La navidad de 2018 fue trágica en Puebla. El helicóptero en que viajaba la gobernadora de ese estado mexicano, Martha Erika Alonso Hidalgo, se desplomó a pocos minutos de haber emprendido el vuelo. En el accidente murieron ella y su esposo Rafael Moreno Valle Rosas, quien también fue gobernador de esa entidad.

Alonso Hidalgo pertenecía a un partido de derecha y tenía apenas 10 días de haberse convertido en la primera mujer en gobernar la entidad. Su llegada al poder había sido muy polémica, ya que la elección fue impugnada por el candidato de izquierda debido a presuntas inconsistencias en el conteo de los votos.

Por la muerte de la gobernadora, durante casi un mes los poblanos se mantuvieron en incertidumbre sobre quién ocuparía el cargo de gobernador interino, mientras se convocaba a nuevas elecciones. Así fue hasta que el Congreso local anunció la terna de aspirantes a la administración temporal.

El 24 de diciembre del 2018 falleció la gobernadora, Martha Erika Alonso Hidalgo, acompañada de su esposo y exmandatario estatal, Rafael Moreno Valle Rosas. Foto: Agencia Enfoque

 

Uno de los tres finalistas fue el secretario general de gobierno en la brevísima administración de Alonso Hidalgo, aunque lo descartaron por incumplir con los requisitos. El segundo, un legislador local con licencia de un partido de centro que no recibió ni un solo voto. El ganador fue un hombre de casi 86 años con una larga trayectoria política en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Pacheco Pulido, quien de manera insólita arrasó en la elección: votaron por él 40 de los 41 congresistas.

La designación se dio en medio de un consenso inusual entre los miembros de los diferentes partidos políticos que, durante la toma de protesta, el 21 de enero de 2019, en el pleno del Congreso del Estado, olvidaron sus diferencias y recibieron con saludos y felicitaciones al nuevo gobernador.

Aquel día, Pacheco Pulido tomó el micrófono y, entre frases pausadas, expresó sus condolencias por la muerte del matrimonio e insistió en que la suya sería una administración honesta: “si algo deben tener las autoridades es hablar con verdad y hablar con realidad; si no podemos hablar con verdades y realidades, la autoridad no está cumpliendo su función”.

El 21 de enero del 2019 ingresó al pleno del Congreso local el priista, Guillermo Pacheco Pulido, a rendir protesta por un gobierno poco mayor a los seis meses Crédito: Agencia Enfoque

 

No hablaba con verdad. Esta investigación periodística revela cómo, durante los seis meses siguientes, el gobierno de Guillermo Pacheco Pulido destinó dinero a políticos, a empresas investigadas por posible defraudación fiscal y a empresarios cercanos a la política local.

Además, casi agotó los recursos públicos de todo el año. Así lo señalaron Luis Miguel Barbosa Huerta, su sucesor en el puesto, y el diputado local de izquierda José Juan Espinosa Torres, quien había votado a favor de su gubernatura. “Atrás de él (hubo) una serie de personajes ligados al priísmo en una alianza abierta y descarada” con el actual gobierno de izquierda, quienes, dijo, “hicieron y deshicieron a su antojo en muy poco tiempo”.

Sueño hecho realidad

Guillermo Pacheco Pulido hizo su carrera política con el PRI. Fue diputado local en la década de 1960 y legislador federal en los años 80. Su padre, Macario Pacheco Altamirano, fue líder social en Puebla; quizá de ahí provino su interés por la política y el origen del que consideraba el más grande sueño de su vida: ser gobernador de su estado.

Su constante interés en la jurisprudencia y la reflexión en la política hicieron que los sitios que visitaba atrajeran a todos los interesados en profundizar sobre derecho y política, recuerda la diputada local de Puebla por el PRI, Rocío García Olmedo, quien se unió a las filas del partido en 1974. Para muchos priístas, Pacheco Pulido ha logrado cultivar relaciones políticas muy importantes y es un ejemplo a seguir.

