El auditor de Puebla, Francisco Romero Serrano aseguró que la fiscalización a la BUAP se realizará con apego a la ley y pidió al rector Alfonso Esparza Ortiz dialogar y argumentar su inconformidad con la revisión “preventiva”, que ha sido señalada de violar la autonomía de la institución.

A través de redes sociales, el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) respondió casi medio día después a las acusaciones de injerencia en la universidad y usurpación de funciones, lanzadas en su contra por el Consejo Universitario.

En dos publicaciones en su cuenta de Twitter el expresidente del Consejo de Organismos Empresariales (COE) se refirió al caso para exigir “respeto y no más violencia social”, luego que el presidente del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, advirtiera que no se permitirán “chantajes y amenazas” de la universidad.

En contraparte, Romero Serrano sostuvo este viernes que la revisión se llevará a cabo con “respeto” y solicitó “diálogo” con el rector.

En un tuit pidió a Esparza Ortiz acudir a la ASE a presentar en persona sus argumentos por los que está en contra de la auditoría, o enviarlos por escrito.

“ La Autonomía Universitaria es sagrada, por tal motivo hago una atenta invitación a @alfonsoesparzao para que me de a conocer sus argumentos respecto a lo que considera violaciones de procedimiento de auditoría, con una visita de cortesía a la @AsePuebla o por la vía escrita”, señaló.

En otra publicación, prometió fiscalizar los recursos con respeto y apego a la ley.

“Si al diálogo, no a la violencia social. Fiscalizaremos con respeto y apego a la ley”, apuntó.

Evita referirse a acusaciones

Romero Serrano evitó responder a las acusaciones de usurpación de funciones e injerencia en la vida universitaria que vertieron en contra los consejeros universitarios en la sesión del jueves.

El consejo acusó que la ASE vulnera la autonomía universitaria al revisar el ejercicio fiscal 2019, atribución que solo tiene la Auditoría Superior de la Federación (ASF), además denunció que el personal de la auditoría local no se acreditó ni notificó de la fiscalización, de modo que incumplió con el debido proceso.