En noviembre de 2020, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en la que se revisaron 2 mil 800 contratos de Pemex por un monto total de 289 mil millones de pesos, reveló que el 90 % de los procesos de compras presentaron anomalías como falsa competencia, alta concentración en un solo proveedor y una clara preferencia por los procesos discrecionales, mediante invitaciones restringidas o adjudicaciones directas.

También se identificaron tres transacciones con una empresa fantasma realizadas desde 2018; 23 transacciones con empresas sancionadas o inhabilitadas, por 978 millones de pesos, y 32 transacciones con empresas de reciente creación, por 11 mil millones de pesos. En muchos de estos casos el problema identificado fue el bajo nivel de competencia en el proceso de contratación, que fue la situación del 41 % de las transacciones.

Los procesos de contratación opacos de Pemex permitieron que la red de corrupción de Odebrecht consiguiera acuerdos por más de 20 mil millones de pesos, como documentó MCCI desde 2017. También su filial Braskem-Idesa consiguió beneficios indebidos, ya que con el proyecto de Etileno XXI logró asegurar por veinte años el abastecimiento y monopolización del gas etano —derivado químico del petróleo— a un precio menor al de mercado. Por incurrir en faltas en la entrega del suministro a Etileno XXI, Pemex generó sanciones por casi 3 mil millones de pesos. Fue en diciembre de 2020 que este contrato fue desechado y se canceló el suministro para la petroquímica.

En marzo de 2020 se vinculó a un proceso de responsabilidades al subdirector de operaciones de Pemex Logística por otorgar un anticipo presuntamente ilegal de 27 millones de dólares en el proceso de compra de 700 pipas que nunca se entregaron. En diciembre se reveló que una empresa de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del presidente, había recibido dos contratos de Pemex por más de 360 millones de pesos. Después de que se hicieron de conocimiento público, las adquisiciones fueron canceladas por la petrolera.

Pemex es uno de los proyectos eje de este gobierno y la empresa productiva del Estado de mayor tamaño. El gasto de la petrolera —637 mil millones de pesos— equivale a la suma del gasto de las secretarías de la Defensa, Marina, Educación Pública, Salud, Gobernación y Comunicaciones y Transporte. Sin embargo, el proceso de contratación pública de Pemex sigue siendo extremadamente opaco y discrecional, por lo que los espacios para que continúe el desperdicio y uso irregular de recursos públicos siguen abiertos.

IMSS: el hermano a modo

La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla entregó por adjudicación directa, en abril de 2020, un contrato por 101 mil pesos a la empresa Monitoreo de Información y Publicidad para que realizara el servicio de monitoreo de medios de comunicación. De acuerdo con una investigación de Arelí Quintero, Tania Rosas y Mario Gutiérrez Vega, publicada en LatinUs, esta compañía forma parte del corporativo Media Solutions, que es encabezado por Gabino Robledo Aburto, hermano del actual director general del IMSS, Zoé Robledo. El propio funcionario fue director de análisis político de la compañía de 2000 a 2004, posteriormente fungió como director y finalmente salió para dejar a su hermano como el dueño.

Ambas compañías comparten domicilio, correos y logotipo, pero no están en la declaración de conflicto de intereses de Zoé Robledo. En dicho documento se mencionan tres empresas: Digital Media Monitoring, la inmobiliaria familia Robledar y la mezcalera Los Portadores del Elíxir. Además, el director del instituto declaró antes haber sido socio fundador de Gerencia del Poder. Esta última recibió un contrato en 2017 por 34.7 millones de pesos para desarrollar el plan de gobernanza pública, social y empresarial del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, en Texcoco, cancelado por el presidente López Obrador.

El corporativo Media Solutions también recibió dos contratos entre 2019 y 2020. Uno por parte del Banco del Bienestar, cuando estaba dirigido por Rabindranath Sala, y otro del gobierno de Puebla, encabezado por Luis Miguel Barbosa. Estos dos políticos fueron senadores de la República al mismo tiempo que Robledo durante la legislatura pasada.

