El enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo por la ley de remuneraciones, que ordena que ningún funcionario gane más dinero que el presidente, podría terminar con denuncias y peticiones de juicios políticos.

La ley de remuneraciones ordena que ningún funcionario gane más de 108 mil pesos, pero los partidos de oposición presentaron una acción de inconstitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia admitió a trámite el recurso y ordenó que no se aplique la ley hasta que la estudie y determine si es legal.

Gabriel Regino, abogado penalista, le dijo a MVS Noticias que en la ley de remuneraciones se indica que los funcionarios que cobren más que el presidente incurren en un delito y que serán sujetos a proceso judicial tanto el que reciba un suelto mayor como el que lo autorice.

Los partidos opositores presentaron una acción de inconstitucionalidad y el ministro Alberto Pérez Dayán la aceptó a trámite, pero habría aplicado un criterio que sólo es válido para las controversias constitucionales.

Gabriel Regino indicó que las controversias constitucionales se producen cuando hay una invasión de competencias y que las acciones de inconstitucionalidad se solicitan para determinar si una ley es o no constitucional, pero que no se debe suspender la aplicación.

“La controversia constitucional se genera cuando hay un conflicto de competencias o de invasión de competencias; las acciones de inconstitucionalidad son un análisis de norma general para determinar si es o no constitucional, pero esta acción no prevé la figura de suspender la aplicación de la norma”.

El abogado penalista previó dos escenarios, uno en el que la PGR inicie una investigación en contra de quienes autoricen que los funcionarios ganen más que el presidente, y otro en el que cualquier ciudadano le pida al Congreso de la Unión que se inicie un juicio político en contra del ministro que admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y ordenó congelar la ley de remuneraciones.

Para conseguir que se le inicie un juicio político al ministro tendrían que apoyar la solicitud 251 diputados y 85 senadores.

“(Se podría) destituir e inhabilitar (al ministro porque) ha suspendido una ley sin que la ley prevea la figura de suspender la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos”.

Crédito de la foto @SCJN