Otros, sin embargo, lo critican: “Siempre cerraba filas con el grupo político homogéneo en el Estado. Siempre fue leal e institucional al gobernador en turno”, describió el exregidor priísta Iván Galindo Castillejos al recordar que ocupó posiciones públicas locales en los periodos de los exgobernadores priístas Mariano Piña Olaya, Melquiades Morales Flores y Mario Marín Torres.

Quizá por sus relaciones políticas no llamó demasiado la atención que casi hubiera unanimidad en su elección como gobernador interino, a pesar de haber sido involucrado en uno de los casos más emblemáticos en México de violencia de Estado contra una periodista.

Un consenso inédito entre todos los partidos políticos permitió que Guillermo Pacheco Pulido fuese elegido gobernador interino, al ser respaldado por 40 de los 41 legisladores locales. Crédito: Agencia Enfoque

 

Ocurrió en 2005, cuando Pacheco Pulido era presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla. La periodista Lydia Cacho lo acusó de participar en la persecución que sufrió por parte de agentes del gobierno de Marín Torres, tras publicar un libro que revelaba una red de explotación sexual de menores de edad, en la que estaban involucrados los empresarios Jean Succar Kuri y Kamel Nacif, así como el propio gobernador.

De acuerdo con el expediente de la Organización de las Naciones Unidas sobre el caso: “existió un concierto entre particulares y autoridades de los poderes ejecutivos y judicial del estado de Puebla, incluidos el gobernador (Marín Torres) y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de ese estado (Pacheco Pulido), con el objetivo de perseguir a la autora”.

Unos días antes de que tomara protesta, Cacho publicó en su cuenta de Twitter: “Quieren de interino a uno de los cómplices de mi tortura y detención arbitraria”, según se lee en una nota del semanario Proceso.

En entrevista para esta investigación, el panista Oswaldo Jiménez López, el único diputado local que no votó para que Pacheco Pulido fuera gobernador interino, explicó que no apoyó la postulación, debido al pasado priísta del ahora exgobernador y por haber sido señalado de participar en el caso Lydia Cacho.

La danza de los millones

Pese a la trayectoria política de alto nivel y el apoyo de todas las fuerzas políticas de Puebla, la administración efímera de Guillermo Pacheco Pulido despertó muchas inquietudes por realizar un amplio ejercicio económico en unos pocos meses. Una de las primeras voces críticas fue el más grande rival de Martha Erika Alonso en las urnas, Luis Miguel Barbosa, quien se convirtió en el primer gobernador poblano de izquierda cuando finalizó el semestre de interinato.

Al asumir el poder, Barbosa declaró que la administración pachequista le había dejado únicamente 600 millones de pesos (28.3 millones de dólares), es decir, se había gastado más del 80 por ciento del presupuesto anual del estado: “Si alguien escuchó que había 3 mil 500 millones (165.3 millones de dólares) se equivocaron”, se quejó en su primera visita oficial al municipio poblano de Tepeaca. ¿Qué pasó con ese dinero?

La respuesta parece estar en algunos contratos que se firmaron durante esos primeros meses de 2019. Unos llaman la atención, como el de Consultoría en Prevención del Delito y Ciclos de Inteligencia SA de CV que recibió, por adjudicación directa, 9.7 millones de pesos (poco más de 463 mil dólares) para impartir dos cursos en la Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana.

Uno de los propietarios de esta firma es el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado Puebla (TEEP), Fernando Chevalier Ruanova, quien en su momento votó a favor de la ratificación de la victoria de Martha Erika Alonso. En entrevista, Chevalier Ruanova negó que su antiguo cargo público influenciara en la obtención del contrato, pues no tiene relación con la dependencia que lo solicitó y la decisión de la adjudicación directa se debió a la especialización de su empresa. El exmagistrado rechazó, asimismo, tener algún tipo de relación personal con Pacheco Pulido o su familia.