Después de que se dieron a conocer los contratos, Zoé Robledo declaró que en el IMSS no había ninguna compra hecha a alguna empresa de su familia y que actualmente su único ingreso es su salario como servidor público. Sin embargo, la información pública de los contratos, consultable a través de la plataforma Compranet, muestra que se realizó una adjudicación directa a la empresa Monitoreo de Información y Publicidad en abril de 2020, después de que ya había iniciado la pandemia del coronavirus. Esto significa que la empresa fue invitada directamente por el gobierno para prestar sus servicios, lo que evidencia uno de los múltiples riesgos del uso y abuso de la figura de las adjudicaciones directas como mecanismo de asignación de los recursos públicos. 

Liconsa: la corrupción de la ineficiencia

Durante el primer año de gobierno de López Obrador, Liconsa fuera de la distribución de leche subsidiada a 478 mil mexicanos en situación de pobreza, incrementó en 150 % el precio del litro a los más pobres y eliminó de su lista prioritaria de abasto a 67 municipios vulnerables que tenían precio preferencial.

Liconsa es una empresa paraestatal que depende de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. La compañía se encarga de industrializar y comercializar leche a precios accesibles con el objetivo de apoyar el consumo y nutrición de las personas con menos recursos.

Aunque la meta establecida por la misma empresa había sido atender a 6.35 millones de beneficiarios, cifra alcanzada en el último año del gobierno de Peña Nieto, Liconsa reveló que al cierre del 2019 había atendido a 5.87 millones de personas. Esta cobertura fue la más baja en diez años de operación. En marzo de ese año, la titular del órgano interno de control de Liconsa reportó estas inconsistencias, que llevaron a una auditoría y a la renuncia del director de finanzas. Asimismo, se optó por aumentar el precio de la leche a los municipios con mayor marginación: pasó de 1 peso el litro a 2.50 pesos.

Además, el padrón de beneficiarios se redujo sin justificación alguna y productores de leche de veinte estados del país denunciaron irregularidades en el proceso de pagos que entrega al organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) por medio de Liconsa.

En agosto de 2020, una investigación de MCCI reveló que Grupo Vicente Suárez 73 S. A. de C. V., empresa fundada por Alejandro Puente, un empresario ligado a actos de corrupción, recibió dos contratos de Liconsa hasta por 4 millones de pesos para abastecer leche por cinco años. Cabe destacar que ni la empresa ni el empresario tienen experiencia en este campo. Debido a las acusaciones por irregularidades, Puente negó ser dueño de la empresa, pese a que al menos 25 medios de comunicación dejaron constancia de lo contrario. El presidente solicitó entonces que el caso fuera investigado por la Secretaría de la Función Pública.

El caso de Liconsa es un ejemplo de las consecuencias de la discrecionalidad por parte de tomadores de decisiones, en las que la promesa de atender primero a la población más pobre y vulnerable del país ha sido dejada de lado. 

Ana Gabriela Guevara: corriendo por la nómina

Cuando Ana Gabriela Guevara, exvelocista y medallista olímpica, asumió la titularidad de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), se esperaba una mejor gestión del deporte nacional, con mayor acercamiento y apoyo a los deportistas. Sin embargo, se han interpuesto varias denuncias en contra de la Conade por corrupción y los atletas han señalado la reducción de sus becas.

Durante 2019 se abrieron cuatro expedientes en la Secretaría de la Función Pública, uno de ellos para investigar las operaciones irregulares del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), utilizado para crear una red de empresas y personas ajenas al deporte y triangular recursos públicos. Una auditoría de la SFP confirmó que con este mecanis- mo se desviaron hasta 30 millones de pesos.

La titular de la Conade ha sido acusada de nepotismo, cohecho, desvío de recursos, extorsión e incluso homicidio en grado de tentativa. En abril de 2020, dos empresarios veracruzanos interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra Ana Gabriela Guevara por solicitar el pago de un soborno de 2.5 millones de pesos a cambio de recibir un contrato para el servicio de comedores de la dependencia. Posteriormente, ampliaron su denuncia tras haber sufrido un atentado y sobrevivir a 160 disparos en su contra. Sin embargo, en julio del mismo año los dos empresarios fueron detenidos por presuntamente participar en la desaparición forzada de un operador de Guevara.

