Elecciones se anularían por violencia política, según iniciativa

En Puebla buscan que las próximas elecciones a la gubernatura, diputaciones y alcaldías puedan anularse si alguno de los candidatos incurre en violencia política, que es el bloqueo o restricción del derecho de las mujeres a participar en la política.

Una iniciativa presentada en el Congreso local propone modificar el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado (Coipep) para que en el artículo 378 se incluya a la violencia política como una causal de nulidad.

Este factor se sumaría a los que ya existen para invalidar elecciones, como son: exceder el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; comprar o adquirir cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley o recibir y utilizar recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

Conductas de violencia política

El proyecto de ley además plantea agregar el artículo 387 bis, para enlistar en 16 fracciones los hechos o acciones que representan violencia política.

Algunos de los que señala son: “restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles, en razón de género; Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y/o actividades o proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular información falsa, incompleta, errada o imprecisa que impida su registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones”.

También: “proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas, electorales o jurisdiccionales, con la finalidad de menoscabar los derechos políticos de las mujeres y la garantía del debido proceso; Obstaculizar la campaña política o dañar en cualquier forma elementos de la misma, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad o realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales”.

Además: “divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereotipos sexistas; amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue electa o designada y/o ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos”.

La iniciativa es impulsada por la diputada priista Rocío García Olmedo y se envió a comisiones para su discusión y análisis.

Su propuesta se suma a la presentada por Vianey García Romero (de Morena), que incluye medidas antes de la elección y no después, ya que plantea impedir que voten o sean candidatos quienes hayan sido sentenciados por violencia política dentro de los dos años anteriores a la votación.