Persisten problemas territoriales en los ejidos dentro de la mancha urbana de la capital del estado de Puebla, lo cual genera problemas tanto para los habitantes como para los gobiernos locales, declaró el diputado federal Alejandro Carvajal al tiempo que exigió la intervención de las autoridades estatales y municipales en dicha problemática, que afecta hasta 20 mil personas en Puebla.

En conferencia de prensa esta mañana, el legislador federal en compañía de integrantes de El Barzón Poblano, explicó que la falta de certeza jurídica en propiedades dentro de terrenos ejidales afecta no sólo a los propietarios sino limita la recaudación de impuestos l en la zona.

Expuso que autoridades municipales y federales prometieron instaurar programas para la regulación de los predios, sin que al momento la presidente municipal Claudia Rivera Vivanco en conjunto con ediles de la zona metropolitana hayan implementado alguno y  agregó que la federación ha sido lenta en la solucionar tal problemática.

Detalló que ninguno de los 9 ejidos dentro del municipio de Puebla funge como terreno de siembra, por lo que es urgente la intervención de autoridades municipales para solucionar tal problema.

Juan de Dios Rosales, integrante del Comité de regulación del ejido Ignacio Romero Vargas, explicó que en dicho ejido hay más de 150 hectáreas con la necesidad de regularse, integradas por cinco colonias, como La Cañada, Guadalupe Alberto de la Fuente y La Loma.

Además, el vocero de dicha asociación especificó que en México existen más de dos mil ejidos que fueron absorbidos por grandes manchas urbanas, como es el caso de la ciudad de Puebla. Agregó que en más de 30 años, cuando se expidió la reglamentación federal para este tipo de terrenos, no ha habido una directriz en favor de los habitantes de estos predios irregulares.

Recalcó que las autoridades ejidales han sustituido las funciones de gobierno, al tener la facultad de poder vender los terrenos de dichas zonas, lo que coloca a los habitantes en un estado de incertidumbre ante la ley. Mencionó el caso del ejido de Romero Vargas, en donde hasta 20,000 personas tienen en peligro sus patrimonios.

Por otra parte, denunció que los comisarios ejidales hacen negocios a partir del cobro de minutas y traspasos, que van desde los 50 mil hasta los 200 mil pesos, dinero que deja de entrar a las instancias de gobierno correspondientes.