La coalición Juntos Haremos Historia se impuso en el Congreso de Puebla para aprobar una reforma que permitirá a los diputados nombrar al titular del Órgano Interno de Control (antes Contraloría) del IEE, de cara a las elecciones de 2021.

Pese a acusaciones de que se violentará la autonomía del Instituto Electoral del Estado (IEE), el bloque de Morena, PT y PES aprobó este miércoles por mayoría la medida impulsada por el coordinador de la fracción morenista, Gabriel Biestro Medinilla.

Con la reforma electoral aprobada en sesión ordinaria del pleno, también se eliminó la diputación de primera minoría, se legisló la violencia política y se hizo obligatoria la paridad de género en todos los cargos públicos.

Se aprobaría además la reforma del gobernador Miguel Barbosa Huerta para prohibir la propaganda electoral en espectaculares, bardas y el transporte público, pero ya no se discutió porque la sesión se suspendió tras extenderse por más de 11 horas, así que el asunto se abordará en otra sesión.

Meterán mano en el IEE

Aunque la oposición conformada por PAN, PRI, PRD, MC y CPP acusó que se pretende someter el IEE para perpetrar una “elección de estado” en 2021, el grupo mayoritario se negó a retirar del dictamen la disposición de nombrar desde el Congreso al titular del Órgano de Control del instituto.

Con las modificaciones, el contralor ya no será electo en votación por los siete consejeros electorales (mediante una terna propuesta por el presidente), sino que ahora lo designarán los diputados.

En el artículo 89 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado (Coipep) se estableció que el Consejo General del IEE ahora solo tendrá la facultad de nombrar al Secretario Ejecutivo y al titular de la Unidad Técnica de Fiscalización.

El Órgano Interno de Control se encarga de investigar y sancionar faltas administrativas del personal el IEE, incluyendo a los consejeros electorales, además de que puede practicar auditorías internas.

Los priístas Javier Casique Zárate y Rocío García Olmedo; los panistas Mónica Rodríguez Della Vecchia y Oswaldo Jiménez López; el diputado del PT José Juan Espinosa Torres; el perredista Armando García Avendaño; así como Carlos Morales Álvarez y Guadalupe Esquitín Lastiri (de MC), exigieron por escrito uno a uno modificar el dictamen para retirar la medida, pero sus propuestas fueron desechadas por mayoría.

Iban por Fiscalización

Originalmente el dictamen señalaba que los legisladores también elegirían al director de la Unidad Técnica de Fiscalización, que se encarga de revisar el uso y destino de recursos económicos de los partidos políticos, pero tras las presiones de la oposición, el grupo mayoritario aceptó recular.

Solo después de rechazar una decena de propuestas que buscaban esto, casi a las 11 de la noche, tras 11 horas de sesión, por fin se aprobó una propuesta del PRI, para eliminar lo de la unidad de Fiscalización aunque se conservara lo del Órgano Interno.

Suprimen “gran perdedor” pese a oposición

En otro punto, la coalición Juntos Haremos Historia y el PRI se aliaron para suprimir la diputación de primera minoría, conocida como la del “gran perdedor”, pues se otorgaba una curul plurinominal a los candidatos que obtenían más votos en sus partidos, aunque perdieran la elección.

Aunque el PT, el PRD y MC buscaron frenar esta medida, la mayoría se impuso y se aprobó desaparecer esta figura de la Constitución del estado y del Coipep.

Para ello se reformaron los artículos 35 constitucional y 16 del código, donde se estableció que ahora las diputaciones plurinominales se entregarán solo con base en el “orden que tuviesen las candidatas y candidatos en las listas correspondientes, las que deberán encabezarse alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo”.

Por tratarse de una reforma constitucional, se requería el aval de dos tercios de los 41 diputados, es decir, al menos 28, pero se juntaron 29, hubo 11 votos en contra y una abstención de Guadalupe Esquitín Lastiri.

Perderán candidaturas y registro por violencia

También se aprobó legislar la violencia política por razón de género, con lo cual se impedirá que agresores puedan votar o ser candidatos, y se podrá revocar una candidatura o hasta el registro de un partido político si violentan a mujeres.

Para prohibir las candidaturas se reformó el artículo 15 del Coipep, para que su fracción VI establezca que no podrán ser candidatos aquellas personas sancionadas por ejercer violencia política o por los delitos de violencia familiar o incumplimiento de la obligación alimentaria.

Por violencia política también se podrá sancionar a servidores públicos, representantes o dirigentes de partidos políticos, líderes religiosos e incluso el IEE podrá revocar el registro de una fuerza política por reincidencia y faltas graves.

Así quedó establecido en la fracción I del artículo 398 del Coipep:

“En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución Local y de este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, así como las relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, se sancionará con la cancelación de su registro como partido político local”.

Si se considera que las faltas son menores, los candidatos, servidores públicos, líderes religiosos y fuerzas políticas podrán ser sancionados únicamente con multas, reducción de financiamiento público o con la obligación de tomar un curso de sensibilización.

Paridad en todo

Con las reformas aprobadas también se elevó a nivel constitucional la paridad de género, para que la mitad de candidaturas y cargos públicos sean ocupados por mujeres.

Mediante varias modificaciones a diversos artículos de la Constitución Política, se hizo obligatoria la paridad en el gabinete del gobierno estatal y el de todos los municipios, así como en las regidurías, diputaciones y magistraturas del poder Judicial.