Ana Gabriela Guevara no es la única funcionaria de la Conade acusada de corrupción. María de la Luz Chávez, responsable de Becas y Atención a Deportistas, se benefició de una beca del Fodepar por 35 mil pesos al mes sin ser atleta. El subdirector de Calidad para el Deporte, Israel Benítez, fue destituido por autorizar que siete analistas técnicos, que no eran atletas ni empleados de la Conade, utilizaran el servicio de hospedaje, alimentación y las instalaciones de la Comisión, lo que costó a la institución más de 133 mil pesos. Además, Benítez contrató a su propio sobrino, quien presentó información falsa, para “gestión administrativa”.

La mayoría de las denuncias impuestas contra la Conade siguen en proceso y no han generado ninguna sanción. Aunque se señaló que Ana Gabriela Guevara dejaría el puesto para buscar la gubernatura de Sonora, el presidente aseguró que ella seguirá coordinando el deporte en el país.

El caserío millonario de Manuel Bartlett

Al asumir el cargo de director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett presentó su declaración patrimonial, en la que señaló tener un patrimonio de 51 millones de pesos, ingresos anuales por 11 millones más, así como dos edificios y tres locales. Sin embargo, una investigación de Arelí Quintero, difundida por Carlos Loret de Mola en su sitio electrónico y en su programa de radio Así las cosas, señaló la existencia de veintitrés bienes inmuebles adicionales en las zonas más caras de la ciudad, así como diez empresas propiedad de su pareja sentimental y de sus hijos (algunas de ellas beneficiarias de contratos con el gobierno) y dos empresas en las que participaba Manuel Bartlett. Ninguno fue declarado por el funcionario.

La Secretaría de la Función Pública realizó una investigación al respecto y confirmó que los bienes y empresas efectivamente eran propiedad de quienes se había denunciado, pero “se comprobó que no existen indicios de que sus hijos León Manuel y Alejandra Bartlett Álvarez sean dependientes económicos; mientras que la señora Julia Elena Abdalá Lemus, si bien es su pareja sentimental, entre ambos no existe un vínculo legal de matrimonio o concubinato”. Así, la SFP concluyó que la omisión de hacer públicos dichos bienes con valor de más de 800 millones de pesos no violó ninguna ley.

Sin embargo, diversos medios revelaron que Bartlett y su pareja han mantenido una relación sentimental desde hace más de 20 años y que incluso adquirieron en copropiedad una casa ubicada en los límites de la ciudad y el Estado de México, por lo que la exoneración por parte de la SFP, más que producto de una investigación a profundidad, se fundamentó en una interpretación formalista de la ley. Por otro lado, la SFP tampoco acreditó que su investigación haya sido lo suficientemente exhaustiva como para determinar si los hijos de Bartlett son o no sus dependientes económicos o, en su defecto, si adquirieron los bienes en cuestión cuando tenían el carácter de dependientes económicos.

Al utilizar un tecnicismo legal para exonerar de cualquier responsabilidad a Manuel Bartlett, la SFP perdió una oportunidad única para demostrar que, tal como se señala desde el discurso presidencial, no se permitiría ningún tipo de trato privilegiado a nadie. Tal como casos posteriores evidenciaron, la aplicación de la ley parece ser diferente cuando se trata de personas cercanas al presidente o a su círculo.

Los ventiladores millonarios de León Manuel Bartlett

La pandemia de covid-19 requirió que el gobierno hiciera múltiples compras de emergencia para poder hacer frente a la crisis sanitaria. Varias investigaciones revelaron que equipo médico e insumos necesarios para combatir los contagios y decesos fueron adquiridos en contrataciones que no beneficiaron al gobierno, por el sobreprecio, ni a los ciudadanos, pues los equipos no cumplían con las especificaciones necesarias o llegaban con defectos a los institutos de salud. El caso más notorio de este tipo de contratación fue la compra que hizo el IMSS de veinte ventiladores respiratorios por 31 millones de pesos con una adjudicación directa a la empresa Cyber Robotics Solutions, cuyo dueño es León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del actual director de la CFE.

