Oposición en Italia reacciona a ley antiprotestas de Giorgia Meloni

La oposición en Italia reaccionó al paquete de medidas para la prevención del crimen aprobada por la administración de la primera ministra Giorgia Meloni, y las controversiales acciones que impone, como la implementación de la “sospecha legítima” que permite retener personas con base en el juicio de los oficiales de policía.

Angelo Bonelli, diputado por el partido Europa Verde, advirtió que arrestar personas bajo la premisa de “sospecha legítima” es una vulneración a los derechos humanos, además de que viola el derecho constitucional a la protesta pública.

El diputado Arturo Scotti, del Partido Demócrata italiano, declaró que “la emergencia no son los bajos salarios, ni el aumento del precio del carrito de la compra, ni los millones de italianos a los que ya no les importa. Para Meloni, la emergencia es la prisión preventiva doce horas antes de las manifestaciones”.

Matteo Ricci, diputado por el Partido Demócrata, hizo énfasis en que la seguridad no se combate con represión, sino con más elementos de la policía para combatir la delincuencia y el narcotráfico, y rechazó la ley aprobada por la administración de Giorgia Meloni.

Una ley antiprotestas

La ley de seguridad fue aprobada el jueves 5 de enero por el Consejo de Ministros de Italia, en esta se le da el poder a la policía de juzgar posibles infractores del orden público a criterio de los oficiales de policía previo a una protesta pública.

El poder de arrestar a gente por “sospecha legitima” deja un gran margen para que una persona pueda ser detenida hasta 12 horas, pues los oficiales pueden arrestar a individuos que lleven indumentaria u objetos que sean considerados peligrosos para una manifestación, bajo el argumento de poder hacer las protestas más seguras para la policía antimotines.

Dentro de los objetos que la ley observa como vectores de violencia potencial se encuentran armas blancas, cascos o prendas que dificulten la identificación personal y objetos susceptibles de causar ofensas.

También son vulnerables al arresto personas que hayan tenido antecedentes penales o que fuesen señalados por violencia contra personas u objetos durante manifestaciones públicas en un lapso de 5 años. (MIG)

Con información de Infobae y El País