El Bufete Jurídico de la BUAP anunció que ofrecerá sus servicios gratuitos para todo aquel automovilista que decida tramitar un amparo para evitar el cobro del programa de reemplacamiento y canje de tarjeta de circulación que este año aplicará el gobierno del estado de Puebla.

Así lo expuso este martes la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en un breve comunicado, y agregó que recibirá documentación de los poblanos que estén interesados en tramitar un recurso en contra de este programa obligatorio que tiene un costo de 965 pesos.

"El Bufete Jurídico de la BUAP pone a disposición de toda la sociedad poblana sus servicios gratuitos, para promover la defensa legal correspondiente en contra del cobro por el reemplacamiento y tarjeta de circulación. Se estarán recibiendo solicitudes y documentación, para una vez que entre en vigor el programa se proceda a la defensa respectiva", dice el anuncio.

La institución detalló que los documentos y las solicitudes para acceder a este servicio podrán entregarse en las instalaciones del área jurídica de la BUAP, ubicadas en la 11 Sur número 4701, colonia Reforma Agua Azul, en un horario de 9:00 a 16:00 horas y de lunes a viernes.

Debido a que no se proporcionan mayores detalles sobre cuáles son los documentos que son necesarios, se proporcionan los números telefónicos 229-55-00 extensión 1600, donde aquellos interesados podrán obtener informes.

Según el gobierno estatal, será en abril cuando inicie el reemplacamiento obligatorio y ese mes se darán a conocer los requisitos para cumplir con el trámite. Antes hay que pagar el control vehicular que tiene un costo de 530 pesos.

Este anuncio surge en medio de la pugna alentada desde el Congreso local para que la Auditoría Superior del Estado realice una auditoría preventiva al ejercicio fiscal 2019 de la BUAP y los señalamientos del gobernador Miguel Barbosa Huerta para que permita la revisión.

Sin embargo la institución se ha opuesto desde el mes de diciembre al señalar que una fiscalización en “tiempo real” y a recursos federales sólo puede realizarla la Auditoría Superior de la Federación, por lo que la intención es inconstitucional.