El Congreso de Puebla aprobó la “Ley Agnes” o de identidad de género autopercibida tras más de diez años de lucha de la comunidad trans.

Las reformas al Código Civil del estado se aprobaron en sesión plenaria este jueves con 34 votos a favor y 6 abstenciones de PAN y PRD.

La legislación se concretó tras la presión de activistas y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que exigieron cumplir los acuerdos firmados con feministas en diciembre, tras la toma del recinto legislativo.

Ahora por fin se reconocerán géneros distintos al masculino y femenino; se podrá cambiar de género en las actas de nacimiento; se dará certeza jurídica a las personas que decidan hacerlo y se garantizarían sus derechos civiles.

De última hora la oposición echó del dictamen varios artículos señalados de inconstitucionales, por contener modificaciones de índole procesal.

Como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en 2019 que solo el Congreso de la Unión puede legislar en materia procesal civil y familiar, las bancadas de PRI, PAN, PRD, MC y los diputados sin partido aprobaron 15 propuestas reformatorias.

Los modificaciones las impulsó Rocío García Olmedo (del PRI), quien planteó cambios de redacción, eliminación de párrafos y artículos que establecían los pasos para tramitar el cambio de género, así como los requisitos que se pretendían establecer, por ser de índole procesal.

Se conoce como "ley Agnes" en memoria de la psicóloga y activista Agnes Torres Hernández, mujer transgénero que impulsó la legislación en Puebla desde la década pasada, antes de ser asesinada en 2012.

Entidad 14 en reconocer diversidad
Puebla se convirtió en la entidad número 14 en reconocer la identidad de género, tras aprobarse las reformas luego de casi siete horas de discusión.

Afuera del Congreso activistas vieron desde una pantalla en la banqueta la sesión, en espera de poder celebrar las reformas.

El debate a distancia fue emotivo y efusivo, pero por momentos agresivo y de confrontación personal, por lo que de a ratos se vitoreaba y abucheaba a legisladores.

La diputada Estefanía Rodríguez Sandoval (de Morena) recordó la lucha de activistas y sentenció que la legislación fue resultado de la presión social, no de la buena voluntad de los legisladores.

Vianey García Romero (de Morena), como presidenta de la Comisión de Gobernación, de la cual emana el dictamen, defendió la constitucionalidad del mismo y denunció que la oposición busca desprestigiar el trabajo de la coalición Juntos Haremos Historia por intereses político-electorales.
 
Ven doble moral
Mónica Rodríguez Della Vecchia (PAN) vio una doble moral en sus compañeras de Morena, por jactarse de defender los derechos de las mujeres y las minorías, pero no hablar de las acusaciones contra el senador morenista Félix Salgado Macedonio, por presunta violación y abuso sexual.

María del Carmen Cabrera Camacho (del PT), presidenta de la otra comisión dictaminadora, Procuración y Administración de Justicia, sostuvo que las reformas son muestra de que la legislatura escucha a la sociedad y vela por sus derechos.

Mónica Lara Chávez (del PES) consideró que las reformas son un paso más para la igualdad en la entidad y la eliminación de la discriminación.

José Juan Espinosa Torres (PT) criticó que el dictamen se haya retrasado, pues debía aprobarse antes del 15 de febrero como se prometió, además de que vio deficiencias y errores que pidió corregir.

El diputado sin partido Héctor Alonso Granados se dijo a favor del objetivo de las reformas, pero se expresó de forma despectiva sobre la comunidad trans y las personas con preferencias sexuales diversas, así que Rodríguez Sandoval y García Romero advirtieron que lo denunciarían por actos de discriminación y discurso de odio.