El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) exhibió de nuevo omisiones del personal del Instituto Electoral del Estado (IEE), por no atender quejas ni peticiones de medidas cautelares.

En sesión pública virtual se ventiló este jueves que la Dirección Jurídica del instituto, encabezada por Genoveva Jiménez Cerezo, no dio trámite a una queja interpuesta contra el priísta Lorenzo Rivera Nava, alcalde electo de Chignahuapan.

La queja presentada por Aldo Mones Romero denunció actos anticipados de campaña, por lo cual solicitó al IEE imponer medidas cautelares al acusado, a fin de frenar su proselitismo.

El TEEP expuso que han pasado 65 días desde que se recibió la queja sin que se haya determinado si proceden las medidas cautelares, pese a que el propio reglamento del IEE establece un plazo máximo de 40 días para emitir un fallo.

La resolución advierte que la omisión del área jurídica podría generar “un daño irreparable”, además de que obstaculiza el acceso a la justicia.

Por lo anterior se ordenó al Órgano Interno de Control del IEE abrir una investigación contra el personal, a fin de fincar responsabilidades.

También se dio vista al consejero presidente del instituto, Miguel Ángel García Onofre, a fin de que tome las medidas que considere pertinentes.

Jiménez Cerezo fue nombrada encargada de despacho de la Dirección Jurídica a petición de dicho consejero.

Esta es la tercera vez en un mes que el TEEP exhibe omisiones del Área Jurídica, pues el lunes señaló que no se tramitó una queja por violencia política y hace dos semanas ventiló otro caso igual.

Ordenan atender queja de Rivera

En otro asunto el TEEP ordenó a la Comisión de Quejas y Denuncias del IEE revisar de nuevo y emitir una resolución sobre una denuncia presentada por Argelia Arriaga García, suplente de la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco.
 
En su queja acusó violencia política de un regidor en contra de ella y la edil morenista, por lo que pidió imponer medidas cautelares y sancionar al imputado.
 
El tribunal ordenó reabrir el caso tras revocar la resolución previamente emitida, en la cual se negaron las medidas cautelares.
 
La orden del TEEP no fue propia, sino obligada por una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al cual recurrió Arriaga García para que se reabriera el caso.