Las agresiones contra la prensa en Puebla aumentaron a más del doble frente a las cifras de 2019, de acuerdo con el informe Distorsión: El discurso contra la realidad | Informe Anual 2020 publicado por la Oficina para México y Centroamérica de ARTICLE 19.

Según el análisis de la organización defensora de la libertad de expresión, la entidad pasó de 34 a 75 casos documentados y del cuarto al segundo lugar con cifras más altas.

Arriba de Puebla sólo se ubicó a la Ciudad de México con 92 agresiones. Y les siguieron Quintana Roo con 60; Veracruz con 52; Oaxaca con 44; Guerrero, con 41; y Baja California Sur, con 34, entre otros.

Los agresores y las agresiones en Puebla

En un análisis sobre los agresores se señala que 49 fueron cometidas por funcionarios públicos; 16, por particulares; nueve por actores desconocidos y en uno de los casos se identificó como actor al crimen organizado.

De los 75 casos de agresión registrados contra la prensa poblana, 22 se ubicaron en la categoría de Uso ilegítimo del poder público; 10 en Privación de la libertad y 10 más en Intimidación y hostigamiento.

Con ocho casos por cada categoría estuvieron en cambio las Amenazas y el Bloqueo o alteración de contenido; con siete, el Ataque físico; con cuatro, el Acceso ilícito a cuentas en línea y cuatro más como  Ataque a bienes materiales; mientras que con un caso por categoría estuvieron los Dominios o cuentas falsas por internet y los Ataques de denegación de servicio.

e-consulta y el hostigamiento judicial

De acuerdo con ARTICLE 19 de las 75 agresiones registradas en Puebla, en 16 se incurrió al hostigamiento judicial por la vía civil y en esta lista se incluyen los procesos legales en contra de los medios poblanos e-consultaEl Popular y Datamos.

Al respecto, la organización destaca que si bien estos procesos legales no los ha encabezado el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, sí están relacionados con funcionarios de su gabinete.

"Las y los directores de los medios de información e-consultaEl Popular y Datamos fueron las principales víctimas de este tipo de agresiones. Si bien ninguna demanda viene directamente del gobernador, todas fueron presentadas por funcionarios de su administración, como son el subsecretario de Movilidad y Transportes, el director del Instituto Estatal de Educación para Adultos y el subsecretario de Administración", señala.

El caso de e-consulta se destaca como particular, pues a lo largo de 2020 fue demandado en siete ocasiones y en estos procesos coincidieron como demandantes los integrantes de distintas oficinas del gobierno estatal.

El informe retoma una entrevista al director del portal, Rodolfo Ruiz Rodríguez, respecto al hostigamiento judicial contra medios de información que se caracterizaron por ser críticos a la administración de Barbosa Huerta.

"Rodolfo Ruiz, director de e-consulta, señaló que, aunque “muchos medios publican mi columna de opinión, sólo están demandando a los medios que no se han alineado a la política de Barbosa, que tiene la intención de que no critiquemos absolutamente nada de su gobierno”, cita el informe.

Barbosa y el Covid-19

En el informe de ARTICLE 19 también se aborda la actuación del mandatario poblano con la prensa  frente a la información que se ha generado en torno al COVID-19.

La organización realizó un recuento de las declaraciones en 2020 del gobernador de Puebla sobre la enfermedad y del trato hacia periodistas al cuestionar sus posturas y las de la administración estatal, documentadas en el informe especial C.O.V.I.D: Libertad de expresión e información durante la pandemia de COVID-19 en México y CA.

El gobierno de Puebla respondió al documento mediante cartas institucionales, en las que sostuvo que en la entidad se respetaba la libertad de expresión y que, a diferencia de gobiernos anteriores, no se condicionaban los contenidos publicados en los medios de comunicación ni se recurría a la amenaza.

Contrario a los discursos -concluye el informe de ARTICLE 19- tanto en la práctica del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como en la gestión de Barbosa Huerta se observa el hostigamiento por parte de funcionarios públicos.

"El presidente y el gobierno de Puebla podrán repetir en su discurso que son respetuosos de la libertad de expresión en México, pero sus propios funcionarios son quienes estigmatizan, hostigan y demandan a periodistas y medios que consideran adversarios”, señalan.

El caso Marín Torres

Aunque de manera breve, el informe también hace mención de la detención del exgobernador de PueblaMario Marín Torres, el pasado 3 de febrero y al impacto que esto tiene en el seguimiento a casos de agresión a la prensa.

Al respecto ARTICLE 19 reconoce que, si bien el exmandatario quedó sujeto a un proceso de prisión preventiva por el caso de tortura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro ocurrido en 2005, aún hay asignaturas pendientes en el cumplimiento de la justicia.

Entre ellas,  capturar y procesar a otros autores intelectuales y garantizar las condiciones para que después de un año y ocho meses de desplazamiento forzado fuera del país, la periodista pueda regresar.