El robo de combustible en Puebla genera utilidades de hasta 14 millones de pesos al día y ya no hay uno, sino tres “triángulos rojos” en el estado tras el predominio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la disputa que mantiene con otros grupos del crimen organizado en el estado, dijo este miércoles en el programa Ante la Corte, de e-consulta, el politólogo y doctor en criminalística Mauricio Saldaña Rodríguez, al explicar el aumento de la violencia en la entidad.

Afirmó que los encontronazos de los grupos del crimen organizado se dan en el Triángulo Rojo, pero hizo hincapié en que no se puede olvidar el caso de Puebla capital, ya que en ese municipio hubo 22 ejecuciones de las 98 registradas en el estado en el lapso enero 1-mayo 31 de este año.

El vacío de poder, la rotación de autoridades, la colusión de mandos policiacos y la división de organizaciones criminales son algunos factores a los que atribuyó la hegemonía que ahora ostenta en Puebla el CJNG.

La generación de empleos y opciones productivas en comunidades con alta incidencia de “huachicol“, así como una estrategia entre autoridades federales, estatales y municipales para recomponer el tejido social son algunas vías que sugirió para combatir sin violencia el crimen.

Nuevos “triángulos rojos”

Saldaña Rodríguez alertó que ya hay tres zonas que podrían considerarse “triángulos rojos”: el primero es el ya conocido, de los municipios de Tecamachalco, Quecholac, Tepeaca, Palmar de Bravo, Acatzingo y Amozoc.

El segundo involucra los municipios de la Sierra Norte, con epicentro en Venustiano Carranza, y el tercero en la capital del estado, con su punto de partida en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan. 

En el caso de Puebla capital, señaló que principalmente se roba gas, lo cual ha ubicado a la entidad como la primera a nivel nacional en tomas clandestinas de este combustible.

La extracción y venta ha llegado a niveles industriales, por lo que estimó utilidades de entre 13 y 14 millones de pesos diarios.

El auge de este delito lo atribuyó a que el CJNG ha ganado territorio a Los Zetas, agrupación que se ha debilitado por divisiones internas.

La llegada del CJNG

Saldaña Rodríguez explicó que el Cártel Jalisco Nueva Generación comenzó a operar en Puebla desde su fundación en 2015, pero se fortaleció hasta finales de 2018.

El conflicto postelectoral derivado de la elección de la gubernatura, el posterior fallecimiento de la ex gobernadora Martha Erika Alonzo Hidalgo, el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido y la elección extraordinaria que luego ganó Miguel Barbosa Huerta habrían generado un “vacío de poder” que permitió a dicha agrupación criminal ganar territorio en el estado.

El especialista advirtió que esta disputa por “la plaza” ha agudizado la violencia y esto se nota en el aumento de homicidios, principalmente ejecuciones en municipios conflictivos.

Más ejecuciones tras año de pandemia

Con base en su registro propio, al cual denomina “ejecutómetro”, dio a conocer que de enero a mayo se habrían cometido 98 ejecuciones, de las cuales 40 se suscitaron sólo en mayo.

Para dimensionar el problema, refirió que en el 2020, en el cual hubo pandemia 9 meses, sumaron solo 65 ejecuciones.

Esto significa que en todo un año se registró 66 por ciento de los crímenes contabilizados sólo en los primeros cuatro meses de 2021.

Del 1 al 8 de junio dio cuenta de 10 ejecuciones, cinco de ellas en el primer “triángulo rojo”, por lo que estimó que a este ritmo el año cerraría con al menos 160 delitos de este tipo.

Comunidades y el crimen

El auge del robo de combustible también lo atribuyó a la participación de comunidades enteras, que incluso protegen a líderes criminales al grado de enfrentarse con la fuerza pública.

Si bien señaló que la mitad de quienes colaboran en este delito ganan menos de 500 pesos al día por arriesgar su vida en las tomas, acarreo o almacenamiento de combustible, enfatizó que la realidad es que no hay otras opciones de empleo legal que les garantice un ingreso permanente, aunque sea menor.

Remarcó que para reservar este problema no se requiere únicamente de más patrullas y policías, sino de estrategias sociales y educativas que permitan a la población tener otras vías para sobrevivir.

La creación de empleos bien remuneradosla inversión pública y privada en zonas con alta incidencia delictiva, así como el acceso a la educación superior son algunas medidas que vio urgentes para combatir el “huachicol” sin violencia.