Durante 2018, Fernando Chevalier Ruanova fue el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) y votó a favor de ratificar el triunfo de la gobernadora electa, Martha Erika Alonso Hidalgo. Crédito: Agencia Enfoque

 

Un caso más es el de Grupo Fármacos Especializados SA de CV e Intercontinental de Medicamentos SA de CV (Intermed). El 20 de marzo de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un oficio en el que solicitaba a la Secretaría de Hacienda que “impidiera la participación en licitaciones o adjudicaciones directas” a tres empresas farmacéuticas, entre las que se encontraba Grupo Fármacos Especializados, SA de CV, por violar el Artículo 28 de la Constitución, “que prohíbe la existencia de monopolios”.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó, en marzo de 2020, que estaba investigando a Intermed por defraudación fiscal y operaciones simuladas con expedición de facturas falsas. Esta empresa, de acuerdo con la UIF, ha sido una de las 10 proveedoras más importantes del sector salud en México.

Grupo Fármacos Especializados e Intermed recibieron, durante la administración de Pacheco, contratos que, en conjunto, sumaron un pago máximo por más de 1 mil millones de pesos (47.9 millones de dólares), a cambio de proveer de medicamentos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los poderes del Estado en Puebla y a la Secretaría de Salud del Estado de Puebla (SSEP).

El 18 de julio de 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó la inhabilitación de Grupo Fármacos Especializados SA de CV, por dos años, y una multa superior a los 900 mil pesos (42 mil 527 dólares), debido a que proporcionó información falsa en una licitación nacional con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2017.

Un proveedor del sector salud que también destaca en las contrataciones es Instrumentos y Equipos Falcón SA de CV, que recibió, por adjudicación directa, 971 mil 477 pesos (45 mil 905 dólares) de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para suministros del Instituto de Ciencias Forenses. La firma de este contrato se realizó el 26 de febrero de 2019, cuando la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ya investigaba a esta empresa por posibles prácticas monopólicas en estudios de laboratorio y de banco de sangre en México. El 10 de agosto de 2020 resolvió que incurrió en irregularidades en el mercado.

El empresario, presidente del Heraldo de Puebla, conductor en la estación poblana La Ke Buena y comentarista deportivo, José Hanan Budib, es un beneficiado más del gobierno pachequista. Recibió de la Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana, por adjudicación directa, dos contratos en modalidad abierta por compra de combustible con la gasolinera Servicio Gran Avenida SA de CV, en la que Hanan es administrador único. Ambos se trataron en modalidad abierta, es decir, debió cobrar un mínimo de 2.2 millones de pesos (107 mil 736 dólares) hasta un máximo de 5.7 millones de pesos (269 mil 341 dólares).

Sobre estos contratos, este equipo buscó respectivamente, al área de prensa del ISSSTEP y al área de prensa Secretaría de Seguridad Pública, así como a los representantes de las empresas privadas mencionadas en los documentos legales, pero ninguno atendió a las solicitudes.

Por su parte, Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad (PCCI) presentó el 14 de julio de 2020 la investigación “Interinato, el negocio perfecto: las licitaciones de Guillermo Pacheco Pulido”, en la que documentaron anomalías en obra pública por 203 millones de pesos (9.5 millones de dólares dólares) en proyectos que no se realizaron.

Ante las irregularidades documentadas por PCCI, el Comité de Participación Ciudadana declaró que solicitaría al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción una investigación, aunque desconoce que exista la voluntad a indagar en las probables anomalías, pues el sistema no sesiona conforme a lo establecido en las normas y ni siquiera existe un plan de trabajo anual, según explicó Daniel Alejandro Valdés Amaro, presidente de la organización.

Para Miguel Calderón Chelius, coordinador de la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana, campus Puebla, en la gestión de Pacheco Pulido hubo “un exceso”, pues mandó a hacer obras públicas “que no le correspondían, porque ni siquiera tenía tiempo para hacerlas o distintas obras se empezaron a hacer y las mismas que después se malograron”.

 

¿Una relación muy estrecha?