De acuerdo con una investigación de MCCI, la diferencia del precio de ventiladores respiratorios acordado con la empresa de Bartlett fue de hasta 85 % más con respecto a otros equipos adquiridos por el gobierno. Sin importar el alto e injustificable costo de los respiradores, el empresario consiguió contratos con otras dependencias del gobierno como el Ejército, la Marina y el ISSSTE. Precisamente con este último instituto de salud pública la empresa de León Bartlett ganó un contrato por adjudicación directa para proveer equipo de “ultrasonido torácico (portátiles de mesa) para tórax y pulmón” por un monto de 94.9 millones de pesos. León Bartlett consiguió, al menos, 162 millones de pesos por contratos —la mayoría por adjudicación directa— con el gobierno actual.

La Secretaría de la Función Pública inició un expediente de investigación a la empresa Cyber Robotics Solutions por la venta de ventiladores respiratorios al IMSS —que levantó un acta de rechazo para devolver los veinte ventiladores, ya que no cumplían con los requerimientos funcionales acordados—. El instituto confirmó el 28 de mayo de 2020 que habían sido suspendidos su titular en Hidalgo, Claudia Díaz Pérez, así como tres funcionarios involucrados en la compra. 

El 6 de julio, la SFP dio a conocer dos inhabilitaciones a la empresa por 24 y 27 meses, así como dos multas que suman 2 millones de pesos. De acuerdo con la circular publicada en el DOF, la compañía proporcionó información falsa con respecto a la supuesta disponibilidad inmediata de los ventiladores adjudicados, los entregó tarde y ninguno de ellos cumplió con las especificaciones técnicas contratadas. Sin embargo, el resto de contratos adjudicados y formalizados no se vieron afectados por esta disposición.

Pablo Amílcar Sandoval: impresentable superdelegado de Guerrero

Pablo Amílcar Sandoval fue el superdelegado de Guerrero encargado de los programas sociales del gobierno hasta octubre de 2020, cuando renunció para buscar la gubernatura. Al igual que otros delegados estatales de la Secretaría del Bienestar, tiene una denuncia por uso indebido de recursos públicos para promocionar su imagen. Sin embargo, su caso es distinto que el resto por un factor fundamental: es hermano de Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Entre los diversos casos controversiales a los que se le vincula, en diciembre de 2019 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que Amílcar Sandoval y otros trece superdelegados hicieron propaganda y promoción personalizada ilícita del presidente López Obrador, violando el artículo 134 constitucional, aunque los delegados replicaron con 39 impugnaciones reclamando tener derecho a difundir su trabajo.

En julio de 2020, se exhibió en medios que Amílcar Sandoval omitió en su declaración patrimonial una finca de 400 m2 en Acapulco. En el mismo mes, el diputado federal Rubén Cayetano amplió la denuncia que había hecho meses atrás contra el superdelegado por promoción personalizada, pues en redes se difundió un video en el que se observa cómo obligaron a beneficiarios de pensiones para adultos mayores a repetir y memorizar el nombre del superdelegado. En octubre, el Tribunal Electoral del Estado determinó que los 32 espectaculares que distribuyó con su imagen y nombre en siete municipios no fueron propaganda anticipada, pero la sentencia se encuentra en revisión.

También se ha criticado el posible conflicto de interés que existe entre Amílcar Sandoval y la SFP. Esta institución ha recibido más de cien denuncias contra los superdelegados, pero sólo ocho han avanzado en el deslinde de responsabilidades. Contra el superdelegado de Guerrero se han registrado cuatro denuncias, una desestimada por falta de elementos y las restantes permanecen en trámite. A pesar de las acusaciones en su contra, Amílcar Sandoval no cuenta con ningún proceso de investigación, mucho menos sanción, de la SFP.

El caso de Amílcar Sandoval representa los beneficios de una figura que concentra la imagen de los programas sociales en una sola persona a nivel local, crea redes clientelares y obtiene ventajas indebidas para contender por las gubernaturas. Aunque las autoridades señalan que existen mecanismos institucionales como la SFP para sancionar acciones ilegales, la falta de control en las actividades de los superdelegados del gobierno federal es evidente.

