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El país gobernado por Nayib Bukele tuvo la mayor tasa de encarcelamiento mundial en febrero de 2025
Donald Trump, Nayib Bukele
Foto / X @nayibbukele
“Las personas detenidas en el sistema penitenciario de El Salvador están aisladas del mundo exterior y se les niega cualquier recurso legal creíble (…) Nayib Bukele está ofreciéndole a Trump una especie de Guantánamo Centroamericano”, advirtió el Observatorio de Derechos Humanos (HRW, por sus siglas en inglés) el pasado 18 de marzo.
El 31 de enero de 2023, Nayib Bukele inauguró el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que se lanzó como símbolo de la Guerra contra las pandillas con uso exclusivo para personas perfiladas como altos rangos por ser presuntas integrantes de organizaciones criminales.
"Tendrá espacio para 40 mil terroristas, quienes estarán incomunicados del mundo exterior", confirmó el presidente del país centroamericano previo a la creación del centro penitenciario.
Roberto Valencia, periodista salvadoreño, informó que su extensión equivale a cinco veces el Zócalo de Ciudad de México (CDMX); 236 mil metros cuadrados (m2).
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Los tres grupos delictivos principales que se registraron en El Salvador son la Mara Salvatrucha (MS-13) y las facciones Sureños y Revolucionarios de Barrio 18.
De acuerdo con la información gubernamental, el Cecot negó ventanas o extractores para los presos, pero los presuntos pandilleros sí tienen acceso con los siguientes elementos:
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"Acá no vienen instituciones externas u Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s)", afirmaron autoridades a cargo de la megacárcel el 24 de febrero de 2023 cuando se revelaron imágenes oficiales que mostraron a personas corriendo descalzas agachadas y semidesnudas, o bien, sometidas a vejaciones en masa.
El exviceministro salvadoreño, Osiris Luna Meza, indicó que en el Cecot no existen visitas íntimas ni familiares: “Eso está prohibido para este tipo de personas".
Miguel Sarre Iguíniz, exmiembro del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, advirtió que la incomunicación con la familia provoca la extensión del confinamiento a personas inocentes y que el Cecot era un mecanismo de castigo meramente punitivo.
“Es un moridero de concreto y de acero (…) para eliminar a las personas sin aplicar formalmente la pena de muerte", declaró Miguel Sarre en una entrevista de 2023 para BBC Mundo.
Organismos internacionales denunciaron que desde 2020 Nayib Bukele aprobó el asesinato o arresto de toda persona considerada peligrosa o sospechosa por la Fuerza Armada y Policía Nacional Civil (PNC), órganos del Estado que por años se acusaron por abusos de poder y violaciones a los derechos humanos.
La PNC es presunta responsable de la muerte de cuatro bebés y presenta probabilidades altas de ocultar cadáveres de presos fallecidos en fosas comunes, anunció la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) a finales de diciembre de 2024.
Tan sólo dos años después, el 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el régimen de estado de excepción, instrumento jurídico temporal que se consiente únicamente en circunstancias extraordinarias.
Según la Constitución de la República de El Salvador, este régimen permite al Estado suspender las garantías establecidas en incisos específicos de los artículos 5, 6, 7 y 24, los cuales atienden a derechos constitucionales.
El 4 de marzo de este año, el Ejecutivo de la administración de Nayib Bukele amplió el estado de excepción por trigésima sexta vez; este régimen se convirtió en una herramienta de control social, estimó Antonio Palacio, cofundador de la organización SJH.
“94 por ciento (de presos en el Cecot) no tenía antecedentes penales, ni había estado procesado por ninguna causa relacionada con pandillas”, recalcó SJH en el marco de la trigésima quinta ampliación del régimen que suspende determinados derechos constitucionales.
El 27 de marzo de 2025 el estado de excepción cumplió tres años de permanecer en vigor en El Salvador.
Contrario al objetivo del centro penitenciario Cecot para uso exclusivo de exterminio de pandillas, Nayib Bukele recibió seis millones de dólares del gobierno estadunidense para confinar por un año a 300 migrantes deportados de Estados Unidos, señaló el medio AP.
El HRW evidenció que la realidad del Cecot —a la que Maduro llamó campo de concentración el pasado 2 de abril— dista del centro de rehabilitación moderna que el mandatario salvadoreño presume.
“Human Rights Watch entrevistó a varias personas liberadas de estas prisiones y a decenas que tienen familiares encarcelados (…) revelan condiciones deplorables de detención, torturas y muertes bajo custodia”, reveló la organización independiente el 17 de marzo de 2025.
ONG’s indicaron que las megacárceles que El Salvador prestó a Estados Unidos desde mediados de marzo para contener personas deportadas son centros de confinamiento potencialmente mortales.
Testimonios de familiares y sobrevivientes del sistema penitenciario recopilados desde 2020 hasta finales de marzo de este año documentaron que en el Cecot hay golpizas de dos grupos principales: una de fuerzas policiales y otra de fuerzas policiales con otros presos.
Al menos durante una hora, autoridades de la megacárcel golpean con macanas a los recién detenidos y, posteriormente, los mismos policías junto a otros detenidos atacan diariamente en sótanos oscuros a los presos nuevos; las víctimas mueren o terminan con órganos o huesos afectados de gravedad.
Las violaciones a los derechos humanos principales que se cometen en los centros de detención de Nayib Bukele según los salvadoreños entrevistados por HRW son los siguientes.

Información con corte de 20 de febrero de 2025 de Statista, portal de estadística, reveló que a nivel mundial El Salvador es el país con mayor tasa de encarcelamiento: mil 600 personas presas por cada 100 mil habitantes de la población nacional, por encima de Cuba, Ruanda, Turkmenistán y Estados Unidos.
De acuerdo con el HRW desde 2020 la administración de Nayib Bukele excluyó de todo conteo a niños encarcelados, por lo que el registro total por año podría tener una diferencia de al menos mil 600 casos.
Otras ONG’s mencionaron que aún las cifras oficiales de adultos presos podrían presentar irregularidades por decisión misma de El Salvador. (MIG)