Regidores de Tehuacán impugnaron en el TEPJF el proceso de disolución del Cabildo que inició el Congreso del estado por diversas anomalías. 

Los regidores demandan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) invalidar el procedimiento en su contra por considerar que violenta sus derechos político-electorales. 

Los inconformes interpusieron el miércoles un juicio en la sala regional Ciudad de México del TEPJF para intentar revocar el acuerdo con el que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales comenzó la desaparición de poderes en el municipio.

Los promoventes de la impugnación son los mismos regidores que no acudieron a ninguna de las dos audiencias de destitución, realizadas en el poder Legislativo el 13 y el 23 de julio. 

Entre ellos se encuentran Israel Nasta de la Torre y Víctor Manuel Canaán Barquet, quienes integraron la “Comisión Transitoria” a la que se atribuyen las principales ilegalidades en el ayuntamiento tras la detención del alcalde constitucional, Felipe Patjane Martínez. 

Su juicio para la protección de los derechos político-electorales ya fue admitido, se radicó en el expediente SCM-JDC-113/2020 y el proyecto de resolución está a cargo de la magistrada Guadalupe Silva Rojas. 

En el señalan como acto impugnado: “el Acuerdo de 6 de julio de 2020 emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la LX Legislatura del Congreso del Estado de Puebla, mediante el cual se declara el inicio de procedimiento de desaparición del ayuntamiento de Tehuacán, ya que refieren los promoventes —como regidores— se afecta el derecho a ser votado en la vertiente de ejercicio al cargo para el que fueron electos”. 

Su impugnación la tramitaron por la vía “per saltum”, es decir, que demandan la intervención del TEPJF sin recurrir antes al Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) por considerar que el asunto requiere atención inmediata. 

Imputan delitos y omisiones 

Los diputados de Morena, PT y PES iniciaron el proceso contra Patjane Martínez y los regidores por supuestos actos de corrupción y por presuntamente exceder sus facultades, usurpar funciones, obstaculizar la prestación de servicios, vulnerar el interés público, por crear una comisión transitoria ilegal, por disponer de recursos públicos federales sin facultades y por la probable alteración de actas de Cabildo. 

A esto se suman presuntas inconsistencias en dictámenes y acuerdos de las comisiones permanentes del ayuntamiento, mismas que fueron avaladas en el Cabildo, así como un supuesto “funcionamiento irregular” de las comisiones. 

El proceso de disolución del Cabildo incluye la destitución del alcalde suplente, Andrés Artemio Caballero López, que apenas lleva un mes en el cargo. 

Si bien los diputados de oposición coinciden en que hubo diversas ilegalidades en el ayuntamiento, han señalado que el proceso para disolver el Cabildo también es ilegal y arbitrario.