Tras los recientes pleitos en el Congreso de Puebla buscan que los actos discriminatorios o de violencia política entre diputados sean castigados con el descuento de un día de salario.

Cada uno de los 41 legisladores locales tiene un sueldo neto de 55 mil 868 pesos mensuales, así que un día equivale a 1 mil 862.26 pesos.

La diputada Vianey García Romero (de Morena) plantea modificar las sanciones al interior del Congreso, para agregar los nuevos motivos de retención.

Con una iniciativa plantea modificar el artículo 58 de Ley Orgánica del poder Legislativo, que contiene las penas por mal comportamiento de los diputados.

Su reforma contempla que la fracción II señale que el descuento se impondrá al legislador que:

“Se haya conducido con violencia o incurra en actos de discriminación o que constituyan violencia política por razón de género, durante el desarrollo de las sesiones de los órganos legislativos o en el ejercicio de sus atribuciones”.

Actualmente, el artículo 58 solo prevé la retención cuando un diputado acumule dos o más amonestaciones con constancia en el acta en un periodo de sesiones; cuando se haya conducido con violencia en el desarrollo de una sesión o falte injustificadamente a alguna sesión del Pleno.

Estas sanciones se mantendrían y solo se agregaría lo referente a la discriminación y la violencia política.

Con esto se busca evitar más insultos, agresiones o actos de violencia política, como los cometidos recientemente por el diputado sin partido Héctor Alonso Granados.

Violencia política en elecciones

García Romero también presentó una iniciativa para legislar la violencia política en los precampañas y campañas, antes de que comience el proceso electoral de 2021,

Su propuesta prevé modificar varias disposiciones del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado (Coipep), a fin de prevenir la obstaculización, agresión o sabotaje contra candidatas.

Además de regular la propaganda electoral, para evitar que contengan mensajes discriminatorios o de descrédito, sus reformas prevén sanciones para castigar la violencia política.

Entre los castigos se encuentran multas, disculpas públicas o hasta la revocación de la candidatura del agresor.

Su propuesta es muy similar a la que ya había presentado previamente, pero ahora incorporó lineamientos para la paridad de género en las candidaturas.

Sus dos iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que ella encabeza, para que sean analizadas y eventualmente aprobadas.