Por segunda vez el Congreso de Puebla llamará a comparecer a la alcaldesa de la capital, Claudia Rivera Vivanco, por considerar que no aclaró las supuestas ilegalidades que arrastra su gobierno.

La comparecencia se votará este miércoles en una sesión virtual de la Comisión Inspectora, convocada para las 11 de la mañana.

El citatorio caerá tan solo dos días después de que la edil morenista exigió al presidente del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla (también de Morena), que atienda a las feministas que están en plantón desde el martes.

La Inspectora planea que la nueva comparecencia sea el jueves 10 de diciembre a las 9 de la mañana.

Aunque el poder Legislativo ha sesionado solo por internet desde marzo, los diputados pretenden que la reunión con la alcaldesa sea presencial, igual que la anterior, realizada el 5 de octubre.

El nuevo llamado es bajo el argumento de que Rivera Vivanco “no cumplió satisfactoriamente” con los requerimientos que los diputados hicieron para la primera comparecencia.

Al encuentro del 5 de octubre la alcaldesa sólo acudió para presentar un expediente con la información solicitada, pero no se quedó a oír los cuestionamientos de los legisladores.

Antes de irse acusó persecución política y que la Auditoría Superior del Estado (ASE) se utiliza como “garrote”, pero luego solicitó una audiencia con el pleno del Congreso, misma que le fue negada.

Rechazan su expediente

Antes de votarse la nueva comparecencia este miércoles, la Inspectora planea rechazar el expediente enviado por Rivera Vivanco.

A juicio de la comisión que encabeza Olga Lucía Romero Garci Crespo (de Morena), la documentación recibida no aclaró las anomalías señaladas por los diputados.

Basados en notas periodísticas, los legisladores imputaron ocho casos de posibles ilegalidades al gobierno municipal.

Se trata de las obras de rehabilitación en el Centro Histórico; la compra de respiradores artificiales usados; compra de despensas; compra de paquetes sanitarios; compra de juguetes; contratación del servicio de barrido de calles; contratación del servicio de fletes y la entrega de apoyos para el pago de energía eléctrica.

El acuerdo de aquella ocasión pretendía incluso denunciar los hechos ante la Fiscalía General del Estado (FGE), pero antes de aprobarse se eliminó esta medida.