Puebla, omisa contra la trata de personas en el agro: CNDH

A pesar de ser el tercer estado con mayor concentración de trabajadores en campos agrícolas del país, Puebla es omisa por no brindar información de acciones para detectar y prevenir posibles casos de trata de personas en estos centros de trabajo.

Así lo reveló el “Estudio sobre la intervención de las autoridades del trabajo en la prevención de la trata de personas y la detección de posibles víctimas en campos agrícolas” a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Aunque Puebla formó parte de los estados que cuentan con una Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, fue omisa para reportar actividades al respecto.

El organismo autónomo valoró que la respuestas proporcionadas fueron disímiles, cinco dependencias contestaron en términos generales -entre ellas Puebla-, y reconoció buenas prácticas de las autoridades del trabajo, aunque aisladas y sin sustento en políticas públicas.

Puebla, hermética para informar sobre el combate a trata de personas

La CNDH consultó a las autoridades de trabajo en los estados sobre diversas acciones para detectar y prevenir la trata de personas en campos agrícolas, y en Puebla tocó a la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade).

Si bien informó que sí realizan acciones para detectar posibles casos de trata de personas en estos centros de trabajo, fue omisa para informar sobre la detección e identificación de víctimas de explotación laboral en el campo.
No se sabe de inspectores comisionados, ni de personal capacitado en trata de personas o de explotación en centros de trabajo o servicios forzados ni en relación a los procedimientos de actuación establecidos en el supuesto de que se presente esta condición.

De sanciones y recomendaciones implementadas por autoridades del trabajo al incumplimiento en las condiciones de los jornaleros, para ellos y sus familias, detectados mediante las inspecciones, tampoco hubo información proporcionada.

Cabe mencionar que Puebla es tercer estado con mayor población ocupada como trabajador agrícola pues representa el 11.1% del país, después de los estados de Veracruz y Chiapas, y a nivel local el 23% de su población de desempeña en el sector.

Secotrade tampoco informó sobre la generación de un registro de la población jornalera ni de los centros de trabajo que los agrupa, a pesar de que esto facilitaría la detección de casos y diseño de acciones que contribuyan a la prevención y detección de casos.

No obstante, sí lo hizo en relación a las políticas públicas, programas o acciones que se realizan para prevenir y erradicar el empleo en niños y adolescentes en campos agrícolas.

Dado que Puebla no fue el único estado en ser omiso para brindar dicha información, la Comisión Nacional de Derechos Humanos impulsó a las autoridades a la delimitación de metas e indicadores que permitan conocer a fondo el trabajo en la materia.