La Secretaría de Hacienda habría triangulado en 2016 fondos para las campañas del Partido Revolucionario Institucional.

El desvió de fondos se habría realizado cuando Luis Videgaray era el titular de la Secretaría de Hacienda.

El Comité Ejecutivo del PRI y la Secretaría de Hacienda habrían avalado la estrategia para desviar 250 millones de pesos.

En una nota que publica el diario Reforma se indica que una declaración ministerial de un testigo con identidad reservada reveló que los gobiernos de César Duarte, en Chihuahua; de Javier Duarte, en Veracruz, y Egidio Torre, en Tamaulipas, acordaron con Manlio Fabio Beltrones, ex presidente del PRI, enviar el dinero a las campañas del tricolor.

El diario Reforma asegura que el testigo con identidad reservada es Jaime Herrera Corral, ex secretario de Hacienda de Chihuahua durante el gobierno de César Duarte.

El 1 de julio de 2017 Jaime Herrera Corral declaró que un operador financiero del PRI le reveló el plan para desviar los recursos.

Alejandro Gutiérrez era el operador financiero del PRI. Me comentó que había un acuerdo con la Secretaría de Hacienda federal para que a través de tres estados, siendo estos Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua, apoyaran con la operación electoral a nivel nacional del año 2016 para aquellos estados en donde no se tenían gobiernos priistas, y requerían recursos”.

Indicó que recibieron el dinero y que con el respaldo de tres funcionarios simularon compras para entregar el dinero al PRI.

“Con el apoyo del entonces Secretario de Educación estatal, Ricardo Yáñez; de Gerardo Villegas, director de Administración, y de Antonio Enrique Tarín García, director de Adquisiciones de Chihuahua, simularon compras para enviar de regreso al PRI 250 millones de pesos”.

Jaime Herrera Corral le dijo a las autoridades que el ex gobernador César Duarte estuvo enterado del desvío de recurso y que estuvo de acuerdo.

La versión indica que como el desvió de recursos se hizo de forma apresurada, los funcionarios dejaron huellas en el camino que detectó la Auditoría Superior de la Federación.

“Es de hacer notar que por la presión con la que insistió Alejandro Gutiérrez a la Secretaría de Hacienda federal, el trámite se hizo de manera incorrecta, existiendo evidencias actuales, ello por la premura en que se operó ya que el convenio se firmó con fecha 15 de enero de 2016 y no obstante que la solicitud del dinero se realizó con fecha 13 de enero, la SHCP federal lo selló con una fecha posterior, que fue el 16 de enero”.

“Esto llevó a que derivado de una revisión de la ASF a la Secretaría de Hacienda federal solicitara la sustitución del oficio de esa solicitud para corregir esta irregularidad, misma que no se llevó a cabo”.

El plan de los funcionarios consistía en que los 250 millones de pesos proviniera de dinero público, pero de fondos estatales, para que la Auditoría Superior de la Federación no lo detectara.

“El dinero exigido saliera de dinero público pero de origen estatal, ello como decisión de las áreas de Egresos y Administración de la Secretaría de Hacienda del estado, a efecto de no hacer una devolución de recursos de origen federal con el mecanismo solicitado, en virtud de que se buscó que no fuera observado por la ASF

“Es decir, ingresó el dinero federal a las arcas del estado y, a fin de cumplir con el PRI Nacional, fue que se desvió 250 millones de pesos, pero de origen estatal, a fin de que no fueran revisados por auditorías federales, quienes vigilan el dinero de origen federal”.

Ricardo Yáñez, secretario de Educación de Chihuahua, le informó al gobernador César Duarte que la operación había sido detectada.

“A partir del 7 de junio de 2016 el titular de la Secretaría de Educación, Ricardo Yáñez, informa al ex gobernador (Duarte) que la ejecución del proyecto de extracción de fondos, por fallas en el CEN del PRI, había sido detectada por el gobernador electo (indicaba que la facturación había sido mal realizada, con facturas casi simultáneas, que evidenciaban el desvío de fondos), derivado a su vez de personal de la propia Secretaría de Educación del estado, quien observó dichas irregularidades en la facturación realizada por el titular de la Secretaría de Educación”.

El ex gobernador César Duarte ordenó que se pusieran en orden las operaciones y Ricardo Yáñez le aseguró que ya habían sido blindadas y que habían quedado a prueba de auditorías.

“(La) operación había quedado bien blindada y a prueba de auditorías, toda vez que se cubrieron los requerimientos que justificaban la aplicación de dichos recursos cuyo destino, ya se sabe, tuvo un destino diferente”.

El blindaje contra auditorias no protegió a Ricardo Yáñez que terminó acusado de peculado y fue sentenciado a 4 años de cárcel.

Crédito de la foto Enfoque Noticias