Carlos Lomelí: impresentable superdelegado de Jalisco

Tras una investigación de MCCI, publicada en mayo de 2019, en la que se señalaron diversos actos de corrupción relacionados con el superdelegado de Jalisco, Carlos Lomelí, la SFP anunció la apertura de siete investigaciones por conflicto de interés, enriquecimiento oculto, cohecho y tráfico de influencias. 

Lomelí formaba parte de una red de empresas, de las cuales afirmaba no tener conocimiento, que vendían medicamentos a instancias públicas. Hasta mayo de 2019, el gobierno actual les había concedido contratos por un monto mayor a 164 millones de pesos. Estas compañías simularon competencia entre sí y son dirigidas por al menos once familiares y amigos de Lomelí; además, muchas se ubican en predios de su propiedad.

La titular de la SFP señaló que Lomelí incurrió en conductas sancionadas por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por las que merecería ser inhabilitado para ejercer un cargo público hasta por veinte años y los contratos de las empresas farmacéuticas con el gobierno podrían ser anulados. Lomelí renunció a su cargo, no obstante, en noviembre fue exonerado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) al no encontrar ninguna falta administrativa.

La información pública sostenida durante la investigación fue irregular y poco transparente. Se constató una confusión de fechas en la audiencia del empresario y los responsables de exponer la denuncia nunca acudieron a la audiencia. Finalmente, Lomelí fue declarado inocente hasta no tener mayores pruebas.

En enero de 2020, una de las empresas de Lomelí ganó contratos por 128.6 millones de pesos durante la compra consolidada de medicamentos, gracias a que obtuvo una suspensión definitiva contra la inhabilitación de la SFP. Después que este hecho fue denunciado, Hacienda detuvo la formalización de los contratos y un magistrado federal eliminó la suspensión que permitió a la empresa seguir participando en contrataciones públicas.

Uno de los problemas estructurales que permitió que Lomelí abusara de su puesto como servidor público es la naturaleza misma de los delegados de la Secretaría del Bienestar, que tienen a su cargo una estructura importante de Servidores de la Naciónencargada de la entrega de todos los programas sociales del gobierno federal y cuya operación permite la creación de redes clientelares y de nepotismo. De hecho, el sucesor de Lomelí, Armando Zazueta, también ha sido señalado por múltiples irregularidades al integrar redes de familiares y amigos como Servidores de la Nación. 

El compadre de Rocío Nahle

A través de una invitación restringida, Grupo Huerta Madreuna empresa de Arturo Quintanilla Hayek —compadre reconocido de Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía—, consiguió un contrato por 4 mil 968 millones de pesos para acondicionar los terrenos de la refinería de Dos Bocas. Nahle negó la información difundida por diversos medios en mayo de 2020 y señaló que se trataba de mentiras y calumnias. Sin embargo, el contrato disponible públicamente mostraba la adjudicación al consorcio conformado por Van Oord de México y Grupo Huerta Madre.

La normatividad bajo la cual Pemex realiza sus contrataciones se conoce como Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas. En este marco normativo se estipula que los concursos abiertos deberían ser la vía general de contratación; sin embargo, sólo uno de cada tres contratos son asignados con este mecanismo, como lo demostró una investigación de MCCI.

Una excepción para realizar adjudicaciones directas o invitaciones restringidas corresponde a la urgencia de la adquisición o al alto grado de especialización y experiencia que se necesita para realizar la tarea. Sin embargo, Grupo Huerta Madre se había creado una semana antes de participar en el proceso de contratación y la experiencia previa del empresario Quintanilla Hayek era en bienes raíces, construcción y comercialización de herramientas. Esta compañía tampoco figuraba previamente como proveedora de Pemex o de la Secretaría de Energía.

Se presentaron diversas denuncias ante la Secretaría de la Función Pública por las presuntas irregularidades del contrato entre Pemex y Grupo Huerta Madre, acusando que fue asignado gracias a amiguismos y compadrazgo. Incluso el Consorcio Boskalis, otra de las empresas que acudió a la invitación restringida, impugnó la entrega del contrato a la empresa de Quintanilla Hayek argumentando que carecía de capacidad para realizar los trabajos operativos necesarios, por lo que no cumplía con la idoneidad requerida.

