La seguridad es una preocupación central de la vida en sociedad que tiene muchas aristas. Se trata de una condición social que se construye en las relaciones del día a día. Así lo señaló el Dr. Tadeo Luna de la Mora, responsable de Seguridad y Justicia en el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la IBERO Puebla, durante el webinario Seguridad ciudadana en México: una mirada al contexto actual.

Este término representa una de las aristas que conforman el concepto de seguridad humana, la cual define aquellas prácticas a través de las cuales se enfrenta la violencia contra las personas. Hoy en día, la seguridad es un ícono de la crisis de las sociedades contemporáneas y está íntimamente relacionado con la gobernabilidad y la democracia.

De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el concepto de seguridad ciudadana es el más adecuado para abordar los problemas de delincuencia y violencia desde una perspectiva de derechos humanos. Esta noción surge para asegurar la construcción de mayores niveles de ciudadanía y poner a las personas en el centro de las políticas de seguridad.

El experto reconoció que los gobiernos utilizan una definición reducida de seguridad ciudadana (generalmente confundida con la seguridad pública), lo cual lleva a creer que únicamente son importantes el sistema judicial y los elementos policiales, dejando fuera las garantías individuales.

Militarización de la seguridad pública

La presencia del ejército en las calles tiene amplios antecedentes. Algunos casos se ubican en la represión estudiantil en el sexenio del presidente Gustavo Díaz Ordaz; la guerra sucia durante los años 70 y 80; las confrontaciones al Ejército Zapatista de Liberación Nacional; la guerra contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón, y la Iniciativa Mérida en 2008.

La militarización se contrapone al organismo policiaco. La policía tiene un compromiso con la ciudadanía, actúa bajo una lógica de cumplir la ley y dosifica el uso de la fuerza. En cambio, la milicia tiene un compromiso con el Estado, opera bajo la dinámica amigo/enemigo y está formada para actuar en conflictos armados.

Mientras que la militarización directa se dio durante la guerra contra el narcotráfico con el protagonismo de las fuerzas armadas en los operativos, la indirecta ha dotado a las policías civiles de características militares. “Se cree que tenemos mejores policías porque están mejor armados, cuando deberíamos de pensar en capacitaciones en temas específicos”, señaló Luna de la Mora.

“Los procesos de militarización de no sólo contemplan el despliegue de las fuerzas armadas para la seguridad, sino que la injerencia escala a cuestiones de gestión pública. Los militares se constituyen como un actor hegemónico de la vida pública”: Dr. Tadeo Luna.

Recuperó un estudio (Silva, Pérez, Gutiérrez, 2017) sobre los índices de letalidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, el cual revela que los enfrentamientos tienen altos costos en vidas de civiles. Otro análisis (ENPOL, 2016) denunció que cuatro de cada diez mujeres detenidas por la Marina fueron abusadas sexualmente durante el arresto, y dos de cada diez por el Ejército.

En condiciones ordinarias, el Secretariado Ejecutivo de Puebla ha detectado un aumento significativo en homicidios dolosos entre 2015 y 2018: en tres años se pasó de 493 a 1,105. En ese lapso de tiempo, el uso de armas de fuego para asesinatos pasó del 57% al 67%. Esto impacta directamente la percepción social: ocho de cada diez personas se sienten inseguras en Puebla (ENSU, 2017-2020).

Sobre las variaciones en la población penitenciaria, reconoció un repunte en la ocupación de las cárceles del estado de Puebla: “Cada vez más se presentan casos de personas privadas de libertad en proceso. La prisión preventiva representa una violación sistemática de los derechos humanos”.

Qué hacer

El Dr. Tadeo Luna reconoció la complejidad del problema, el cual parte de diferentes fenómenos y tiene múltiples consecuencias. En un inicio, dijo, se debe transitar de una visión de seguridad pública a una seguridad ciudadana que garantice el acceso a los derechos humanos y ponga a la persona en el centro de las acciones y estrategias.

Alertó que existen barreras estructurales que buscan perpetuar los sistemas tradicionales. “La necesidad de seguridad no debe verse como orden público, sino como una necesidad de regular la convivencia social”. Para ello, el fortalecimiento de instituciones civiles, la gestión local de la seguridad, la participación comunitaria y la implementación de técnicas policiales de proximidad serán acciones esenciales.

El académico concluyó recalcando la urgencia de generar confianza ciudadana en las instituciones, así como aumentar la percepción de justicia procedimental y asegurar la recuperación de espacios públicos. De igual manera, la prevención social será efectiva siempre que los derechos humanos sean un límite infranqueable y se dé un abordaje integral de la seguridad y la delincuencia.

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