Un grupo de familiares y amigos de Ricardo Montiel, uno de los técnicos detenidos por el accidente aéreo donde perdieron la vida los exgobernadores Martha Erika Alonso Hidalgo y Rafael Moreno Valle, protestaron este día frente al Centro de Justicia Penal Federal para exigir que el caso sea atraído por esa instancia, debido a las irregularidades por parte del Poder Judicial del estado.

Durante la manifestación llevada a cabo a las afueras de los juzgados federales en Lomas de San Miguel, Moisés Montiel, padre de Ricardo, indicó en entrevista con e-consulta que este día se tenía programada una audiencia para que un juez federal pudiera determinar si hacía válida una solicitud de incompetencia, a fin de atraer el caso de su hijo el cual está en poder de la Fiscalía General del Estado.

Moisés Montiel señaló que desde que su hijo fue detenido por las autoridades locales el 24 de diciembre de 2020, Ricardo ha sido objeto de un proceso penal inequitativo, ya que el juez de control Salvador Hernández Martínez ha emitido fallos diferentes para cada uno de los nueve detenidos por este caso.

"Estamos aquí en audiencia esperando que el juez federal jale el caso hacia el federal, porque ya estamos cansados de que el caso esté en el gobierno estatal. No avanzamos, son seis meses y no avanzamos. Son seis personas que están implicadas, entre ellos mi hijo, que están privadas de la libertad arbitrariamente porque el juez del control los vínculo a proceso y les dictó medida cautelar sabiendo que son delitos leves", señaló.
 


El papá del detenido explicó que el juez de control de Cholula permitió que César Miramontes, Rafael Torres y César Vallejo, personal operativo de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano (SAASA), pudieran seguir su proceso en libertad, los dos primeros con una garantía económica de 10 y 20 mil pesos, mientras que el tercero solamente con una firma periódica.

En contraste, a los técnicos y mecánicos de la empresa Rotor Flight Services, no se les permitió seguir su proceso fuera de prisión y se les impuso una medida cautelar de prisión preventiva justificada, asegurando que se corre el riesgo de que se puedan evadir de la justicia si es que les aplican una medida cautelar diversa.

El papá de Ricardo criticó esta decisión y señaló que durante la audiencia de su hijo, el juez de control validó esta medida cautelar privativa de la libertad señalando que al trabajar en una empresa y conocer a personas dueños de helicópteros y aviones, existía un gran riesgo de que se pudieran ir del país.

Dicho argumento fue señalado y criticado severamente por Moisés Montiel, quien aseguró que durante los dos años entre el día que ocurrió el accidente y la detención de su hijo, éste acudió a declarar ante la Fiscalía General del Estado todas las veces que fue citado, por lo que si en algún momento hubiera sido su deseo evadir el caso lo habría hecho con mucho tiempo de anticipación.

Es ante estas supuestas irregularidades y ante el retraso que ha tenido la autoridad estatal en concluir con las carpetas de investigación, que los familiares y abogados de Ricardo recurrieron a la presentación de una solicitud de incompetencia, y esperan que en los próximos días se lleve a cabo la audiencia donde la autoridad federal determinará si es competente para atraer el caso, por lo menos en lo que hace a Ricardo.