La asignación de este contrato podría violar el artículo 41 de la Ley de Obras Públicas, que exige imparcialidad, idoneidad y honradez en las contrataciones públicas. Se desconoce el avance de la denuncia interpuesta ante la SFP, pero aún no existe ningún tipo de sanción y el contrato continúa vigente. 

Funcionarios roban en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado

En mayo de 2019, Andrés Manuel López Obrador anunció que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) se convertiría en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) para entregar a la población los recursos obtenidos por la incautación de bienes de la delincuencia organizada y de actos de corrupción. El gobierno hizo énfasis en los lujos de los objetos a subastar y de sus dueños originales, así como la eliminación de intermediarios para entregar esos recursos.

El decreto que hizo oficial el cambio de nombre del SAE fue publicado hasta enero de 2020. Además del cambio de nombre, las confiscaciones de bienes ya no se destinarían a la reparación del daño a víctimas de la delincuencia, sino que serían entregados directamente a comunidades de escasos recursos y también se utilizarían para el financiamiento de programas sociales.

El 22 de septiembre de 2020, Jaime Cárdenas renunció a la dirección del Indep mediante una carta pública dirigida al presidente, en la que denunció la mutilación y robo de joyas que se subastarían, la entrega de contratos para beneficiar a empresas proveedoras en lugar del instituto, manipulaciones en el sistema de las subastas públicas y conductas de servidores públicos contrarias a la ley. El presidente desestimó los señalamientos de Cárdenas al considerarlos un “asunto politiquero”. En posteriores entrevistas, el exfuncionario relató que López Obrador le solicitó destituir a la mitad de los trabajadores del Indep —78 funcionarios— y, aunque elaboró un plan de reducción de personal, no se concretó.

Cárdenas también alertó de otros riesgos que enfrenta el Instituto, como problemas de liquidez para poder pagar sus obligaciones con trabajadores de Ferrocarriles Nacionales, de Luz y Fuerza del Centro y con las empresas proveedoras de los servicios de seguridad y administración de almacenes, así como recursos en poder el Indep cuyo origen es desconocido y que, por lo tanto, no pueden ser utilizados.

En poco más de un año de existencia, aún no son claros los mecanismos para asignar recursos derivados de las subastas por parte del Indep, pues diversas comunidades denunciaron que sólo habían recibido un cheque simbólico de papel que por varios meses no pudieron cobrar. Igualmente, se utilizaron 2 mil millones de pesos del Indep para que el gobierno se comprase a sí mismo boletos para la supuesta rifa del avión presidencial, lo que evidencia la arbitrariedad con la que esta dependencia puede ser utilizada. 

El secretario del presidente y sus empresas fantasma

Alejandro Esquer Verdugo es el secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador y su colaborador desde 1996. En 2018 fue secretario de Finanzas de Morena. En su encargo contrató a dos empresas fantasma de acuerdo con una investigación de MCCI.

En febrero de 2018, AMLO encabezó quince actos políticos junto a Miguel Barbosa en Puebla. De acuerdo con los informes presentados ante el INE, Alejandro Esquer contrató a la empresa Ligieri de México para el servicio de logística, alquiler de equipo y lona impresa de cada evento. En conjunto, Morena pagó 546 mil pesos. Quien aparece en los registros públicos como dueña de esta empresa también está en el padrón de beneficiarios de Liconsa. En febrero de 2019, la compañía fue liquidada y en septiembre de 2020 el SAT la declaró empresa fantasma.

Para la precampaña en Puebla, Alejandro Esquer también firmó un contrato por 348 mil pesos con la empresa Estrategia de Negocios y Comercio (ENEC) para el arrendamiento de diez espectaculares en la ciudad de Puebla. A pesar de haber sido pagados, los anuncios no aparecieron en el monitoreo de espectaculares del INE. El supuesto dueño de la empresa era empleado de un despacho contable y la administradora única era una mujer que reside en una colonia de interés social en la periferia de Puebla. Además, la empresa no tenía una ubicación física, sino una oficina virtual. En abril de 2020, el SAT determinó que ENEC era una empresa fantasma.

