Ejidatarios de la junta auxiliar de La Resurrección exigieron al ayuntamiento de Puebla que les restituya la posesión de 170 hectáreas, debido a que la administración de José Antonio Gali Fayad los dejó de reconocer como legítimos dueños al quitarles la titularidad de las cuentas de predial.

Los campesinos obtuvieron una sentencia judicial a su favor, a través del juicio de amparo 971/2019, que ordena al ayuntamiento de Puebla que reconozca como propietarios de esa extensión a 500 ejidatarios.

Rafael Cabrera Cruz, representante de los inconformes, acusó en rueda de prensa a la actual directora de Catastro del gobierno municipal María Luisa Sánchez de Ita, de estar detrás de un plan para despojar a los ejidatarios de los terrenos, por lo que pidieron a la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco, la renuncia de la funcionaria.

Los ejidatarios advirtieron que están organizados y respaldados por los habitantes de La Resurrección para evitar un posible despojo y advirtieron que “no se dejarán quitar ni un centímetro de tierra”, que supuestamente estaba destinada a formar parte de un desarrollo comercial.

Acusan anomalías en el Catastro municipal

En su intervención, Francisco Clemente Tlasca Pérez, quien es presidente del Comisariado Ejidal de La Resurrección, explicó que en 2014, una persona de nombre Carlos Juárez Camacho reclamó la propiedad de 170 hectáreas de La Resurrección, las cuales se encuentran a un costado de la autopista Puebla-Veracruz.

Juárez adujo en ese entonces que la señora Imelda Trinidad Flores Rosas le vendió la superficie en cuestión y sin tener documentos con qué comprobar sus dichos, las autoridades judiciales en Puebla dieron entrada a un juicio que inició para reclamar la propiedad, y que se registró en el expediente 1059.

El representante de los inconformes indicó que Juárez Camacho estuvo respaldado en todo momento por el gobierno del exalcalde José Antonio Gali Fayad, debido a que era un prestanombres del exgobernador Rafael Moreno Valle, quien pretendía hacer un desarrollo comercial en la zona.

Incluso, comentó que el presunto prestanombres registró en el juicio un domicilio que resultó ser una casa abandonada, según detectaron las autoridades judiciales.

Ante el reclamo de Carlos Juárez, la directora de Predial del ayuntamiento suspendió las cuentas prediales de los ejidatarios, hecho que interpretaron como un respaldo a un hecho ilegal, pues insistieron en que aquél no es propietario de las hectáreas.

Por ello, el presidente del comisariado ejidal inició un juicio de amparo, con número de expediente 971/2019, en el que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, falló a favor de los quejosos, en la sentencia que emitió el pasado nueve de septiembre.

Tlasca Pérez exigió al ayuntamiento de Puebla que acate la resolución judicial y que devuelva sus cuentas prediales a los ejidatarios en cuestión. Añadió que ya solicitó una audiencia con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para que intervenga en el caso, en quien dijo confiar pues señaló que en campaña, el mandatario prometió “no repetir los vicios del pasado”.

Foto Agencia Enfoque