Una nueva orden de aprehensión se habría girado en contra de los integrantes de la familia Jenkins de Landa, derivadas de la investigación por una donación irregular de más de 14 mil millones de pesos que se hizo en 2014, la cual está siendo señalada como un desfalco.


De acuerdo con información periodística, el pasado 4 de junio fue emitida la nueva orden de aprehensión por parte de un juez de control de la ciudad de Puebla, en contra de Elodia Sofía de Landa de Jenkins; Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins de Landa; Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins y Juan Guillermo Eustace Jenkins.

Esta nueva orden judicial se suma a la que el 16 de marzo había sido librada por un juez de control federal en la Ciudad de México,la cual también tiene efectos para ponerlos a disposición de la autoridad judicial por la supuesta comisión del delito de lavado de dinero.

A pesar de dichas ordenes, ninguno de los integrantes de la familia Jenkins de Landa ha sido extraditado desde los Estados Unidos, aún con la presión del gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien el 2 de marzo y 20 de mayo se ha referido acerca de este asunto legal.

En ambas ocasiones, Barbosa Huerta ha señalado que en el supuesto desfalco no solamente participaron los integrantes de la familia Jenkins, sino también políticos, por lo que el 20 de mayo pasado señaló directamente al extinto gobernador Rafael Moreno Valle de haber sido quien permitió esto.

"El mecanismo que se empleó para dejar a la Fundación Jenkins sin recursos se permitió por el gobierno de Moreno Valle. Estamos muy pendientes de esto", señaló Barbosa Huerta al tiempo en que señaló que seguiría puntualmente la investigación.

La más reciente declaración del mandatario se dio luego de que una autoridad federal ordenó un embargo a los integrantes de esta familia, para incautar bienes inmuebles y cuentas bancarias que permitan resarcir el supuesto desfalco.

La familia Jenkins de Landa rechazó que el embargo ordenado por un juez de lo civil de la Ciudad de México pueda causar ejecutoria y aseguró que se trata de una medida ilegal porque excede su competencia.

A través de un comunicado la Fundación Mary Street Jenkins, informó que el Juzgado Sexagésimo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, carece de competencia para conocer del asunto, dado que tienen su domicilio en Jalisco, por lo que sus actuaciones son nulas.

"Como institución que respeta y promueve el Estado de Derecho en nuestro país, puntualiza que es nula la actuación de un juzgado de la Ciudad de México que habría ordenado un supuesto embargo en contra de esta Fundación", expusieron en el comunicado.