Existen otras acusaciones contra Esquer Verdugo. Luego de su renuncia del Indep, Jaime Cárdenas señaló que el presidente y su secretario particular esperaban obediencia ciega a sus indicaciones, aunque fuera en contra de la ley. Cárdenas también señaló que Esquer y Ernesto Prieto —entonces director de la Lotería Nacional y ahora del Indep— fueron a un almacén del instituto en Toluca y se llevaron artículos que ya habían sido subastados sin hacer los registros necesarios; también se apropiaron de un yate que la Marina tenía en comodato, argumentando que iban a venderlo, pero no sucedió. Finalmente, la hija de Esquer Verdugo, Carmelita Esquer Camacho, fue nombrada directora de Pemex Procurement International, encargada de las compras internacionales de la petrolera desde Houston, Texas, a pesar de no tener experiencia en dicha materia.

Los familiares incómodos

El 13 de junio de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo público un memorando que señalaba que no aceptaba que miembros de su familia hicieran negocios con el gobierno. Sin embargo, hasta ahora, tres de sus familiares han sido señalados por cometer presuntos actos de corrupción.

El primero fue su hermano, Pío López Obrador. Apareció en un video, difundido en agosto de 2020 por Carlos Loret de Mola en LatinUs, recibiendo 1.4 millones de pesos en efectivo para la campaña electoral de Chiapas en 2015 de manos de David León Romero. El presidente defendió lo sucedido argumentando que se trataban de “aportaciones voluntarias para fortalecer el movimiento”, a pesar de que en ese momento Morena ya recibía recursos públicos como partido político, que AMLO era el presidente del partido y que esos recursos jamás se declararon al INE, por lo que se trató de financiamiento ilegal.

La segunda fue Concepción Falcón Montejo, esposa de José Ramiro López Obrador, cuñada del presidente y primera síndica del ayuntamiento de Macuspana, Tabasco. En septiembre de 2020, todo el ayuntamiento de Macuspana renunció a sus cargos. Pocos días después, el congreso del estado presentó un reporte que encontró inconsistencias por 223 millones de pesos en faltantes y pagos sin justificar del ayuntamiento. Una de las funciones de la primera síndica es vigilar las finanzas municipales.

José Ramiro López Obrador fue presidente municipal de Macuspana entre 2004 y 2006. En 2010 fue acusado de haber desviado cerca de 40 millones de pesos de un proyecto inmobiliario. En 2018 fue nombrado por el gobernador Adán López como subsecretario de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos, cargo al que renunció para participar en el proceso electoral de 2021.

La tercera fue su prima, Felipa Guadalupe Obrador Olán. De acuerdo con una investigación del reportero Mario Gutiérrez Vega, presentada por Loret de Mola en LatinUs el 3 de diciembre de 2020, durante esta administración Obrador Olán ha participado, a través de la empresa Litoral Laboratorios Industriales, en contratos que suman más de 365 millones de pesos otorgados por Pemex. Un par de días después, en un comunicado difundido por Twitter, Pemex reconoció la existencia de una omisión en las asignaciones; anunció el inicio de una investigación y la rescisión de los contratos; también señaló que la prima del presidente fue advertida de no continuar interviniendo en las licitaciones desde diciembre de 2019, pero insistió en hacerlo durante 2020.

En 2019, López Obrador aseguró que no hay “negocio jugoso” que no se haga sin el visto bueno del presidente, pero parece que, cuando se trata de sus familiares, todo es diferente. 

El fraude de Morena con el sismo 

Seis días después del terremoto del 19 de septiembre de 2017, Andrés Manuel López Obrador —en ese momento, presidente de Morena— adelantó que su partido donaría la mitad de sus recursos a los damnificados y anunció la constitución del fideicomiso Por los Demás y también invitó a los ciudadanos a que depositaran en este fondo. El problema de esta medida es que los partidos políticos no pueden entregar dinero a las personas. Por eso, el INE ofreció que los partidos regresaran parte de sus recursos a Hacienda para que ésta pudiera destinarlos a los damnificados, pero Morena rechazó este camino.

