicó sostener la educación de su hijo en circunstancias adversas y el desgaste emocional de ellos y el menor.

Cuatro años de discriminación institucional

En 2023 presentaron la primera denuncia contra el preescolar público Xicoténcatl, ubicado en la colonia 10 de Mayo en Puebla capital, debido a que la institución no cuenta con lo necesario para brindar una educación completa a su menor y la directora del sitio, Lourdes Estéves Arana, discriminó a su hijos.

Antes de la denuncia se reunieron con representantes de la SEP, excepto la entonces titular de la SEP, Isabel Merlo Talavera, en donde se comprometieron a realizar cambios en la educación del menor. Los acuerdos no se llevaron a cabo y la violencia continuó.

En 2024, ya en educación primaria, en la escuela Licenciado Alfredo V. Bonfil, la situación se repitió: señalaron al colegio donde el menor aún estudia ya que los directivos prometen realizar adecuaciones para el bienestar del infante con disparidad, pero no se han cumplido.

En esa segunda ocasión perfilaron una reunión con Merlo Talavera, quien ignoró dicha intervención. La situación se repitió con Jorge Estefan Chidiac, quien acusaron también pasó por alto su caso.

En 2025, ahora con Alejandro Armenta al frente del Ejecutivo poblano y Manuel Viveros Narciso en la SEP, esperaban que el encuentro se concretara, pero sostienen que en la SEP los ignoran y “hasta se han burlado” de ellos.

En caso de concretarse la junta con el gobernador planean mostrarle su pliego petitorio con 12 puntos para resarcir la situación del menor.

Director de Educación Especial ignora el caso

Reyna y Juan Daniel señalaron al director de Educación Especial, Héctor Rojas Hernández, de ignorar sus exigencias. Este año ya entregaron otros dos documentos para reunirse con las autoridades, pero el funcionario nunca los recibe.

En mayo y en octubre presentaron los documentos en las oficinas de la SEP, ubicadas en la zona de la Capu y aunque los recibieron, el director de Educación Especial no los recibió.

Señalaron que el encargado jurídico del preescolar que denunciaron, Yahir Cruz Rodríguez, quien debía llevar el caso, los insultó luego de que le exigieron avances; acorde con los padres cuidadores del pequeño, el litigante les dijo “ustedes me hace lo que el viento a Juárez”, cuando lo confrontaron este año.

Además a él lo acusan de extraviar la constancia médica del menor, la cual les expidió el ISSSTE y con la que conseguirían que su hijo pudiese asistir toda la semana a sus clases, situación que las maestras de le impedían como acto discriminante, ya que les exigieron corroborar la condición de su hijo, un absurdo para los padres, que sostienen no necesitan comprobar algo que se ve a simple vista.

También refirieron que, en el nivel de Educación Especial, a cargo de Héctor Rojas Hernández, todo apunta que sólo es de simulación y colocación de plazas.

Lo anterior, señalaron, debido al mal ejercicio de sus trabajadores: Aidé Ávila Ayala, Johana Celic Rosas Hernández, Bárbara Ortega Tapia y María del Carmen Parraguirre, quienes han denostado e ignorado el caso de capacitismo y derechos del menor E.B.B.C. (MCJ)