Al gobierno interino también se le ha señalado por dar continuidad a una de las prácticas más arraigadas en el PRI: el conflicto de interés y el tráfico de influencias, como denunció Ana Teresa Aranda Orozco, exdirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla. Fiel a esa tradición, Pacheco Pulido logró que algunos priístas obtuvieran cargos en la administración pública estatal, de acuerdo con el politólogo Paulino Arellanes.

Así, en el gabinete temporal hubo priístas que ya habían formado parte de administraciones pasadas. Es el caso del exdirigente estatal del PRI en Puebla, Jorge Estefan Chidiac, quien durante el interinato fue  designado como titular de la extinta Secretaría de Finanzas y Administración (SFA); Julián Haddad Ferez fue director general del Instituto Poblano del Deporte y la Juventud con Pacheco Pulido, posición similar a la ocupada en el área deportiva del exgobernador priista de Puebla, Mariano Piña Olaya, y Arturo Hernández Davy, director del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, cargo que ya había ocupado de 2005 a 2011.

El diputado local de izquierda José Juan Espinosa Torres sostuvo, en la entrevista para esta investigación, que el propio hijo del exmandatario estatal se hizo del poder económico del estado: “[Guillermo Pacheco] entregó el control del gobierno del Estado en la parte económica y de obra pública a su hijo, Javier Pacheco Pensado, y en tan sólo unos meses se hizo un saqueo”.

El diputado local José Juan Espinosa opina que en el gobierno interino se hizo un saqueo de recursos públicos. Crédito: Agencia Enfoque

 

Pacheco Pensado es un empresario reconocido en el estado porque ha tenido éxito en diversos ámbitos, principalmente el de la construcción. También propietario de varias gasolineras y recientemente propietario del periódico La Crónica de Hoy en Puebla.

Con todo y que en el inicio de su administración Barbosa criticó duramente la administración de Pacheco Pulido, algunas columnas periodísticas de Puebla han señalado que la familia Pacheco respaldó la candidatura al gobierno de Barbosa Huerta en los procesos electorales de 2018 y 2019. Por ejemplo, el portal local MTP Noticias publicó el 10 de junio de 2019, en su columna “Punto y Aparte”, que los hermanos Javier y Guillermo Pacheco Pensado “se convirtieron en cercanos financieros y asesores de Miguel Barbosa”.

La relación entre Javier Pacheco y Barbosa Huerta se mantiene vigente, refiere el columnista Mario Alberto Mejía en una publicación del 16 de septiembre de 2020, en la que aborda un encuentro entre Barbosa y la presidenta municipal poblana Claudia Rivera Vivanco en los festejos patrios. “Algo llama la atención en ese acto: el único invitado especial del gobernador –más allá de sus funcionarios y los dos presidentes de los otros poderes– es el matrimonio que forman Araceli Morales y Javier Pacheco Pensado. Cosa curiosa: él fue el primero en acercarse y apoyarlo cuando nadie lo hacía”.

Debido a los señalamientos de irregularidades expresados tanto en columnas periodísticas como por el diputado Espinosa Torres, este equipo de periodistas contactó a Javier Pacheco Pensado para saber su postura al respecto. Él, simplemente respondió en un mensaje de texto: “gracias, no. Muy amable”. Tampoco el exmandatario interino, Guillermo Pacheco Pulido, respondió a las peticiones de entrevistas que se le realizaron por medio de su hijo y de su cuenta oficial de Twitter.

 

 

 

 

Acciones legales

Aunque la prensa local insinuó la relación cercana entre la familia Pacheco y el gobernador Barbosa Huerta, la actual administración anunció investigaciones por corrupción en los gobiernos anteriores. Así, el 2 de julio de 2020, reconoció el primer caso de abuso cometido por un funcionario del interinato. Ese día, Barbosa informó la detención de Óscar Chapa Palomeque, oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública en el gobierno interino, “derivado de diversas irregularidades en la adquisición de uniformes y zapatos escolares del ciclo anterior y claro que sí hay otras personas”, explicó.

