La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ahora impugnó las reformas sobre identidad de género autopercibida, conocidas como “ley Agnes”, porque el Congreso de Puebla excluyó a menores de edad.

El órgano encabezado por Rosario Piedra Ibarra interpuso una nueva acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se suma a la quincena de recursos que ha promovido sólo contra la actual Legislatura local.

Apenas ayer martes la Corte falló a favor de la CNDH e invalidó nueve artículos de la polémica Ley de Educación del gobernador Miguel Barbosa Huerta, ya que se legisló sin consultar previamente a comunidades indígenas y personas con discapacidad.

Impugnan Ley Agnes

El nuevo juicio de la CNDH es el 73/2021 y combate una parte de las reformas aprobadas en el Congreso el pasado 25 de febrero, pero promulgadas por el gobierno estatal un mes después. 

El recurso exige invalidar la fracción II del artículo 875 Ter del Código Civil del estado de Puebla, ya que exige la mayoría de edad como un requisito para tramitar la nueva acta de nacimiento con el reconocimiento de la identidad de género. 

Para la comisión dicho requerimiento resulta discriminatorio e impide el libre desarrollo de la identidad personal, sexual y de género de menores de edad.

“Con ello, se excluye a las personas que se encuentran fuera de ese rango etario de acceder a ese procedimiento registral, por lo que contraviene el derecho a la igualdad y no discriminación, así como al libre desarrollo de la personalidad y de la identidad personal, sexual y de género, en perjuicio de niñas, niños y adolescentes”, señala el juicio.

Y agrega que: “la norma presupone que toda persona que no ha alcanzado la mayoría de edad es incapaz de definir su identidad de género que le permita acudir ante la instancia competente a solicitar la expedición de una nueva acta de nacimiento por haber discordancia entre el sexo con que se identifica y aquel que le fue legalmente asignado al nacer”.

La CNDH también censura el requerimiento por  “desproporcional e irrazonable”, en virtud de que no existe justificación constitucional para que el poder Legislativo haya impuesto la limitante de edad para acceder al reconocimiento de identidad de género.

Por todo lo anterior el órgano concluye que la disposición vulnera el derecho a la identidad al impedir que menores de edad puedan realizar el trámite, razón por la que exige eliminarla.