Estado mexicano, responsable por muerte de Ernestina Ascencio

“El Estado (mexicano) es responsable por la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio”, declaró la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Se trató de una mujer indígena náhuatl monolingüe de 73 años de edad, originaria de la comunidad de Tetlatzinga, ubicada en la Sierra Zongolica, del estado de Veracruz, en el municipio de Soledad Atzompa.

Acorde con el documento, miembros del Ejército mexicano violaron a la señora el 25 de febrero de 2007 causándole graves lesiones que requirieron una intervención quirúrgica que no logró concretarse.

Se señaló que la familia de Ernestina Ascencio buscó ayuda médica durante aproximadamente 10 horas, pero hubo dificultades como la falta de intérpretes de náhuatl que facilitaran la comunicación con el personal de las clínicas y hospitales.

Pese a que finalmente el Hospital Regional de Río Blanco aceptó a la afectada, esta falleció a las 06:30 horas del día siguiente al ataque en su contra, el 26 de febrero de 2007.

El tribunal señaló que los Estados Unidos Mexicanos violaron el derecho de Ernestina Ascencio a recibir una atención en salud accesible, disponible y de calidad.

Apuntó que tampoco se cumplió con el estándar de debida diligencia reforzada exigible en casos de violencia sexual contra mujeres: “Particularmente relevante por tratarse de una mujer indígena mayor en un contexto de militarización”.

Responsabilidad del Estado en tortura y violación de Ernestina Ascencio

La autoridad internacional recalcó que la violación contra Ernestina Ascencio constituyó un acto de tortura, pues los militares le causaron severos sufrimientos físicos y mentales con el propósito de intimidar, degradar, humillar y controlar.

Indicó que el Estado mexicano cometió lo siguiente respecto a la investigación de este caso:

• No incorporó perspectivas de género, étnica ni etaria
• Fue cerrada prematuramente, sin agotar las líneas de investigación necesarias
• Se basó en motivos permeados por estereotipos étnicos, etarios y de género, replicados por altas autoridades del gobierno, incluyendo el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012)
• Tuvo un ambiente de descreimiento hacia las declaraciones de la víctima y sus familiares

CNDH y Felipe Calderón generan descreimiento contra Ernestina Ascencio y familiares

En 2007 la noticia de la violación, tortura y muerte de Ernestina Ascencio se difundió a lo largo de todo el país, y tras el revuelo el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, alegó que la víctima falleció por gastritis crónica.

A sus palabras se sumaron las declaraciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que siguió la narrativa de la enfermedad, a la que señalaron como padecimiento de carácter médico y no de origen traumático.

“No existe evidencia clínica que permita establecer que fue víctima de violación", indicó el organismo federal.

No obstante, en agosto de 2021 la CNDH se pronunció nuevamente al respecto y emitió un Informe de la Recomendación 34/2007 Memoria, Verdad, Justicia y Reparación.

Señaló que tanto a la víctima como a su familia se le negó el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral: “Lo que sucedió alrededor del caso de la señora Ernestina Ascencio, deja claro cuál fue la prioridad del Gobierno Federal en turno”.

Recalcó que los primeros años de la ‘Guerra contra el narcotráfico’ se caracterizaron por la militarización de las principales regiones indígenas del país teniendo como justificación la seguridad del Estado. (MIG)

Con información de Corte IDH, CNDH y Milenio