En estados como Puebla persiste la segregación y la discriminación en contra de la comunidad LGBTIQ, que se expresan en la ausencia de reconocimiento legal de las uniones civiles de parejas del mismo sexo.

Así lo denunció la presidenta de la Comisión de Género en San Lázaro, Wendy Briceño Zuloaga, quien demandó a los Congresos locales de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado De México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, a que en el ámbito de sus competencias adecuen la legislación civil y/o familiar, para el reconocimiento del matrimonio igualitario.

“Sus relaciones son invisibilizadas y sus derechos negados, pues se considera que dichas relaciones se apartan del único ejercicio de la sexualidad considerado socialmente legítimo: el heterosexual, y no representan lo que social y culturalmente se ha definido como familia tradicional”, expresó.

Aseguró que el reconocimiento de derechos humanos y el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, debe incluir el matrimonio igualitario como una acción de gobierno y en su caso legislativa, tendiente a reconocer la igualdad jurídica de personas LGBTI para suscribir un contrato social, como lo es el matrimonio civil.

Briceño Zuloaga añadió que las autoridades competentes de las Entidades Federativas, tienen la obligación de garantizar a las personas LGBTI el ejercicio de sus derechos sin discriminación por su orientación sexual, para lo que se requieren avances legislativos y en políticas públicas que respalden el “principio pro persona”.

Refirió que conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se debe de respetar y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas LGBTI.