De acuerdo con la investigación hecha por el INE, más del 44 % de los recursos de este fideicomiso provinieron de depósitos en efectivo, a pesar de que estaba claramente prohibido en el contrato del fideicomiso. Los depósitos eran realizados por grupos pequeños de personas que se formaban varias veces en una misma sucursal. Además, es claro que quienes operaban este fondo estaban estrechamente ligados a Morena: 84 % de los aportantes identificados eran legisladores de ese partido —los tres principales fueron Rocío Nahle, Ana Gabriela Guevara y Manuel Bartlett—. De las 70 personas que recibieron cheques para supuestamente entregar los apoyos, 56 pertenecían al partido.

Con base en estos hallazgos, el INE determinó imponer una multa al partido por 197 millones de pesos, 2.5 veces lo reportado en el fideicomiso. Sin embargo, el Tribunal Electoral decidió revocar el caso lisa y llanamente, argumentando que el INE no agotó la investigación, fue indebida la fundamentación y motivación de la sanción y violó los derechos de audiencia de la parte acusada. Tanto la investigación del INE como la defensa de Morena ante el Tribunal Electoral señalaron que el fideicomiso Por los Demás no recibió recursos del partido, es decir, Morena no donó un solo peso de sus prerrogativas a los damnificados.

Durante 2020, el presidente empujó la desaparición de 109 fideicomisos públicos al acusarlos de espacios opacos que propician actos de corrupción. No obstante, en 2018 tras la revocación de la multa por parte del Tribunal Electoral, López Obrador seguía convocando a la gente a depositar en el fideicomiso con el que Morena prometió apoyar a los damnificados por los terremotos, pero que resultó no ser de Morena. 

Las empresas fantasma del periódico de Morena 

En 2016, Jesús Ramírez Cuevas, actual vocero de la Presidencia de la República, fungía como vocero del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, además de ser el editor del periódico de Morena, Regeneración. Desde esa posición, Ramírez contrató los servicios de la empresa Benefak S. A. de C. V. para imprimir la publicación del partido.

El nombre de esta empresa fue controversial desde antes de las elecciones de 2018, pues una investigación periodística señaló que había recibido 58 millones de pesos por parte del Comité Estatal de Morena en Tabasco para la impresión de 20 mil ejemplares del periódico. Las facturas de dicha transacción formaban parte de una investigación de la Unidad de Fiscalización del INE. Jesús Ramírez respondió que la empresa sí había sido contratada, pero que el monto pagado había sido de 58 000 pesos.

El SAT inició una investigación sobre esta empresa desde julio de 2018, pues sus operaciones indicaban posibles irregularidades. Los visitadores del SAT acudieron al domicilio de la compañía, pero no lograron encontrar la empresa. Después de un año de procedimientos administrativos, la autoridad hacendaria determinó que Benefak S. A. de C. V. era una empresa fantasma.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad localizó y visitó a quien aparecía en los documentos públicos como la dueña de Benefak: Donají Corrales Ramírez, una mujer de bajos recursos que vive en una casa de láminas y cartón en la región de La Cañada, en Oaxaca. La presunta dueña se mostró sorprendida y dijo no conocer a ninguna de las personas mencionadas en el acta constitutiva. Ella sospecha que sus datos personales pudieron haber sido extraídos al inscribirse al programa Prospera. Esta empresa ha facturado más de 70 millones de pesos en un año como proveedora de los gobiernos de Puebla, Tabasco, Quintana Roo y Tlaxcala. En esta última entidad, el órgano de fiscalización local había identificado desde 2016 que Benefak era una empresa fantasma.

Las empresas fantasma han sido utilizadas por todos los partidos como un mecanismo para desviar recursos e incluso siguen recibiendo contratos por parte de la administración actual. Sin embargo, este caso demuestra que estas empresas también fueron utilizadas por el equipo más cercano al presidente López Obrador.