La creación de por lo menos 328 expedientes contra “opositores políticos”, acusaciones de anomalías en los casos de Chalchihuapan, el presunto feminicidio sin resolver de Paulina Camargo Limón y hasta el robo a la bóveda de evidencias, marcaron el paso de Víctor Carrancá Bourget por la Fiscalía General del Estado (FGE).

El pasado jueves Carrancá presentó su renuncia definitiva al cargo, después de que en septiembre de 2018 pidió una licencia en medio de críticas por su desempeño.

Será en los próximos días cuando el Congreso local arranque el proceso para renovar al fiscal general del estado, para lo que deberá integrar una lista de 10 aspirantes y enviarla al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para que elija a tres personas y de esa terna los diputados designen al nuevo titular de la FGE.

Al iniciar el sexenio de Rafael Moreno Valle, en 2011, Carrancá fue designado al frente de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ). En 2016, los legisladores reformaron la ley local para darle autonomía y que se convirtiera en Fiscalía, además alargaron el periodo del ahora exfiscal hasta 2023.

 

Arman expedientes contra opositores

De acuerdo con el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla, con Carrancá al frente la Fiscalía creó durante el sexenio de Moreno Valle 142 expedientes de opositores a ese gobierno, además hubo 186 órdenes de aprehensión no procesadas.

Al cierre de la gestión de Moreno Valle, en 2017, había cinco encarcelados que se oponían a sus políticas de gobierno, además de una persona en arraigo.

Entre los llamados presos políticos destacan integrantes de la Organización Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, pobladores de Chignahuapan que ocuparon predios que supuestamente pertenecen a los políticos priístas Amado y Lorenzo Rivera Sosa.

Entre 2011 y 2012, un total de 22 hombres y nueve mujeres, pertenecientes a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) también fueron encarcelados, pero salieron de prisión tras pagar una fianza de 12 mil pesos por los delitos de despojo, invasión de propiedad ajena, asociación delictuosa y amenazas.

En septiembre de 2012, 26 pobladores de Francisco Z. Mena fueron detenidos por tomar una carretera estatal en protesta contra Petróleos Mexicanos porque incumplió con un compromiso para reparar los caminos de la comunidad.

Los 25 hombres y una mujer fueron liberados tras el pago de una fianza de 50 mil pesos, impuesta por los delitos de ataques a las vías de comunicación y motín.

El 3 de mayo de 2013 fueron arrestados tres jóvenes, supuestamente por planear un atentado contra el presidente Enrique Peña Nieto, durante su visita para encabezar el desfile del 5 de mayo.

En tanto que el 10 de octubre fue aprehendido Delfino Flores Melga, de 90 años de edad, por el delito de despojo de un terreno ubicado en ampliación Xilotzoni. El activista murió en prisión el 25 de junio de 2014.

 

Señalan deficiencias en el caso Chalchihuapan

Carrancá estaba al frente de la dependencia en 2014 cuando creó la llamada teoría del “cohetón” y la onda expansiva para explicar la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, tras la represión a una protesta de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan.

Sin embargo, la CNDH echó por tierra las justificaciones del fiscal al señalar que fue una lata de gas lacrimógeno disparada por un policía lo que golpeó y a la postre le quitó la vida al menor, por lo que emitió una recomendación por violaciones graves para resarcir el daño a las víctimas.

 

El caso Camargo

En agosto de 2015, la joven Paulina Camargo -quien estaba embarazada- desapareció y presuntamente fue asesinada por su pareja José María “Chema” Sosa Álvarez, sin embargo a la fecha no se ha encontrado el cuerpo de la víctima.

Tras un amparo que Sosa obtuvo por parte del Segundo Tribunal Colegiado por el delito de homicidio, se le abrió un proceso por la “desaparición” de Camargo, ya que su cuerpo no fue encontrado.

 

Robo a una bóveda

En octubre de 2017 se registró un robo en la bóveda de evidencias al interior del propio edificio de la FGE ubicado en el Bulevar 5 de Mayo, a unos metros de la oficina de Carrancá Bourguet.

La sustracción fue de poco más de 8 millones de pesos incautados en diversos procesos penales, delito por el cual fue detenido el subdirector de Bienes Asegurados de la Fiscalía General del Estado, Nahur Hernández Santaella.

 

Conciliaciones pendientes

Según se indica en la página de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, la FGE no tiene recomendaciones pendientes, sin embargo tiene tres conciliaciones sin cumplir, las cuales consisten en peticiones de arreglo entre la dependencia y los quejosos.

Un caso es la conciliación asentada en el folio 30/2017 en contra del agente del Ministerio Público Investigador de Huauchinango, así como la que se encuentra en el expediente 11/2017 en la que se solicitó a la institución un trato digno y a brindar información. Otro caso es la conciliación 04/2017 que fue dirigida a la fiscalía.

Foto: Agencia Enfoque