Académicos de la Universidad de Guadalajara (UDG) dieron a conocer que el crimen organizado controla la tala ilegal en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, donde “operan con total impunidad, intimidando y silenciando a los terratenientes, las comunidades y los funcionarios del gobierno.

De acuerdo con su estudio, autoridades federales y estatales han permitido la tala ilegal y la continua degradación de los bosques, por medio de una red de corrupción de las bandas criminales.

La investigación realizada por los académicos Carlos Ignacio García Jiménez y Yalma Vargas Rodríguez, establece que entre 2017 y 2019 el 4 por ciento de la producción nacional de madera fue extraída ilegalmente tan sólo de Talpa de Allende, Jalisco.

Datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) señalan que en 2019, la producción total de madera en el país fue de 7.5 millones de metros cúbicos.

El artículo publicado en la revista Conservation Science and Practice, estima que el 70 por ciento de la madera en México carece de permisos de extracción.

Precisa que las malas prácticas institucionales, los presupuestos reducidos, las redes de corrupción e impunidad generan degradación ambiental en el oeste y probablemente en otras regiones del territorio nacional.

El estudio explica que delincuentes seleccionan un área boscosa de interés y se acercan al propietario, a quien ofrecen un pago por la madera; si el dueño no quiere vender, a menudo a precios muy bajos, la organización criminal actúa de todos modos, e incluso sin compensación.

Ante ello, los propietarios presentan quejas ante la Profepa y, a menudo, reciben como respuesta que un inspector realice una visita de supervisión al área, pero una vez que las autoridades llegan a fiscalizar, las pandillas los intimidan o secuestran, así que huyen.

Los académicos agregan que los habitantes y autoridades locales ven a diario la extracción ilegal de caoba, nogal, oyamel, pino y roble, cuando los camiones pasan repletos de madera, por las carreteras hacia los puertos de Colima y Michoacán.

Señalan que las autoridades gubernamentales permiten pasivamente estas actividades irregulares por la falta de sanciones y acciones legales, que es responsabilidad de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su oficina de delitos ambientales.

De acuerdo con información de seguridad federal, en Jalisco solo opera el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras que en Michoacán además del CJNG, hay células de la Familia Michoacana, Los Viagras y Cárteles Unidos.

 

Con información de Excélsior