Luis Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, informó que el predio de 6 mil metros cuadrados ubicado en la Reserva Territorial Atlixcáyotl, sigue en litigio entre el gobierno de Puebla y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“El tema está en litigio, no quiero hablar de los destinos del predio, pero sin duda hay un asunto de una planeación (responsable) de los predios del estado”, declaró.

El mandatario recordó que el gobierno de Puebla tiene procesos legales para recuperar diversas propiedades de la entidad, pero para cada uno habrá una planeación con el fin de que cada espacio “pueda servir para fines de interés público, no de interés privado como hicieron los gobiernos anteriores”.

Aunque no hizo señalamientos directos, mencionó que sus antecesores de los últimos 30 años liquidaron el patrimonio del estado.

“30 años vendiendo inmuebles o auto-vendiéndose inmuebles, qué cochinos, eh. Hemos estado recuperando algunos (inmuebles), hay muchos litigios”, expresó.

Comentó que todos los casos son asuntos de legalidad en los que tiene que intervenir el gobierno estatal. Asimismo, sentenció que en su administración nadie tendrá “privilegios y habrá menos corrupción”.

A principios de julio, el gobierno de Puebla de Luis Miguel Barbosa Huerta ganó un recurso legal para quitar al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 6 mil metros cuadrados de un predio de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl, no obstante, el organismo empresarial anunció que se defenderá legalmente para impedirlo.

El 23 de julio, el gobernador Miguel Barbosa Huerta se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para abordar, entre otros temas, una estrategia para la reactivación económica de Puebla.

El encuentro fue encabezado por Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Antonio Yitani, presidente del Club de Empresarios; además de Alberto Ramírez tesorero del CCE.

Según Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco en esta reunión no se habló sobre el conflicto por el predio.

No obstante, la postura del gobernador Miguel Barbosa ha sido que el predio debe de regresar al Estado.