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Nación
Se detuvieron a ocho integrantes del cártel que operaban en complicidad de empresarios y funcionarios
Integrantes de la Nueva Familia Michoacana
Foto: FGR
Un operativo federal descubrió que 14 municipios del Estado de México (Edomex) estaban bajo control de la organización criminal La Nueva Familia Michoacana mediante actividades de extorsión junto a empresarios, transportistas y funcionarios, informó el secretario de Seguridad (SSPC), Omar García Harfuch y el fiscal general del Estado, José Luis Cervantes Martínez.
Este miércoles, durante la Mañanera del Pueblo, el Gabinete de Seguridad de México presentó la ficha de captura de ocho detenidos acusados de delitos de extorsión y secuestro exprés, encargados de controlar criaderos de animales hasta materiales de construcción en 14 municipios del Edomex, incluido la zona turística de Valle de Bravo.
“Fue indispensable actuar de manera conjunta entre las autoridades federales y estatales a través de operativos coordinados que permitieran desarticular sus operaciones, asegurar bienes vinculados al delito y recuperar el control del territorio” indicó el secretario de seguridad.
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El operativo nombrado como ‘Liberación’ se llevó a cabo mediante un trabajo coordinado entre autoridades estatales y federales, que permitió identificar al menos 63 establecimientos comerciales vinculados a La Nueva Familia Michoacana (LNFM).
“Estamos hablando de establecimientos que no siempre son tiendas a la vista, pero desde donde se direccionaba, acaparaba y distribuía el producto. Incluso se obligaba a comprar en ciertos lugares, bajo vigilancia del cártel”, explicó el fiscal del Estado.
En el operativo se incautación una importante cantidad de bienes que corresponden a los siguientes:
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Las investigaciones también revelaron que la red criminal no sólo operaba mediante violencia física, sino a través de amenazas directas a empresarios clave. Algunos de los detenidos eran vecinos, comerciantes o incluso funcionarios locales que participaban en la logística de acopio, distribución, transporte y cobro de cuotas semanales.
“Los grupos criminales secuestraban y amenazaban a los encargados de la venta de materiales, obligándolos a participar o pagar una cuota. A quienes no cumplían, los golpeaban o intimidaban”, señaló Cervantes Martínez.
El modelo de extorsión, similar al desarrollado en regiones de Michoacán, permitió que el grupo delictivo impusiera precios y desplazara a organizaciones legítimas del transporte, incluso regulando el tránsito de carga mediante pagos obligatorios.
Las autoridades señalaron que este golpe no se dirigió a sicarios o células violentas, sino a la estructura gerencial del cártel: quienes se encargaban de mover el dinero, coordinar ventas y garantizar el control del mercado local. Entre las sanciones se estimó que los detenidos podrían enfrentar penas de hasta 80 años de prisión, dependiendo de su grado de participación en los delitos. (PSR)