Guillermo Pacheco Pulido y Miguel Barbosa Huerta se muestran unidos en el periodo de entrega-recepción, rumbo al cambio de gobierno en Puebla. Crédito: Agencia Enfoque

 

Por otro lado, en un boletín, la Fiscalía General estatal informó que “Óscar N.” fue “investigado por la presunta adquisición ilegal de más de un millón de uniformes escolares y más de 713 mil pares de calzado”, además de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción había iniciado dos carpetas de investigación en su contra por “suscribir ilegalmente, entre abril y mayo del año 2019, contratos de compra venta por adjudicación directa con un monto superior a 379 millones 800 mil pesos (17.9 millones de dólares)”.

Alejandro Meneses Fernández, presume en sus redes sociales que laboró de director de Operación de Personal de la SSEP, desde febrero del 2017 hasta mayo del 2019. Crédito: Facebook

 

Una situación similar ocurre con el actual rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), José Alfonso Esparza Ortiz, quien por adjudicación directa recibió 1.1 millones de pesos (53 mil 443 dólares) de la Fiscalía General estatal, por medio de la firma ESPOR Servicios Profesionales SC, por trabajos de auditoría externa, en marzo de 2019. Recientemente, la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla retiró el despacho de Esparza Ortiz de la lista de firmas autorizadas para auditar cuentas públicas, según consta en el padrón del organismo.

Ya el 22 de junio de 2020, la ASE había informado que la BUAP, “a través de su titular el rector Alfonso Esparza Ortiz hizo de manera arbitraria” el anuncio de la contratación de un despacho llamado Fates Consulting SC, “atentando contra todas las leyes aplicables”. Además, señalaba que había “detectado que el director de auditorías o encargado socio de Fates Consulting también es accionista de la empresa ESPOR, Servicios Profesionales, cuyo socio mayoritario es el rector Alfonso Esparza Ortiz”.

A través de una ficha informativa, el área de Comunicación Social de la BUAP respondió que el despacho de Esparza Ortiz tiene más de 20 años de experiencia y, desde el 2017 hasta el 2019, fue el auditor externo de la FGE; además, rechazaron que el cargo de rector de la universidad pública sea un razón por la que los contrataron: “La documentación disponible sobre los mencionados procedimientos da cuenta de que los contratos obtenidos por Espor en la FGE, y en el sector público en general, son totalmente apegados a la legalidad, además de ajenos a cualquier irregularidad o conflicto de interés”.

La lista no se agota aquí. Hay más personajes que aparecen como proveedores de la administración de Pacheco. Por ejemplo, los hijos de Germán Sierra Sánchez, antiguo miembro del Grupo Renovación del PRI, que apoyó la designación de Pacheco a la gubernatura. Germán y Carlos Sierra San Martín son propietarios de Monitoreo de Información y Publicidad SA de CV, firma que recibió contratos por alrededor de 904 mil 471 (43 mil 291 dólares), por lo que mantuvo sus contrataciones como en los gobiernos pasados que la beneficiaron.

Este equipo de periodistas encontró, asimismo, que el actual director de El Heraldo de Puebla, Erick Alaín Becerra Rodríguez, recibió tres contrataciones con AZB Comunicación y Capital Humano S de RL de CV, por más de un millón de pesos (50 mil 551 dólares) para brindar el servicio de atención a usuarios de la Red Urbana del Transporte Articulado que solicitó el OPD de Carreteras de Cuota Puebla.

 

En todos los casos mencionados en este trabajo se pidió entrevista y ninguno de los involucrados atendió las solicitudes de este equipo periodístico.

En medio de los señalamientos de posibles irregularidades en el gobierno de Pacheco, la politóloga del Tecnológico de Monterrey, campus Puebla, Maribel Flores Sánchez, considera que los diputados locales deberían proponer restricciones a los interinatos: “en caso de detectarse un acto de corrupción, no sólo es importante que se investigue y se sancione, también es importantísima la reparación del daño y la recuperación de activos; eso es fundamental para que, entonces, realmente se combata la corrupción”.

• Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.