Con la colaboración de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) y el Instituto Internacional de Derechos Humanos (IIDH), se inició la XIX edición del Diplomado Latinoamericano Interuniversitario de Derechos Humanos.  

El espacio formativo está pensado para convertirse en un semillero de reflexión y acción sobre la situación actual de crisis donde prolifera la criminalidad en sus expresiones más dolientes: según cifras oficiales, en México hay 87,463 personas desaparecidas; se presentaron 240 feminicidios el año pasado, y la FGR inició más de 9,000 investigaciones por tortura entre 2012 y 2018.   

La Mtra. Erika Ollinger Lamadrid, directora de Educación Continua de la IBERO Puebla ─institución anfitriona del diplomado─, celebró durante la inauguración que los espacios formativos de la AUSJAL procuren la promoción y la defensa de los derechos humanos a través del diálogo y la preparación desde perspectivas multidisciplinarias. 

Por su parte, la Mtra. Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la IBERO Puebla, señaló que el diplomado supone una apuesta a la transformación social al impulsar al alumnado como agente de cambio a través de la prevención, la defensa y la exigibilidad de los derechos humanos.  

Derechos conquistados 

Según el artículo 1° constitucional, “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el país sea parte (…) El Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos”.  

En otros tiempos se hablaba de garantías individuales, no de derechos humanos. Con la reforma constitucional de 2011 en la materia, México se puso a la vanguardia en el reconocimiento y protección de la ciudadanía: con esta perspectiva se reconoce a las personas como sujetos de derechos.  

Dicho paradigma también permite el auxilio de instancias internacionales y exige mejores estándares para la administración de justicia. En síntesis, el enfoque implementado hace una década supone una transformación cultural, donde las instituciones y las relaciones sociales se ven impactadas por la perspectiva de derechos humanos, lo que ha permitido la creación de nuevas organizaciones civiles protectoras de estos.  

Pese al panorama legislativo favorable, Gonzalo Ituarte Verduzco, presidente de Servicios y Asesoría para la Paz, A. C. (SERAPAZ), alertó: “las leyes son un acto segundo; ha sido la lucha de los pueblos lo que ha hecho posible el avance. Este logro costó sangre, desapariciones y cárceles”. 

A través de un relato histórico meticuloso, el activista recordó cómo el surgimiento de la insurgencia social a finales de los años 60 provocó una guerra sucia por parte de las fuerzas oficialistas contra la ciudadanía. Con esa inercia, la década siguiente se caracterizó por la represión y tortura de activistas campesinos y urbanos. Esto dio pie a múltiples movimientos organizados como una respuesta a la omisión de los derechos básicos por parte del Estado.  

Los 80 fueron una época de transición, donde eventos como el terremoto de 1985 develaron la capacidad organizativa de la sociedad civil. En aquella época, el movimiento indígena encontró su desmarque del campesino y se gestó la conciencia de derechos de los pueblos; lo propio ocurrió con el fortalecimiento de los feminismos

Tras el fraude electoral de 1988, el gobierno generó interlocuciones estatales para reprimir y gestionar el descontento social a través de programas sociales y organismos públicos. Esto ocurrió a la par de la aprobación de las reformas neoliberales que agudizaron las brechas de desigualdad en México. De manera paralela, los derechos humanos se vieron amenazados por la creciente presencia del crimen organizado

La suma de factores propició el levantamiento del movimiento zapatista el mismo día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio. “El EZLN impactó a México y generó condiciones para cambios muy profundos”, enfatizó Gonzalo Ituarte. La lucha de los pueblos indígenas, explicó, no se limita al levantamiento, sino que ha tenido múltiples transformaciones y modalidades, como su más reciente zarpe hacia costas europeas. 

Cuentas pendientes 

Pese a la contribución de todas estas voces para conseguir una expresión cabal de los derechos humanos en el marco normativo mexicano, la realidad no proyecta lo establecido en el artículo 1°: “la articulación de este apartado se distancia, por acciones y omisiones del Estado mismo, de esta utopía”. 

 La lucha por la democracia y los derechos humanos ha caminado de la mano de la historia de los movimientos sociales en nuestro país. Para el presidente de SERAPAZ, el cambio cultural por venir deberá contemplar la construcción de espacios sustentables, decoloniales, paritarios y preocupados por las infancias. También será necesario, continuó, aspirar a modelos económicos que no sean predatorios y estrechen las brechas de desigualdad. 

El optimismo se encuentra en los innumerables testimonios de víctimas que toman la voz y exponen sus inquietudes. “Cuando el pueblo va construyendo desde su realidad y sus aspiraciones se crea el cimiento del futuro que buscamos”. El presente de México es el de un conflicto con raíces estructurales, por lo que deben generarse las condiciones políticas ideales para el diálogo y la superación de la conflictividad; todo ello, sentenció, vendrá desde abajo